No recortar las pensiones costará $1,900 millones a los contribuyentes

La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de no recortar las pensiones le costará a los contribuyentes unos $1,900 millones al cabo de unas dos décadas, según los testimonios de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, y la ejecutiva de Ernst & Young (EY), Sheva R. Levy y admitidos por la jueza de distrito federal, Laura Taylor Swain, durante el tercer día de las vistas de confirmación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. Pero ese impacto, a cubrirse de los recaudos que lleguen al Fondo General, no será el único costo que asumirá Puerto Rico de confirmarse el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central. Esto, porque aparte del efectivo que recibirán bonistas y otros acreedores, de la emisión de nuevos bonos para intercambiar la deuda vigente y de la emisión del Instrumento de Valor Contingente (CVI), un mecanismo que permitirá a los bonistas recibir pagos adicionales si la economía mejora, la JSF reveló que para implementar el PDA será necesario echar a un lado sobre 50 leyes vigentes e incluso, partes de la Constitución de Puerto Rico para que la ley federal Promesa ocupe el estado de derecho. Según los testimonios de Jaresko y Levy, a raíz de la Ley 53 de 2021 y en promedio, el gobierno tendrá que separar cada año unos $68 millones adicionales para el pago de las pensiones, lo que tendrá el efecto de adelantar el déficit presupuestario que la JSF ya ha proyectado en el plan fiscal. Ese déficit, de acuerdo con un tercer testimonio de Gaurav Malhotra, socio principal que lidera la Práctica de Reestructuración de EY, firma que asesora a la JSF, alcanzaría $2,100 millones para el año 2035. La ley 53 de 2021 -antes el proyecto cameral 1003- es el estatuto que luego de semanas de pujas, la Legislatura aprobó y el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley el mes pasado para que la JSF complete la reestructuración de la deuda pública del gobierno central. Ello, a cambio de que no haya recortes en las pensiones de los ya retirados del sector público. Cortapisa al gobierno Ante la situación, cuando la JSF enmendó el PDA para eliminar el recorte de las pensiones, determinó que el gobierno tendrá que aportar más dinero de su presupuesto a la reserva para el pago de pensiones. De confirmarse el PDA, este fondo se crearía como parte de un acuerdo entre la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR). Según el “octavo PDA modificado”, si el gobierno recibe recaudos adicionales a las proyecciones, tendrá que aportar a la reserva la cuantía inicial de $175 millones pactada con el COR más una cantidad, no precisada, que dependerá de una fórmula particular. Como resultado, por los próximos 10 años y aunque pueda recibir fondos adicionales (sea por mejores recaudos o fondos federales en programas como Medicaid), a lo sumo, el gobierno solo dispondría de unos $200 millones para gastos discrecionales en el presupuesto. Estas consideraciones y otras quedaron establecidas ayer cuando a pedidos de la JSF, Swain admitió como evidencia los testimonios de Jaresko, Levy, Malhotra, Steve Zelin, ejecutivo de PJT Partners y Ojas Shah, ejecutivo de McKinsey & Co. Jaresko en la silla de testigos Y en buena parte, estas condiciones también quedaron a la luz cuando el bonista individual Peter C. Hein interrogó a los testigos de la JSF. Hein postula por derecho propio y prácticamente ha quedado como el único objetor al PDA que impulsa la JSF. Esto, una vez el pasado lunes, la JSF pactó con US Bank National Association, los bonistas de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda del BGF (DRA, en inglés) y hasta los bancos de inversión que había demandado por su rol en la crisis fiscal de la isla. Todos ellos, en esencia, retiraron sus objeciones, una vez la JSF accedió a sus reclamos de tipo legal o económico. Durante la vista de este miércoles, la jueza Swain rechazó varias de sus objeciones, pero Hein no se amilanó. El abogado residente de Nueva Jersey y quien prestó dinero a Puerto Rico entre los años 2009 y 2012, no pudo convencer a Swain de que la declaración de Jaresko estaba plagada de conclusiones legales sin tener pericia o jurisdicción para ello. Pero al cuestionar a Jaresko acerca de cómo se fiscaliza el gasto del gobierno, logró establecer que la JSF no recibe los informes de asistencia de los empleados públicos hace por lo menos un año. También logró que Jaresko admitiera que para implementar el PDA, la JSF buscará dejar sin efecto al menos 50 leyes del gobierno de Puerto Rico, así como algunas secciones del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico serían “incompatibles” con Promesa, estatuto que prevalecerá en materia de deuda pública. “La sección 89.3 del PDA establece, entre otras cosas, que a la fecha de efectividad del plan, todas todas las leyes o porciones de las leyes de Puerto Rico, otras que no sean el presupuesto certificado por la JSF, que sean inconsistentes quedarán ocupadas por Promesa”, reza la declaración de Jaresko ante la jueza Swain. Pagos sin evidencia de gastos Al interrogar al testigo Zelin, que examinó cómo se distribuirá el efectivo disponible entre los distintos grupos de acreedores, Hein consiguió que el ejecutivo admitiera que, en el proceso de mediación, la JSF aceptó pagar ciertos honorarios a los abogados de los bonistas, el organismo fiscal aceptó pagar 1.5% o hasta $350 millones en compensaciones, pero los bonistas no tendrán que presentar evidencia de los gastos legales incurridos. Durante el interrogatorio a testigos, Hein también consiguió que el testigo Malhotra indicara que de confirmarse del PDA, el servicio a la deuda del gobierno central fluctuará entre $1,000 millones y $2,000 millones al año y que no se analizó este a la luz del servicio a la deuda que se pagaba antes del Título III y la liquidez actual del gobierno. Además, en el interrogatorio salió a relucir que el PDA también contempla pagar a los empleados públicos ciertos bonos de productividad si los recaudos exceden las proyecciones y se alcanzan ciertos objetivos funcionamiento de las agencias y ahorros por atrición. A preguntas de Hein, Malhotra aceptó que desconoce cuánto costará honrar ese compromiso hecho por la JSF. Sobre todo, cuando cuestionó a Oshas, ejecutivo de McKinsey & Co., Hein logró estipular que cuando la firma concluyó que el PDA es la mejor alternativa para los acreedores de Puerto Rico, ese ejercicio se hizo utilizando las cifras y premisas legales que hicieron otros asesores y la JSF y que, como consultor, nunca verificó de manera independiente, los supuestos que le fueron dados o su razonabilidad. Sin mayores escollos a la confirmación Aparte de Hein y ciertas cooperativas de ahorro y crédito de la isla existen otros opositores al PDA del gobierno central, pero son acreedores no asegurados que objetan particularmente el pago que recibirían como la aseguradora Mapfre, la procesadora de leche Suiza Dairy, Finca Matilde y Sucesión Pastor Mandry Mercado, entre otros. Así las cosas, pareciera que el proceso en curso resultará en la confirmación del PDA del gobierno central sin mayores contratiempos. Esa realidad, quedó plasmada ayer, cuando a pesar de que la jueza Swain adelantó que se reservaría el fallo del Título III hasta completar la vista para renegociar la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y aquella del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), otros abogados como Susheel Kirpalani, representante de la Coalición de Deuda Legítima (CDL), dijeron a Swain que interesaban hacer algunos cambios al borrador de la orden de confirmación que la jueza Swain emitiría. Ello, de concluir que el PDA es razonable, sostenible y en “el mejor interés de los acreedores”, según requiere Promesa. Ayer, antes de dar por terminada la sesión, Swain instó al abogado de la JSF, Brian S. Rosen, a que durante el cuarto día de la audiencia de confirmación, que será el viernes, 12 de noviembre, le ofrezca una idea de cuándo se presentarían los argumentos finales del caso.