Puerto Rico 07 agosto 2018

"Nadie está por encima de la ley"

Alcaldesa capitalina dice que ha implementado varias medidas anticorrupción en el área de compras

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, afirmó ayer que la única información que ha recibido sobre supuestas irregularidades en la división de compras y subastas del municipio es “por las fuentes de los periódicos”, mientras enumeró una serie de medidas que han tomado para despejar las dudas.

“Lo que sé lo sé por ustedes (la prensa)”, aseguró a preguntas de este diario.

El exdirector auxiliar de esa división, Emanuel Cantres Carmona, expresó recientemente en su carta de renuncia al puesto de director de la Brigada de Impacto que la alcaldesa ordenó efectuar una pesquisa sobre las referidas denuncias al entonces vicealcalde Rafael Jaume, quien también dimitió en una fecha cercana.

La ejecutiva municipal evadió contestar categóricamente a EL VOCERO si había tomado medidas cautelares con el secretario de la Torre Municipal, Magdiel Pérez, a quien se menciona como la persona que buscaba favorecer a la empresa BR Solutions. Esta alegación forma parte de una demanda presentada por la abogada Yadira Molina, exdirectora de compras y subastas del ayuntamiento, que fue revelada en exclusiva por este medio.

Asimismo, este rotativo reseñó que para proteger a Pérez comenzó un supuesto movimiento de destrucción de documentos, según una empleada testigo de los hechos. EL VOCERO tiene los nombres de los empleados que participaron de esa presunta acción.

“En el municipio de San Juan nadie está por encima de la ley y todo lo que se hace se tiene que hacer legal”, dijo la alcaldesa, cuya frase fue completada por empleados municipales que corearon que también debía ser “moral y ético”. Esto ocurrió en la conferencia de prensa en que Cruz anunció un proyecto educativo para jóvenes del sector Playita,

Molina sostuvo en su demanda que fue objeto de presuntas represalias tras informar supuestos actos de corrupción para favorecer a empresas en los procesos de subasta. Decía que le solicitaban órdenes de compra a último minuto, lo que provocaba que se inflaran los precios de los “suplidores preferidos”, que eran los únicos que podían cumplir con el corto plazo.

“Tuve una reunión, tal como dijo la persona en el artículo (de EL VOCERO). Allí estaba presente la directora de subastas y yo le dije a los empleados que cualquier persona que tuviese alguna situación que quisiera referir, no tenía que venir directamente adonde mí; que fuera adonde la directora de auditoría”, contó Cruz. Inmediatamente, agregó: “Al día de hoy nadie ha ido”.

Indicó que se han tomado medidas para despejar toda duda de corrupción o de falta de transparencia como transmitir las reuniones de subastas por internet y subir electrónicamente los expedientes. También dijo que “aunque no es ilegal, hemos eliminado en su gran mayoría los brokers”.

Mencionó que, además, se ha pedido a todo el personal de compras que haga informes de ética ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Sobre la intervención de la Oficina del Contralor, señaló que ellos tienen “una oficina en la misma Torre Municipal. Desde que yo soy alcaldesa, ellos han desarrollado interés particular por el municipio y han hecho nido allí haciendo auditorías que hasta corresponden al alcalde anterior”.

Apelará caso de presunto hostigamiento

La alcaldesa dio a conocer, a modo de ejemplo de las acciones correctivas que ha tomado, que el municipio despidió al inspector con el tercer rango más alto en la Policía Municipal por compartir un vídeo pornográfico en un chat creado para comunicarse con compañeros de trabajo.

La querella fue presentada por una subalterna de la Policía Municipal, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cuando ocurrieron los hechos. El entonces comisionado de la Policía, Guillermo Calixto, desarmó al inspector y más adelante se le despidió.

Sin embargo, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA) determinó que aunque el oficial “observó una conducta desordenada en detrimento de la Policía Municipal”, la destitución no era apropiada, sino que correspondía una suspensión de tres meses.

“Yo voy a seguir hasta la Corte Suprema de Puerto Rico y que la corte de este país le diga a las mujeres del municipio de San Juan que si un hombre comete un acto de hostigamiento sexual, es la corte quien obliga a la alcaldesa de San Juan a decirles a las mujeres del municipio de San Juan: ‘No te preocupes, mija... fue una vez na’ más’”, abundó Cruz.

Fuente: elvocero.com

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