OGPe confirma ocho permisos de uso fraudulentos en Bahía de Jobos

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) evaluó once permisos de uso emitidos en la zona de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos, en Salinas, y halló que ocho eran fraudulentos, reveló el secretario auxiliar de la agencia, Gabriel Hernández. De esos once casos evaluados, la OGPe le certificó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que seis usaron esos permisos fraudulentos para solicitar el servicio de agua potable. Las dos certificaciones provistas por la OGPe dan cuenta de la verificación de permisos de uso, con sus respectivos números, en la base de datos oficial de la agencia. “Ocho de once son fraudulentos. Eso lo que quiere decir es que son permisos falsificados y como son falsificados, no aparecen en nuestros datos. Ahí lo que hubo fue una falsificación crasa. De los 11, hay 8 falsificados o que hubo un mal manejo”, afirmó el funcionario. Explicó que tanto la AAA como LUMA Energy le hicieron llegar los documentos que recibieron, incluyendo el permiso de uso, cuando se les solicitó proveer servicio de agua y luz en la reserva, y tras observarlo y buscar la información en la base de datos de la OGPe hallaron que eran falsificados. “Utilizaron una plantilla de otro permiso y lo que hicieron fue editarlo creando una falsificación de un permiso. Eso es un delito serio y nosotros advenimos en conocimiento y vamos a estar tomando las acciones correspondientes. Obviamente llevaron ese permiso fraudulento a la AEE y a la AAA, y ellos le instalaron el servicio pensando que era cierta la información”, apuntó. Además, sostuvo que el consorcio CCVS, que agrupa cuatro pueblos (Cayey, Coamo, Villalba y Salinas) es el que tiene la facultad para emitir permisos en esas zonas conferido por la Junta de Planificación. Recalcó que es ese consorcio el que debe fiscalizar los permisos en la reserva y que no se construya allí. La información trasciende en momentos que el Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizan investigaciones paralelas sobre aparentes irregularidades en la reserva. Además, hoy, miércoles, la Cámara de Representantes se trasladará en comisión total hasta la reserva de la Bahía de Jobos en Salinas para inspeccionar las alegadas construcciones ilegales en el Camino del Indio. Responde la alcaldesa de Salinas La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, sostuvo “a información que tengo sobre el consorcio es que en el área de la reserva no se han autorizado permisos de usos ni de construcción”. Igualmente, la alcaldesa dijo que en el 2019 y 2020 hicieron vistas municipales “para que el que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tomara acción en este caso y emitiera un cese y desista, desalojo y multas”. Por ende, sostuvo que el DRNA tenía conocimiento de las construcciones al igual que la OGPe porque se le habían presentado quejas. Entregó a este medio las solicitudes de permisos que recibió el consorcio, que totalizan cuatro y solo tres fueron aprobadas. Una de esas aprobaciones por un profesional autorizado, es decir, un ingeniero. Ese ingeniero, sostuvo el director de la OGPe, no podía emitir el permiso por tratarse de una reserva. Explicó que en el 2009 y mediante la Ley 161 se creó la figura del profesional autorizado que los faculta para emitir permisos ministeriales. Sin embargo, el profesional autorizado no puede actuar en reservas ni en suelos protegidos. Cooperación ciudadana Hernández dijo que cuando toquen base con las personas que recibieron los permisos fraudulentos necesitan la cooperación de la ciudadanía. Precisó que fuera de la reserva de Jobos han hallado sobre 100 permisos falsos y a estos se suman los de la controversia en Salinas. “Y hasta ahora, no hemos podido encauzar a nadie porque la gente no quiere cooperar. Cuando le pido que vaya a testificar, se le olvidó el gestor, el número de teléfonos”, indicó Hernández. Precisó que han hallado personas con permisos de uso fraudulentos que los encomendaron a gestores pensando que el trabajo realizado es legal. “Necesitamos que la ciudadanía coopere”, dijo. Respecto a los hallados en la Bahía de Jobos, Hernández sostuvo que tras la certificación emitida a la AAA y a LUMA Energy, le corresponde a esas dependencias actuar. La secretaria de la Gobernación, Noelia García anticipó el lunes que se contactarían a los clientes con supuestos permisos fraudulentos y se les otorgaría cinco días para que provean la información adecuada y correcta, si es que la tiene. Al cabo de esos días, se cortaría el servicio y se podría llevar una acción judicial. La presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo, dijo que están en el proceso de contactar a las personas que presentaron permisos ilegales que dieron paso a la conexión de agua potable. “Vamos a proceder a darle unos días a las personas que están como contactos en estas cuentas para que nos cuenten si, en efecto, tienen otro documento que le asistan y de no hacerlo en ese término de días procederemos a suspender el servicio”, indicó. En el caso de LUMA Energy, se informó por escrito que el servicio de distribución eléctrica a la Bahía de Jobos en Salinas “data de antes de LUMA y ocurrió antes de que LUMA asumiera las operaciones en junio de 2021″. “Al igual que otras empresas de servicios públicos, no puede desconectar la electricidad sin una orden legal adecuada. Desde que LUMA se hizo cargo de la operación del sistema de transmisión y distribución el 1 de junio de 2021, no hemos recibido ninguna orden o instrucción de ninguna autoridad o agencia gubernamental para desconectar a ningún cliente que tenga servicio eléctrico en el área de la Bahía de Jobos”, indicó.