LUMA alega que multarlos sería un acto "caprichoso"

LUMA Energy insistió ayer -mediante una moción ante el Negociado de Energía- en que le apruebe la transferencia de los $21 millones que estaban destinados para gastos operacionales y que el consorcio utilizó para mejoras capitales. LUMA expuso que sería “arbitrario y caprichoso” que el negociado le imponga una multa de $25,000 diarios por solicitar esta enmienda al presupuesto de manera retroactiva, alegando que el negociado no había establecido reglas claras sobre los procedimientos hasta culminado el año fiscal. La controversia comenzó a subir de tono tras la moción, del 11 de noviembre de 2022, en la que el negociado le denegó a LUMA el cambio al presupuesto, por entender que se había realizado fuera de fecha y sin seguir las reglas establecidas. El 23 de noviembre, LUMA solicitó la reconsideración, pero el 14 de diciembre, el negociado volvió a denegar la solicitud y les pidió que demostraran causa de por qué no los deben multar. LUMA reclama que las reglas que el negociado impuso para solicitar enmiendas al presupuesto se establecieron, el 3 de agosto de 2022, un mes después de culminado el año fiscal, y que al hacerlo interfieren con el derecho a un “debido proceso administrativo”, que enfatizan debe cumplirse con “respeto y dignidad”. “LUMA manifiesta respetuosamente que la imposición de una multa a LUMA y la denegación de la Solicitud de Modificación Presupuestaria en base a normas reglamentarias y limitaciones adoptadas inicialmente, el 3 de agosto, mediante una orden y que este Negociado de Energía desarrolló aún más en (otra) orden, del 14 de diciembre, sería una determinación arbitraria y caprichosa que sanciona a LUMA por acciones emprendidas en un momento en que este Negociado de Energía no había adoptado reglas o limitaciones sobre la oportunidad, circunstancias y justificaciones para que LUMA promueva una modificación de un presupuesto aprobado”, comunicó el consorcio en el documento. “La imposición de limitaciones reglamentarias ex post facto afecta la capacidad de LUMA para realizar negocios, operar el sistema de (transmisión y distribución), invertir en proyectos de mejoras capital y lograr hitos importantes para remediar el sistema, según lo requiere contrato de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico y la política pública, además de que es contrario a los requisitos de un debido proceso con notificaciones adecuadas, confianza razonable y respeto por las expectativas establecidas”, agrega la moción. LUMA admitió en la moción que sus presupuestos tienen como base estimados, en vez de números finales, y culpó al sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) porque la información se registra de forma manual y no automatizada, lo que aseguran atrasa los procesos y requiere de múltiples verificaciones. También culpó a los contratistas porque entregan tarde las facturas, y alegó que todos estos factores le impiden tener al día los gastos y tuvieron que pedir ajustes luego de culminado el año fiscal. Para resolver los problemas con los presupuestos estimados, el consorcio sometió un plan remediativo que estaría listo entre abril y junio de 2025, exponen en la moción. “Antes de concluir los procesos de fin de año, LUMA no estaba razonablemente en condiciones de determinar si era necesario solicitar una nueva modificación de los presupuestos del año fiscal 2022 para conformarlos al gasto real. LUMA solicita así que este Negociado de Energía deje vacante la denegación de la solicitud de modificación del presupuesto y declinación de imponer una multa”, indica la moción. Otro argumento que presentó el consorcio es que los procesos de contabilidad de fin de año se realizan una vez culminado ese periodo, lo que sostiene “es una práctica estándar”. Enmiendas al presupuesto En el recuento cronológico que hace LUMA se establece que, el 16 de julio de 2021, solicitaron la primera enmienda al presupuesto para que se ajustara al plan fiscal que aprobó la Junta de Control Fiscal. Casi un año después, el 6 de junio de 2022, LUMA pidió la segunda enmienda al presupuesto para sacar $47 millones de la partida de mejoras capitales con fondos no federales y transferirlos a los gastos operacionales. El 28 de octubre de 2022, el consorcio notificó que se disponía a pedir la tercera enmienda al presupuesto del año fiscal 2022 y sometió la petición, el 2 de noviembre de 2022. Según el relato de LUMA, cuando pidió $47 millones para gastos operacionales se dieron cuenta de que solo usaron $26 millones, y querían devolver a la partida de mejoras capitales con fondos no federales, el resto de los $21 millones. “Debido a que la orden, del 3 de agosto, se emitió después del cierre del año fiscal 2022, no es justo ni razonable que LUMA interprete que (esa orden) estableció reglas que se aplicarían retroactivamente”, argumentó el consorcio, citando casos judiciales resueltos por foros estatales y federales en los que hay precedentes sobre este asunto. LUMA sostuvo que “refutar todas y cada una de las preocupaciones sobre gastos imprudentes que podrían perjudicar a los clientes” y aunque “aprecia” que el negociado tenga como objetivo evitar “prácticas previas” que pudieran haber expuesto a los clientes a asumir la carga de los costos del gasto, “ese escenario no es ni remotamente” el que se presenta ahora. En esta moción, LUMA alega también que nunca se salió del presupuesto aunque todavía no está claro cómo resolvió el déficit acumulado de $20 millones en su primer año fiscal. La partida original de gastos operacionales tenía asignada un presupuesto de $525 millones, y en agosto de 2022, se transfirieron $47 millones, pero para noviembre de 2022, LUMA había utilizado $551 millones. De estas transacciones salen los $21 millones que LUMA quiere devolver al área de mejoras capitales.