Muchas dudas con la certificación de instalación de los "car seats"

Confusión, preocupación y temor de que se convierta “en otro AutoExpreso” es lo que reina entre la ciudadanía con la nueva ley que impone multas de $100 a los conductores que transporten infantes y niños en asientos protectores que no hayan sido certificados por el Cuerpo de Bomberos. La reglamentación entraría en vigor el primero de octubre próximo, pero ante los reclamos de la gente el gobernador Ricardo Rosselló le ordenó ayer al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a extender por seis meses la moratoria en las certificaciones. Primera Hora entrevistó ayer a madres, padres y abuelos con niños que disfrutaban un paseo dominguero en el Parque Luis Muñoz Rivera y aunque algunos avalaron la intención de la ley de procurar la seguridad y el bienestar de los pequeños, muchos de los encuestados coincidieron en que el estatuto es complicado de manejar y que ha faltado orientación al pueblo. Incluso, muy pocos contaban con la requerida certificación de bomberos. “La ley es buena, pero no debe ser implantada a la prisa porque caemos en lo del AutoExpreso. Caemos al mismo estrés de las multas, a la misma carga y ahí el pueblo se harta”, indicó Andrés Morales, residente de Cataño. “El pueblo está confundido y los bomberos no dan abasto. Lo que se podría formar es un bollete, cuando la gente abarrote las estaciones de bombas para ponerse al día con la ley”, dijo el hombre de 39 años vigilaba a su nieto en las chorreras. Dijo que no ha ido a certificarse aunque consideró la ley justa por entender que muchas veces “uno tiene desconocimiento de cómo amarrar un car seat y creo que es algo que se está pensando en los niños, no en nosotros”. Morales dijo sin embargo, que no considera las multas “justas” porque “ahora mismo el pueblo no está bien orientado”. Añadió que no sería “justo” que se imponga una multa a un familiar, que por ejemplo, lo ayude a él recogiéndole “el nene en el carro mío que está certificado”. María Hernández, una ama de casa de Las Piedras, madre de dos niñas de uno y dos añitos no opinó si la multa es razonable o no, pero subrayó que si le ocurriera una emergencia y sus familiares tienen que recogerle a sus dos niñas, serían multados con $200. “Yo tengo la certificación, pero creo que es injusto porque tenemos tres carros y tenemos que estar certificando todos esos vehículos y en cualquier emergencia si un familiar viene a buscar a mis hijos y no tienen la certificación, es injusto que sean multados”, sostuvo. El hojalatero Eduardo Meléndez, otro residente de Las Piedras, que también cuenta con la certificación, opinó sin embargo, que las multas son necesarias para que la ciudadanía cobre conciencia de la importancia del uso correcto del asiento protector para la seguridad de los niños. No obstante, hizo la salvedad de que la gente no conoce la ley. “Deberían darle break a la persona o como cuando uno le va a dar pon a alguien y uno no tiene el car seat certificado, pues no creo justo que deberían dar multas por eso”, sostuvo Meléndez, quien dijo que por la mañana lleva a la bebé a cuidar y a la grande, de 10 años a la escuela. Pero, Ignacio Monsalve, un español que reside en Puerto Rico hace 18 años, catalogó la ley como un absurdo. El hombre que labora como asesor empresarial y su esposa, Sandra Trujillo, paseaban por el parque con sus dos hijas de 16 meses y tres años. “Mis car seats están perfectamente instalados, yo soy el que, como padre, me quiero asegurar de que estén bien instalados, pero ahora pretender que todo el mundo pase por los Bomberos a obtener una certificación que no tiene ningún sentido, es una medida para sobre regular lo que ya estaba regulado. Es una complicación adicional para los padres que no va a traer ningún beneficio”, expresó Monsalve, quien entiende que lo hace falta es orientación sobre el uso del asiento protector. Dijo incluso, que él se ha ofrecido para ayudar a padres en la instalación correcta de estos asientos de seguridad. “Si a los padres se les va a estar penalizando con $100 creo que es ridículo. No tiene ningún sentido que pretendan ahora que un millón y pico de personas vayan a los parques de bomberos a certificar algo que no va a aportar ninguna seguridad. Yo no lo he hecho, en algún momento pretendía hacerlo, pero tengo la seguridad de que no a proporcionar una seguridad adicional para mis hijos”, sentenció. Su esposa, la colombiana Sandra Trujillo dijo que le parece absurdo que la certificación no sea por vehículo, sino por personas. “Es importante proteger a los niños. Si es por la seguridad de los niños, vale la pena que los papás vayan a Bomberos a instalar los car seats porque no todo el mundo los instala bien, pero otra cosa es lo de las multas que me parece absurdo y muy difícil controlarlo”, sostuvo. “Esa ley es una barrabasada”, soltó Delfín Vázquez, quién junto a su esposa, Migdalia Barreto, supervisaban a uno de sus dos nietos que corría en triciclo. “Yo tengo dos car seats en mi guagua, mi esposa tiene dos car seats en su guagua, mi hijo tiene dos car seats en su guagua y mi nuera tiene dos car seats en su guagua. Es horrible hay que certificar a medio mundo. El que hizo esta ley o no ha tenido hijos”, opinó Vázquez. El comerciante dijo que por lo que ha leído la ley “tiene cosas incongruentes” y confesó “en honor a la verdad” que no ha ido todavía a obtener la certificación de Bomberos, aunque aseguró que nunca ha sido multado “ni por un no pise la grama”. “Nosotros somos los que recogemos los niños al cuido todos los días. O mi esposo o yo. y es un problema realmente eso que nos están imponiendo porque nosotros siempre hemos sido responsables. Desde que ellos nacieron cada cual tiene car seat y ni siquiera los estamos cambiando de carro en carro. Él tiene dos car seats en su guagua y yo tengo dos más en la mía, y ahora otra penalidad más”, dijo su esposa, Migdalia Barreto. “Esto se pasa de castaño oscuro y ni hablemos del AutoExpreso. Yo teniendo $30.00 de carga me sale que pasé peajes que no pagué. Ya este país a pesar de que es el que uno ama porque nació en él, le están haciendo la vida imposible al ciudadano”, comentó Barreto, quien labora como bibliotecaria en la Universidad de Puerto Rico.