Misterios rodean la transacción de la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus

Una densa neblina continuaba rodeando ayer la manera en que un grupo de burócratas en el Departamento de Salud logró que, en medio de la emergencia del coronavirus, se erogaran más de $40 millones en fondos públicos para comprar pruebas rápidas de detección de esa enfermedad a dos empresarios sin ninguna experiencia en el campo de productos médicos, pero con estrechos vínculos al Partido Nuevo Progresista (PNP). La gobernadora Wanda Vázquez dijo tarde el domingo que ella no tiene ninguna relación con los contratistas agraciados ni participó de ninguna manera en la transacción, de la que responsabilizó únicamente al Departamento de Salud, aunque realmente involucra a otras tres agencias: el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), que fue el que compró $38 millones en pruebas cuyo uso no había sido autorizado por el gobierno de Estados Unidos; la Administración de Servicios Generales (ASG), que fue el enlace con al menos uno de los contratistas; y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que autorizó al erogación de los fondos. Pero el portavoz de La Fortaleza, Osvaldo Soto, no contestó ayer la pregunta de quién, si alguien, autorizó o estaba al tanto de la monumental transacción en la mansión ejecutiva. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dijo que nunca se le informó del gasto, como es obligado tratándose de un monto mayor a $10 millones, declaró por tal razón nulos los contratos y pidió que el dinero sea devuelto. Y la directora de la OGP, Iris Santos, quien autorizó el uso de los fondos, dijo ayer que su rol se limita a certificar que el dinero está disponible, no a evaluar la calidad de los suplidores de servicios o productos que las demás agencias eligen y que tampoco dio cuenta de la enorme erogación a La Fortaleza. Quedaba ayer en el aire, entonces, la pregunta de cómo una transacción de esa magnitud y en circunstancias tan dudosas –los contratistas no tenían ninguna experiencia en este campo, vendieron las pruebas a Puerto Rico a un extraordinario sobreprecio y estas tampoco contaban con la autorización del gobierno de Estados Unidos para ser usadas aquí– pasó por toda la ciénaga burocrática del Estado Libre Asociado (ELA), al parecer, sin haber prendido ni una bombillita. El nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, quien no estaba en la agencia cuando se hicieron estos negocios, dijo que refirió a la División Legal a los funcionarios que participaron de la transacción para que se hagan los referidos que entienda pertinentes. Igualmente, confirmó que estas y otras transacciones son investigadas por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias del gobierno de Estados Unidos. Nada más se sabe, por el momento, del origen de esta transacción ni quién sabía de esta antes de que quedara expuesta en un reportaje difundido el domingo por la noche en la página web de El Nuevo Día. “Nosotros no somos responsables del proceso de compra de la agencia. La agencia tiene que, a su vez, hacer el debido proceso de evaluar que su suplidor cumpla con todas las especificaciones requeridas. Nosotros lo que hacemos es confirmar que los fondos están disponibles”, dijo la directora de OGP. José Burgos, comisionado del Nmead, sostuvo, por su parte, que él presumió que Adil Rosa, secretaria auxiliar de administración del Departamento de Salud, había verificado ya las compañías a las que proponía comprarles las pruebas rápidas. Rosa fue separada de su puesto y enviada de vuelta a la agencia en la que originalmente trabajaba, el Departamento de la Familia (DF), dijo González el domingo. Los contratos objeto de la controversia son, hasta ahora, tres. Uno fue firmado con Apex General Contractors, una pequeña empresa de construcción sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos que, el 26 de marzo, fue agraciada con un contrato de $38 millones para venderle un millón de pruebas rápidas a NMEAD, a $38 cada una. Los otros dos contratos fueron con 313 LLC, una empresa de tecnología y mantenimiento fundada en el 2018 y que unos días antes de venderle pruebas de coronavirus al Departamento de Salud cambió sus intereses corporativos al área médica, según consta en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. La empresa 313 LLC firmó dos contratos –el 20 y el 24 de marzo– para venderle 1,500 pruebas por $45 cada una y 100,000 por $36 cada una, a Salud, para un monto total de $3.6 millones. El contrato con Apex General Contractors fue cancelado el pasado viernes porque no cumplió con las fechas de entrega ni las pruebas estaban autorizadas por el gobierno federal para ser usadas en Puerto rioc. Ayer, el dueño de la empresa, Robert Rodríguez López, mostró evidencia de que el sábado devolvió los $19 millones que le habían adelantado para la compra, en una transferencia electrónica desde una cuenta suya en Oriental Bank a la cuenta del gobierno de Puerto Rico en el Banco Popular. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, confirmó que los $19 millones ya están de vuelta en la cuenta del gobierno de Puerto Rico. El monto de la ganancia Las pruebas compradas por 313 LLC están siendo distribuidas por el gobierno, pero el secretario González dijo que la agencia tuvo que invertir tiempo y recursos reetiquetándolas para poder usarlas y que cobrará lo invertido en eso a la empresa. Las pruebas que estas empresas le vendieron al gobierno a $36, $38 y $45 se consiguen en el mercado internacional hasta por menos de $10. Ninguno de los empresarios ha dicho cuánto invirtió en las pruebas. Ayer, por segundo día consecutivo, los portavoces de 313 LLC no estuvieron disponibles para entrevista. Ambas empresas han estado vinculadas a Grupo Lemus, una firma de consultores y cabilderos con estrechos vínculos a altas figuras del PNP. Rodríguez López, además, es un asiduo donante de políticos del PNP y su abogado, Juan Maldonado, quien le consiguió los contactos para el negocio de la venta del millón de pruebas, fue subsecretario de Transportación y Obras Públicas y director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) durante este gobierno. La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, dijo en una carta que envió ayer en la tarde a la gobernadora Vázquez que se enteró de estas transacciones a través de la prensa y la fustigó por no haberle informado como manda la ley Promesa, que da a la Junta el control sobre las finanzas de Puerto Rico, cuando se trata de transacciones que superan los $10 millones. “El gobierno no sometió los acuerdos para la compra de las mencionadas pruebas rápidas a la Junta. El hecho de que la Junta permita el uso de fondos de emergencia sin aprobación previa no significa que las compras hechas con esos fondos puedan hacerse sin cumplir con los procesos consistentes con la gobernanza fiscal, responsabilidad y controles internos”, dijo Jaresko en la carta a la gobernadora. “El estado de emergencia no es motivo para ignorar la gobernanza fiscal, la responsabilidad y los controles internos. Por el contrario, es especialmente durante tiempos que el gobierno debe continuar adhiriéndose a tales principios para construir y mantener la confianza de todos los interesados en el Estado Libre Asociado”, agregó Jaresko. Jaresko sostuvo que, por no haberse consultado las compras y violado así la disposición que obliga a buscar autorización del organismo para transacciones de más de $10 millones, los contratos son nulos, deben cancelarse y solicitar la devolución del dinero. No quedó claro si habiéndose cancelado desde la semana pasada el más grande de los contratos –el de $38 millones con Apex General Contractors–, la directriz aplica a las otras dos compras hechas a 313 LLC, cuyo monto por separado es de $3.6 millones. La diretora de OGP dijo ayer que haber pedido la autorización de la Junta correspondía a Salud.