María deja a más de 100 presos libres...

Alberto García Merced, el hombre acusado de golpear en junio pasado a Sherly Ann Goire Ávila hasta provocarle lesiones que la dejaron cuadripléjica, salió a la libre comunidad el pasado 5 de enero, luego que pasara el término de seis meses sin que se completara el juicio en su contra. García Merced había sido arrestado y puesto tras las rejas en julio pasado luego que la jueza Jessica Morales Correa del tribunal de Bayamón encontrara causa para arresto en su contra por agresión agravada, por violación de la Ley 54 de violencia doméstica, y por violar una orden de protección al tratar de comunicarse con Goire Ávila; le fijó $500,000 de fianza, la que no prestó. Posteriormente, en el mismo mes de julio, la jueza Sariely Rosado Fernández del Tribunal de Bayamón halló causa para juicio en su contra. Sin embargo, el juicio se pautó para septiembre cuando la Isla fue azotada por los huracanes Irma y María, y el proceso se dilató lo suficiente como para permitir que pasara el término de seis meses de detención preventiva, según dicta la Constitución. El caso de García Merced es apenas uno de los cientos de sumariados que podrían haber salido a la calle en días recientes. Según datos de la Administración de Tribunales, al 4 de enero, al menos 105 sumariados presentaron solicitudes de habeas corpus para ser excarcelados, entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre pasados, periodo en que las operaciones de los tribunales y todo el sistema judicial se vieron seriamente afectadas por el desastre causado por los huracanes Irma y María. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, de hecho, atendió recientemente uno de esos casos que pedía la excarcelación, y se pronunció respecto a la controversia sobre si el derecho establecido en la Constitución estaba por encima de la situación de fuerza mayor creada por Irma y María. Su fallo fue en favor del derecho constitucional a que la detención preventiva no exceda los seis meses. En su decisión emitida el 4 de enero, la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez y los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones de conformidad. Los jueces asociados Edgardo Rivera García y Mildred Pabón Charneco se unieron a la mayoría en conformidad aunque sin emitir voto particular. La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente a la cual se unieron los jueces asociados Rafael Martínez Torres, Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintón. El juez asociado Martínez Torres emitió además una opinión disidente. La decisión del Supremo no fija un precedente, como lo haría una opinión. Sin embargo, “tiene un alto valor persuasivo para los jueces”, explicó el licenciado Alejandro Torres Rivera, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y quien comparte la opinión mayoritaria. “En Puerto Rico existe el derecho constitucional a que una persona no permanezca presa sin que se le celebre juicio por más de seis meses. Ese mandato constitucional es bien claro, es absoluto, sin margen a dudas. Es un mandato que es un contrarrefuerzo en la medida que también existe un derecho a la fianza. Si la fianza es una garantía de que el acusado comparezca a juicio, en esos seis meses se pueden dar procesos que la persona imputada de delito, que aún se presume inocente, pueda pagar esa fianza o se le reduzca”, argumentó. “Por un huracán, no se puede flexibilizar ese derecho. Los que redactaron la Constitución sabían que por aquí pasaban huracanes y su redacción estuvo precedida por dos huracanes fuertes. Si hubiese sido un elemento a considerar, lo hubiesen reflejado de alguna forma. Y si se quisiera cambiar tendría que hacerse un referéndum para enmendar la Constitución”, insistió el abogado. Para muchas víctimas del crimen, sin embargo, esas excarcelaciones suponen un desasosiego. La familia de Goire Ávila, por ejemplo, recibió la semana pasada la noticia de que su presunto agresor saldría a la calle. “A mi hija la estuvieron llamando la semana pasada. Le habían dicho que lo tenían que dejar salir”, confirmó Irma Ávila, mamá de Goire Ávila. “No nos dieron ninguna instrucción adicional. Solo le preguntaron a qué distancia estaba de él. Dijo que a cinco minutos. Supuestamente lo iban a mandar entonces a otro pueblo”, agregó la madre, con tono de frustración, denunciando que “hemos visto el caso dilatándose bastante, es algo que no esperábamos”. No obstante, Ávila se mostró con suficiente esperanza en la justicia. “Estamos ansiosos de cerrar esa página en nuestras vidas, y que ella reciba la justicia que merece”, dijo. Aunque García Merced está en la calle, el Departamento de Corrección y Rehabilitación aclaró que salió bajo estrictas imposiciones que incluyen un grillete electrónico y la prohibición de salir de su hogar sin solicitar y obtener permiso previo. Opiniones divididas En su decisión reciente sobre esta controversia, los jueces del Supremo dieron opiniones encontradas. La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez afirmó que “un acto inevitable de la naturaleza no se puede utilizar para justificar que a un individuo, al cual todavía no se le ha probado ningún delito, se le prive de su libertad por un término mayor (a seis meses)”. El juez asociado Luis Estrella Martínez opinó que “el término máximo en que el Estado puede mantener a un imputado detenido en forma preventiva es, sencillamente, improrrogable. No tiene excepción”. La jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez opinó que “las consecuencias... de los huracanes Irma y María privaron al Ministerio Público de los mecanismos… para asegurar ese delicado balance entre los derechos de los imputados de delito y la protección a la seguridad de la ciudadanía en general”. El juez asociado Rafael Martínez Torres consideró que “parece que con los vientos huracanados el sentido común se fue volando también. Ojalá lo encontremos de nuevo, aunque sea debajo de los escombros que esta decisión nos deje”.