Obligan la comparecencia de la secretaria de Corrección Ana Escobar Pabón a una vista

En una orden emitida en la tarde de ayer en el caso de la reforma al Negociado de Instituciones Juveniles (NIJ), el juez federal Francisco Besosa indicó que la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, está obligada a asistir a una vista este jueves. La orden del tribunal para mostrar causa, presentada el pasado 24 de mayo, obedece al hecho de que el DCR ha incumplido con las directrices del tribunal en tres ocasiones en lo que va de año. Estas órdenes iban dirigidas a que se mantuviera notificada, con al menos dos semanas de anticipación, a la monitora federal Kimberly Tandy sobre cambios en posiciones de liderato dentro de la agencia. Además de tener que notificar los cambios de liderato, el DCR también tenía que proveer una justificación escrita que explicara por qué se implementaron los cambios de personal y asegurar que estos redundarán en mayor cumplimiento en las áreas del caso que quedan pendientes. En la mañana de ayer, la representante legal del DCR, Arlene Pérez Borrero, radicó una moción en la que reiteró que el incumplimiento se concretó porque ella falló en radicar el escrito correspondiente. También solicitó que, a la luz de un escrito informativo que presentó el domingo para cumplir con el requisito de justificar las razones detrás de los cambios de personal, se dejara a un lado la vista para mostrar causa. “Los demandados entienden que toda la información solicitada por este honorable tribunal ha sido sometida. La secretaria del DCR está comprometida con el cumplimiento de las estipulaciones y las órdenes en este caso”, reza la moción. Durante la tarde de ayer, el juez Besosa tomó nota del escrito, pero sentenció que la comparecencia de la secretaria de Corrección es requerida. Al igual que el caso de la reforma policial, Besosa heredó el de Instituciones Juveniles tras el ascenso del juez Gustavo Gelpí al Primer Circuito Apelativo en Boston. En su orden para mostrar causa, Besosa destacó que este caso lleva 28 años sin lograr cumplimiento sustancial en áreas críticas dirigidas a asegurar la protección de jóvenes transgresores confinados. “La continua deferencia de esta corte al DCR para que arreglen sus propios problemas mediante un liderazgo consistente y efectivo aún no ha resultado en la terminación exitosa de este caso”, reza la orden del juez federal. Revocarían nombramiento La orden para mostrar causa busca atender las dificultades crónicas que ha tenido el DCR para contratar personal nuevo y mitigar la falta de personal en las únicas dos instituciones penales juveniles que quedan en la Isla, ubicadas en Ponce y Villalba. Según había representado el DCR a la monitora federal en febrero, la agencia tenía 115 vacantes de oficiales de seguridad y estaba en proceso de llenar 81. No obstante, a finales de abril el tribunal ordenó que el DCR entregara a la monitora federal las credenciales y criterios de evaluación de cinco candidatos que tenían para llenar el cargo de gerente de programas. Sin embargo, el pasado 20 de mayo la secretaria informó su decisión a la monitora, quien dos días antes estaba entrevistando a los candidatos. Escobar Pabón falló en notificar su decisión con dos semanas de anticipación y tampoco proveyó una explicación sobre cómo las cualificaciones del designado gerente adelantarán el cumplimiento con la reforma. Por tanto, la funcionaria deberá explicar al tribunal las razones por las cuales no debería dejar sin efecto esa designación. “Este tribunal no le ha dictado al gobierno a quién puede contratar para llenar sus posiciones vacantes. Sin embargo, responsabilizará al gobierno de cumplir con aquellas órdenes relacionadas a la cooperación con la monitora y su equipo y las decisiones que son críticas para poner fin a este caso”, señala la orden de Besosa. En una moción informativa presentada el lunes, el DCR insiste en que la persona designada como gerente de programas tendrá a su cargo las obligaciones de cumplimiento que dispone la reforma. Pero, aunque reconoció que las cualificaciones del designado no están dirigidas específicamente a trabajar con jóvenes, aseguró que esta cuenta con los requisitos para adelantar la reforma de Instituciones Juveniles. “La persona seleccionada para la posición de gerente de programas tiene las cualificaciones para la posición y está comprometida con traer nuevas energías e implementar la visión que tiene la secretaria para los programas juveniles, para asegurar que a los jóvenes se les provean servicios dirigidos a la rehabilitación y la integración exitosa a la libre comunidad”, indica la moción de Pérez Borrero.