La falta de visibilidad de las convocatorias para las subastas de obras en los municipios, los términos de pago ante el alza en los costos, más la necesidad de mano de obra, ha reducido la cantidad de licitadores para los proyectos en los pueblos, confirmaron representantes del sector de la construcción.
Parte de la situación ha provocado que contratistas opten por buscar proyectos en el sector privado y que algunos municipios se queden con las convocatorias de subastas desiertas, por lo que las alcaldías tienen que volver a convocar, según alcaldes entrevistados por EL VOCERO.
El ingeniero Emilio Colón Zavala, presidente de la desarrolladora ECZ Group, dijo que “es complejo enterarse de las subastas”, y a esto añadió que una las razones por las cuales algunas quedan desiertas pueden incluir las reglas establecidas, las limitaciones de recursos de la empresa para participar, como es la mano de obra, y destacó los términos de pago.
“Porque uno está pendiente a la prensa, pero a lo mejor si hubiese un portal como el que tiene la Administración de Servicios Generales (ASG), a uno se le podría hacer más fácil enterarse y participar. El portal de ASG lo que tiene es lo del gobierno central”, señaló Colón Zaavala, y dijo que “algunos municipios usan las asociaciones para mandar sus anuncios”.
“Hay subastas que publica el municipio y muchos de ellos nos comparten ese anuncio de subasta y la publicamos en nuestro portal de transparencia para que más contratistas se enteren, pero sabemos que hay casos en los que la primera subasta queda desierta y han tenido que sacar una segunda o tercera, con los gastos que conlleva”, indicó Laboy.
Alcaldes como el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, y el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, han dicho a este medio que algunos ayuntamientos han experimentado atrasos en la adjudicación de subastas y en el desarrollo de las obras.
Como uno de los requisitos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) es la competitividad abierta, el COR3 orienta a los municipios sobre los requisitos federales para que logre adjudicarse. En el caso de que solo licite una compañía, se le orienta al municipio que tiene que probar que promovió la subasta abiertamente, que corrió la subasta según las reglas y la razonabilidad de los costos que propone el contratista. “Si se cumple eso, el municipio pudiese documentar la petición”, dijo Laboy.
El atraso en pagos
Mientras, los entrevistados también indicaron que el atraso en los pagos además hace que muchos contratistas se alejen y busquen trabajos fuera de los municipios. Sobre esto, el ingeniero Carlos Rodríguez Herrera, presidente de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico, indicó que “históricamente los municipios no han provisto una certeza de pago, y el contratista tiene la opción de dónde va a prestar sus servicios porque es donde se siente con seguridad y las condiciones contractuales para que la parte financiera del proyecto sea adecuada”.
Esto se ha agravado debido a la inflación y al alza en costos, una situación que han reconocido los alcaldes y han expresado públicamente que FEMA revise las asignaciones presupuestarias para obras de reconstrucción en los municipios.
“Hay que garantizar los términos de pago y la agilidad en la revisión de las facturas, para que se desembolse el dinero rápido. Hay tanto trabajo que vas a escoger tus mejores cartas, por lo que la agilidad del municipio es importante, y así los contratistas participarían” en las subastas, apuntó Di Mari Monserrate.
La posición de Laboy es que el asunto del pago es atendido por COR3 desde la aprobación, el año pasado, del Working Capital Advance, mediante el cual el municipio puede pedir el 25% del costo del proyecto por adelantado para ir pagando a los contratistas, y luego otro 25%, lo que ha ayudado a mover las obras.
“No se ha paralizado la reconstrucción, seguimos viento en popa porque hay mecanismos para que se continúe, pero el tema de la inflación tiene un riesgo de impacto a mediano o largo plazo, y por eso, a través del gobernador, la Oficina de Asuntos Federales en Washington y el COR3 le ha presentado peticiones a FEMA y al Congreso para que revisen y hagan un ajuste único a estos proyectos que se obligaron previo a la pandemia y la guerra”, dijo Laboy. FEMA confirmó por escrito a EL VOCERO que han recibido las peticiones del gobierno.
Poco personal para trabajar
De acuerdo con estimados de FEMA, se necesitarían unos 89,000 empleados de la construcción para poder acometer todos los trabajos de reconstrucción, pero la realidad es que, en estos momentos, las cifras de trabajadores en este renglón fluctúan entre 24,700 y 35,000, según indicaron varios de los entrevistados.
Colón Zavala explicó que “las ayudas gubernamentales a personas de escasos y medianos recursos están sujetas al límite de ingreso, y las personas que, si gana más de lo estipulado, empiezan a perder los beneficios y no se arriesgan. Ha habido aumentos en salario, y si no hay una manera de hacer una transición para que salgan de la ayuda”. Señaló que los trabajadores se dan cuenta de que la ayuda y el salario anterior es más de lo que se gana con salarios nuevos más altos y “no van a trabajar”.
Por su parte, Rodríguez Herrera indicó que “la escasez en mano de obra, y ahora con el resurgimiento tan rápido de todos estos proyectos, hay una diferencia entre la oferta y la demanda y está pasando esta situación. Si todos los proyectos salen a la vez, la industria no podrá absorber toda la demanda en un corto periodo de tiempo”.
Según Di Mari Monserrate, “estamos trabajando diferentes iniciativas, como alianzas con organizaciones sin fines de lucro para capacitar a la gente de aquí para trabajar en la construcción”.
Además, Laboy señaló que el gobierno ha autorizado aumentos, además de la iniciativa de crédito por trabajo a través del Departamento de Hacienda, acuden a escuelas vocacionales y organizan ferias de empleo alrededor de la Isla para capacitar a las personas para que puedan trabajar en este rubro.
En el saldo de todos proyectos, Laboy dijo que hay 2,600 proyectos en etapa de construcción por un valor de $1,377 millones, y otros 5,000 en distintas etapas del proceso de construcción –diseño, permisos, contratación o subasta- con un valor de $5,170 millones, según el último informe trimestral que someten las agencias, municipios y entidades sin fines de lucro a través de sistema digital del COR3.
FUENTE: elvocero.com