Oficial: ya fue cerrado el puente atirantado en Naranjito

Naranjito - El Puente Atirantado fue cerrado en la mañana de hoy, lunes, por personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para atender fallas estructurales. Como reportó El Nuevo Día ayer, el cierre al tránsito de esa vía es para dar paso a un millonario proceso de rehabilitación de la estructura por la que transitan en promedio 14,000 vehículos y camiones diariamente. La ACT ha estimado que el cierre duraría 18 meses. “Este cierre va a permitir que ya la compañía Ferrovial comience a trabajar con el puente”, indicó hoy el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, a El Nuevo Día. Como vías alternas estarán disponibles la carretera PR-148 y la carretera PR-167, que son las antiguas carreteras utilizadas principalmente por los residentes de Naranjito, Comerío, Barranquitas, Orocovis y Toa Alta cuando no existía el atirantado. Estas rutas suman un periodo de tiempo y tapón considerables para quienes utilizaban el puente, precisamente, para llegar de forma rápida a la zona metropolitana. Ante el cierre, el Negociado de la Policía de Puerto Rico implementará un plan para el control del tránsito en la zona que transcurre desde la PR-167 en la urbanización Caná, en Bayamón, hasta la PR-5 intersección con la PR-164 del pueblo de Naranjito, con el propósito de “disminuir los problemas de congestión vehicular tanto de los residentes como de los visitantes del área”. “Este cierre del puente afectaría a miles de personas que utilizan esa vía de rodaje como vía principal para acezar el área metropolitana para ir a sus trabajos, escuelas, citas médicas o gestiones personales tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. Esto tendría un impacto en el tránsito de las principales vías de rodaje dentro de Bayamón, creando grandes congestiones vehiculares”, reconoce un documento de la ACT. El cierre del puente se concreta 20 días después de la publicación de una investigación de la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día, que reveló que la ACT inauguró y abrió al tránsito la obra a pesar de que estaba incompleta, 11 días antes de las elecciones generales de 2008. La investigación de El Nuevo Día expuso públicamente que la apertura apresurada dejó ondulaciones en la superficie del puente que no fueron corregidas y que se agravaron hasta alcanzar los 21 centímetros (8 pulgadas). Desde el 2014, el puente ha tenido dos carriles cerrados desde mayo de 2014 debido a las fallas estructurales. Las ondulaciones constan en inspecciones rutinarias de la ACT, al menos, desde agosto de 2009. Otras inspecciones profundas evidencian y señalan vicios de construcción que nunca fueron reclamados por la entidad gubernamental al principal contratista de la obra, Las Piedras Construction, al tiempo que el gobierno continuó pagando las facturas que totalizaron el costo por encima de los $31.8 millones. Por su parte, el ingeniero Tomás Montalvo, vicepresidente de Las Piedras Construction, dijo a El Nuevo Día que la compañía expresó a la ACT sus preocupaciones antes de que se inaugurara el puente porque todavía faltaban trabajos por hacer. El mismo día en que se inauguró el puente, el 24 de octubre de 2008, mientras el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien buscaba la reelección once días después, cruzaba la estructura incompleta sobre un descapotable clásico color rojo, el entonces director ejecutivo de la ACT, Luis Trinidad Garay, firmó un relevo de responsabilidad pública eximiendo a la compañía Las Piedras Construction de “daños que puedan sufrir terceras personas”. “La compañía de diseño envió una carta referente al proyecto en la que estipulaba que [en] el proyecto había que terminar unos trabajos de tensión final de los cables. La inspección privada le envió esa documentación a la Autoridad de Carreteras, indicando sus preocupaciones estructurales de abrir el puente antes de tensar los cables. Nos instruyeron así hacerlo, se abrió el puente”, relató Montalvo en entrevista con El Nuevo Día. Cuestionado sobre el tema, el exgobernador Acevedo Vilá dijo, a través de su portavoz Juanita Colombani, que no solicitó dicha aceleración de los trabajos ni fue informado o consultado sobre ese asunto. En la misma dirección, aseguró que, al momento de inaugurarse el puente, tampoco fue informado sobre algún vicio de construcción o problema de diseño. Casi diez años después, la apuesta de la ACT para solucionar las fallas del puente costará al pueblo, al menos, $25.9 millones adicionales a los sobre $31 millones que pagó por un puente defectuoso y parcialmente inservible. La compañía a cargo de la reparación del puente es Ferrovial Construcción PR, LLC. De acuerdo con la ACT, el proyecto incluye la reparación de la losa del puente, la aplicación de hormigón y su protección mediante el revestimiento protector y reparación del sistema de cables atirantados, entre otros aspectos. También trabajarán en la rehabilitación del pavimento existente en la PR-5, entre los límites del proyecto.