Nueva era de juicios inicia con Pablo Casellas

El cambio que establece la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que da paso a la celebración de nuevos juicios a los convictos en procesos criminales por un jurado no unánime cuyos casos no sean finales y firmes ya tiene el primer nombre y apellido en Puerto Rico: Pablo Casellas. Ayer, con la celebración de la vista de fianza al ex corredor de seguros —como preámbulo al nuevo juicio aprobado por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones— se puso rostro a lo que ocurrirá por los próximos meses e incluso años con otros casos activos. El hecho de que este primer proceso elegible a nuevo juicio bajo la nueva jurisprudencia federal en el País sea un caso notorio levanta más reacciones a favor y en contra. Casellas fue encontrado culpable por un jurado que votó 11-1 y cumple una sentencia de 109 años por el asesinato de su esposa Carmen Paredes. Julio Fontanet, director del Proyecto Inocencia de la Universidad Interamericana, cuestionó el hecho de que Casellas tenga acceso a un nuevo juicio cuando hay otros convictos que no tendrán esta oportunidad debido a razones económicas. Sin embargo, está de acuerdo en que se debería celebrar un nuevo proceso judicial en los casos criminales que no sean con votación de 12-0. “Me preocupa que Casellas tenga el derecho a un nuevo juicio y que las personas que tengan una sentencia final y firme no”, estableció el letrado, al tiempo que destacó que en el caso específico de Casellas, tenía los recursos económicos para contratar abogados que pudieron continuar con el proceso de apelaciones y extenderlo por años. “El no aplicar la retroactividad en casos finales y firmes es un discrimen por razón de origen. Las personas con recursos económicos lo tienen, versus los que no lo tienen y no apelaron”, abundó Fontanet, quien esta semana participó en las vistas de la Cámara de Representantes, donde se evalúa un proyecto del Senado para que se aplique la retroactividad de la decisión del Supremo federal en casos criminales con veredictos finales y firmes. A su juicio, decenas de casos aplicarían de forma retroactiva. “Son muchos casos, pero no estamos hablando de miles”, dijo al tiempo en que resaltó que de lo contrario solo los finales y firmes serían 50, “como mucho”. El miércoles el Departamento de Justicia —que se opuso al proyecto de ley para la retroactividad— no pudo precisar la cantidad de casos que caerían bajo esta regla. De otro lado, la sicóloga social comunitaria Katherine Angueira repudió que Casellas tenga la oportunidad de un nuevo juicio y, a su vez, que la familia de la víctima tenga que revivir “el calvario” que esto significa. “Lo primero que debo es expresar mis condolencias a la familia que va a tener que pasar por esto nuevamente”, afirmó la defensora de los derechos de las víctimas de violación. “Me quedé de una pieza. Era surrealista ver cómo ahora van a abrir la puerta de la aplicación de la decisión a casos de asesinato de mujeres. Me hiere la sensibilidad”, agregó Angueira, quien se opuso en las vistas públicas a la retroactividad de este estatuto. “Con casos de asesinato, violación y secuestro de mujeres adelantan una causa en derecho. No se habla de los derechos de la víctima, son un accesorio para que se discuta un punto de derecho”, argumentó. Fianza de $2 millones A Casellas, la jueza Marta Rosario Santana, del Tribunal de Bayamón, le fijó ayer una fianza de $2 millones en este nuevo proceso judicial al que se enfrenta, como resultado de las implicaciones del caso federal Ramos v. Louisiana. La fianza corresponde a $1 millón por el artículo 106 del Código Penal —asesinato en primer grado—, $500,000 por el artículo 291 —destrucción de prueba— y otros $500,000 por el artículo 5.15 de la Ley de Armas. De pagar la suma, deberá cumplir ‘lockdown’ en la residencia del custodio y solo podrá salir para citas con el tribunal u otras gestiones que sean autorizadas previamente por la corte. “Tenemos que tomar en consideración ciertamente algo que destacó el abogado (Harry Padilla, de su equipo de defensa) y que surge del informe: es que el señor Casellas estuvo antes bajo el programa de servicios con antelación a juicio, y que cumplió con todas las condiciones impuestas por el tribunal y cumplió con la supervisión electrónica de la restricción domiciliaria... Tomamos también en consideración el hecho de que el Tribunal Supremo se ha expresado en otros casos que las fianzas no deben ser irrazonables, altas”, expuso la jueza. Además, Rosario Santana fijó para el 23 de junio, a las 10:00 a.m., una vista de estatus del caso por videoconferencia con la jueza Nerisvel Durán. Mientras que el nuevo juicio fue pautado para el 15 de julio. Las fiscales en el caso contra Casellas, Phoebe Isales y Janet Parra, solicitaron que se restableciera la fianza de $4 millones que le había sido impuesta en 2012. Argumentaron que debía proceder la misma fianza porque —debido a que se trataba de $4 millones— Casellas se vio en la obligación de cumplir con todas sus comparecencias ante el tribunal, también que el acusado tiene la capacidad económica para asumirla y que el nuevo juicio no invalida las etapas anteriores, incluyendo la vista de fianza. Por su parte, Padilla se opuso a estos planteamientos amparándose en que la fianza es un derecho constitucional, que debe ser razonable y que su cliente no incumplió con las comparecencias anteriores. En la solicitud de reconsideración a la jueza, Isales reiteró que la suma de $4 millones “no fue irrazonable y que a pesar del tiempo que ha pasado y la pérdida de (Salvador) Casellas (padre del convicto), los bienes se heredan”. Destacó que en ese momento se logró prestar el monto esa misma tarde. “Lo que plantean las compañeras (fiscales) de que la cantidad (de $4 millones) es justa, eso no es correcto. Esta cantidad se impuso en el año 2012, cuando estaba presente el juez (Salvador) Casellas. Quien tenía los recursos para prestar fianza era (Salvador) Casellas, no mi representando... la fianza tiene que ser razonable. Una fianza de $4 millones para tres cargos es irrazonable”, sentenció Padilla. En septiembre de 2012, Casellas pagó la millonaria fianza y quedó libre hasta su convicción. Hasta horas de la noche de ayer, Padilla no había informado si su cliente podría pagar los $2 millones ni quién sería su custodio. La vista para señalar fianza se llevó a cabo parcialmente en la Sala 501 del Centro Judicial de Bayamón, donde se encontraba la jueza. Casellas estuvo presente virtualmente desde la cárcel de Bayamón donde permanece recluido y su abogado argumentó desde su hogar. La vista no fue abierta al público ni a la prensa —que tuvo acceso a los procedimientos por medio de videoconferencia desde un salón del Tribunal de San Juan— debido a la pandemia de coronavirus. El nuevo juicio se da luego de que un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones local emitió una sentencia que dejó “sin efecto las sentencias condenatorias por los tres delitos graves y se ordena la celebración de un nuevo juicio”, amparándose en el dictamen del Supremo federal en el caso Ramos v. Louisiana. Casellas está tras las rejas desde el 22 de enero de 2014.