Puerto Rico 05 septiembre 2018

Ofensiva contra los grandes capos

El gobierno anuncia que irá a la caza de las personas que invierten millonarias sumas de dinero en el narcotráfico

Como estrategia para frenar el repunte criminal, el gobierno ha decidido dirigir sus cañones hacia las personas que financian la venta de drogas en las calles.

“No solamente es el criminal del negocio pequeño. La intención ahora es (dar) con quien está financiando ese negocio, quién es el que pone el dinero para traer la droga, porque para eso obviamente tiene que tener capacidad económica”, dijo el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, en una mesa redonda con medios de prensa escrita que fue convocada luego de un sangriento fin de semana largo que dejó el saldo de 12 asesinatos.

En este conversatorio participaron, además, el comisionado de la Policía, Henry Escalera y la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Precisamente, ante este ambiente de inseguridad, líderes comunitarios y funcionarios hicieron un llamado público al gobierno en la edición de ayer de EL VOCERO para reclamar mayores recursos para la Policía, así como darle un enfoque multisectorial a la lucha para detener el crimen.

Según Maldonado, el alza criminal en la Isla es “temporera” y se resuelve, en parte, quitándoles todo tipo de “incentivo” a las personas que están viviendo del bajo mundo. “Si le quitamos la capacidad económica, los activos que tienen, las casas, los carros lujosos y hasta las cadenas de oro que tienen y le hacemos un embargo contributivo, le podemos quitar el incentivo a cualquier persona a dedicarse a una actividad criminal”, sostuvo.

Indicó que actualmente, cuando la Policía interviene con personas en propiedades que son utilizadas como puntos de drogas, el gobierno le pone un gravamen contributivo porque no tenían de dónde justificar el ingreso.

“Si tenían un vehículo, ¿se recuerdan recientemente un Porsche que confiscamos? Si no tiene evidencia de dónde salió el dinero, se le quita. Esto significa que cualquier persona que se dedique a algo ilegal que al final del día es un negocio ilegal le quitamos el incentivo económico”, mencionó.

Mayor inspección en el aeropuerto

Anunció, además, que volverán las inspecciones en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Indicó que esa práctica se descontinuó hace más de 10 años luego de que el Tribunal Supremo resolvió que no se podía detener el tráfico comercial y personal en el aeropuerto para inspeccionar.

“Ahora ya tenemos tecnología nueva que nos va a permitir tener máquinas de rayos X, que vamos a ver qué está entrando en las maletas. En el 1994 o 1995 recuerdo que se confiscaron más de $10 millones en esas actividades”, dijo el secretario de la Gobernación.

“El dinero entra a través de maletas y a través de artículos para poder pagar a los puntos de drogas”, afirmó Maldonado, quien también indicó que en los próximos 30 días se asignarán cerca de 40 inspectores adicionales del Departamento de Hacienda en los puertos para que revisen toda la carga que entra a la Isla.

Iniciativa en conjunto con Familia

Indicó también que impulsarán una iniciativa que ha rendido frutos en otras jurisdicciones como Nueva York y Chicago para que trabajadores sociales del Departamento de la Familia intervengan en familias cuyos miembros han sido convictos por delitos graves.

“Si hay alguien acusado por tener un punto de droga o ha sido acusado por tener delitos graves se les permite a estas agencias intervenir con todos los miembros de la familia para impedir que la conducta delictiva pase de una generación a la otra. Esto ha sido bien eficiente y vamos a atacar la criminalidad no solo en la parte punitiva, sino en la social”, señaló Maldonado.

Además, el funcionario reveló que hubo una reunión con el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera, y su grupo de finanzas para solicitar a la Junta Federal de Control Fiscal “un ajuste en su presupuesto para más asignación de recursos”. Sin embargo, en el presupuesto que impuso el ente federal al gobierno se estipula un recorte al área de seguridad de $37 millones.

No obstante, se otorgarán fondos estatales en el área de Justicia y la Policía para asignar mayores recursos en área de administración.

Mientras, el comisionado Escalera precisó que, como parte del plan anticrimen, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Administración federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional han incautado este año 4,003 kilos de cocaína.

“A nivel de drogas locales se ha recuperado distintas clases de sustancias, además se han ocupado 872 armas de fuego, 43,901 municiones, han realizado 454 allanamientos. También se han recuperado 886 vehículos que se estaban utilizando en el bajo mundo para cometer delitos y han ocupado $1,070,000 y el dinero confiscado fue $23,819”, sostuvo.

De enero al presente, la Policía ha incautado 244.73 libras de marihuana y 25,282 decks de heroína. A su vez, ha ocupado 89.75 kilos de cocaína y más de 7,000 bolsas de crack. “No tengo las comparaciones. Yo tengo lo que tiene el plan anticrimen de este año”, sostuvo Escalera cuando se le preguntó por los números de 2017.

Según Escalera, las estadísticas reflejan que hay 15 asesinatos menos en comparación con esta misma fecha el año pasado y también 5,664 delitos tipo I menos, lo que equivale a una reducción de 20% en comparación con 2017.

El funcionario destacó que las 13 áreas policiacas a nivel isla reflejan una baja en los llamados delitos tipo I, que incluyen asesinatos, homicidios, violaciones, robos y agresiones agravadas.

Justicia defiende su labor

Por su parte, Vázquez mencionó que la Policía, en coordinación con las 13 fiscalías y los directores de los ‘Strike Force’ (unidades especializadas que investigan y procesan los casos de sustancias controladas), han logrado llevar a los tribunales a 240 personas con un total de 531 cargos por drogas.

De igual modo, indicó que tienen reforzados los acuerdos colaborativos con la DEA. “Al día de hoy los por cientos de convicción de sustancias controladas están sobre el 90%”, aseveró la titular de Justicia.

Indicó que de enero a agosto de este año Justicia ha radicado cargos a 1,934 imputados por sustancias controladas, lo que equivale a un aumento en la cantidad de imputados si se compara con las cifras provistas para la misma fecha el año pasado, que era de 1,737.

Recordó que, en febrero de 2017, se firmó un acuerdo con las autoridades federales donde la fiscalía federal tiene disponible un fiscal de turno para los casos de drogas, carjackings, corrupción, pornografía, entre otros.

“Al día de hoy los porcientos de convicción de sustancias controladas están sobre el 90%. La investigación por parte de la Policía de los casos de sustancias controladas ha sido muy productiva de tener unos casos sólidos para presentarlos al tribunal”, aseveró la titular de Justicia, quien indicó que esto se ha sido posible porque los casos de ‘Strike Force’ en su inmensa mayoría están grabados en la venta y trasiego de drogas.

“Tenemos un aumento en la cantidad de imputados gracias a que este plan anticrimen ha tenido la labor colaborativa tanto de la Policía como el Departamento de Justicia. Tenemos que ver la criminalidad como un conjunto que se refleja en la comisión de todos los delitos. ¿Y cómo vemos que ha sido efectivo el plan anticrimen?”, afirmó.

“Hemos visto una baja no solamente en los asesinatos, sino en los casos que tienen que ver con los accidentes de tránsito y muertes en las carreteras. Hemos visto una mayor incautación de armas de fuego y cuando vemos el conglomerado vemos que la criminalidad en términos generales ha bajado”, sostuvo Vázquez, quien agregó que la agencia cuenta con $17 millones provenientes del programa VOCA que serán dirigidos a los programas de víctimas del crimen.

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