Motín en cárcel juvenil destapa inclumplimiento del ELA con acuerdo federal

Un motín ocurrido el pasado 2 de julio en la institución correccional juvenil en Villalba y que requirió la intervención de la unidad de operaciones especiales, no fue documentado hasta que la monitora federal del caso de instituciones juveniles, Jessica Tandy, advino en conocimiento del incidente. Según Tandy, esta situación puso de manifiesto el incumplimiento del acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el pleito por violaciones a los derechos civiles de los ingresados a las cárceles juveniles. Sus expresiones surgieron durante una vista de status del caso ante el juez federal Gustavo Gelpí. Tandy denunció el continuo incumplimiento del Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ) con relación a la tardía radicación de reportes de incidentes violentos. El incidente se produjo cuando varios jóvenes quedaron desatendidos en un módulo de alto riesgo por un oficial que fue a buscar suministros de limpieza. Seis jóvenes prohibieron la entrada al módulo, cubrieron las cámaras de seguridad y crearon un motín. El incidente requirió la asistencia de la unidad de operaciones especiales y resultó en que varios jóvenes fueran rociados con gas pimienta. De acuerdo a Tandy, el incidente dejó múltiples preguntas sobre lo que ocurrió durante el tiempo en que el personal no pudo acceder al módulo. “No solo no se notificó al monitor manualmente de este evento, sino que tampoco se realizó ningún reporte en el sistema en línea hasta la noche del 12 de julio e incluso, no se hizo ninguna conclusión, según lo establece la política a la Unidad de Investigación Interna del Departamento de Corrección y Rehabilitación con respecto al posible descuido institucional con respecto a la situación”, expuso Tandy en una moción sobre este asunto y que fue desellada ayer. El reporte no fue efectuado hasta después que la monitora supo del evento. “El hecho de no informar esto para una investigación interna deja abiertas aún más preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas. No se puede dejar de enfatizar el potencial de daño extremo para los jóvenes y/o el personal en situaciones como esta”, expuso Tandy. Asimismo, destacó en su moción que solo el 40% de los incidentes son documentados en informes a tiempo. El pasado 17 de julio, Tandy solicitó la celebración de una vista de status de emergencia sobre este asunto. “El problema grande del control de calidad, no creo que el gobierno pueda alguna vez cerrar este caso hasta que puedan arreglarlo sustancialmente, identificar y entender los requerimientos y corregirlos”, apuntó Tandy durante la vista. Pide más cámaras de seguridad Tandy insistió en la necesidad de la instalación de cámaras de seguridad en áreas en que aún constituyen un punto ciego. Mientras que el fiscal Richard Goemann, del Departamento de Justicia federal, expresó su preocupación por la dilación en la radicación de informes digitales sobre los incidentes ocurridos en las instalaciones juveniles. Goemann concurrió con Tandy en la necesidad de la instalación de cámaras de seguridad en áreas que constituyen los puntos ciegos. Por su parte, la representante del gobierno de Puerto Rico, Arlene Pérez Borrero, aseguró que el sistema digital para reportar los incidentes fue implantando. “El sistema está implantado, no es perfecto, pero se está trabajando”, expresó Pérez Borrero. Destacó que el gobierno está tomando las medidas para atender las preocupaciones de la monitora. A estos fines, comentó que se asignó a un oficial a la Oficina de Seguridad del Programa Juvenil para ayudar en la revisión de los videos relacionados con los incidentes. También mencionó que se efectuaron adiestramientos para los supervisores de turno oficiales de cumplimiento sobre el proceso para completar el reporte electrónico de incidentes. Respecto a la Oficina de Tecnología de Información, Pérez Borrero dijo que trabaja en una actualización de la programación del informe electrónico de incidentes para abordar las inquietudes de la monitora. Por su parte, Gelpí expresó que ha notado unos cambios positivos con relación a este caso y ordenó al ELA a proveer la información solicitada por Tandy. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó en el 1994 al ELA por alegadas violaciones a los derechos de los ingresados en las instituciones juveniles.