Opiniones encontradas por el acceso a grabaciones del caso de Andrea Ruiz

El intento infructuoso de Andrea Ruiz Costas para obtener una orden de protección en el Tribunal de Caguas contra su expareja, quien luego la asesinó, ha levantado el debate sobre el acceso a la información, en cuanto a si deben ser públicas las grabaciones de las vistas judiciales en casos de violencia doméstica. La orden de mordaza emitida por el juez Ricardo Marrero del Tribunal de Caguas, para que el Departamento de Justicia no divulgue el contenido de las grabaciones de las vistas en las que estuvo Ruiz Costas, mantienen divididas las opiniones al respecto, incluso entre agencias del gobierno. Ese es el caso entre el propio Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, con planteamientos encontrados. Según la orden del juez Marrero, debido a la naturaleza de las alegaciones vertidas para el récord por la perjudicada-peticionaria, y para “evitar la revictimización y la divulgación de información íntima, personal o familiar, se prohíbe, bajo apercibimiento de desacato a cualquier persona que no sea representante oficial del Departamento de Justicia en el descargue de sus responsabilidades oficiales, el escuchar o divulgar el contenido de las mismas, para cualquier propósito ajeno al sumario fiscal”. Justicia obtuvo copia de las grabaciones de los procesos judiciales celebrados los días 25, 26 y 31 de marzo en el caso de Ruiz Costas, mediante trámite administrativo. Esas vistas fueron atendidas por las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero. Miguel Ocasio Santiago, la expareja de Andrea Ruiz Costas, la mujer que apareció calcinada e… Telenoticias publicó un audio sobre una conversación que tuvo Ruiz con una amiga -que no fue identificada- en la que le expresa la frustración por el acecho de su expareja y la falta de acción por parte de las autoridades judiciales. Ayer, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Melissa Vázquez, dijo sobre las grabaciones que “aun cuando entendemos que las mismas son de carácter público, nos vemos obligados a cumplir con lo dispuesto por el Tribunal”. Aclaró en declaraciones escritas que “el Departamento de Justicia no ha expresado reparo con que el Tribunal le dé acceso público al contenido y grabaciones de las vistas”. “El Departamento de Justicia recibió una Orden de Mordaza emitida por el Juez Ricardo Marrero sobre las grabaciones de las vistas a las que compareció la señora Andrea Ruiz. Esta orden no fue solicitada por el Ministerio Público. La orden, que prohíbe la divulgación de las grabaciones de las vistas, fue emitida por el Tribunal, luego de que el Ministerio Público, solicitó las mismas”, señaló la funcionaria. “No” de la Procuradora de las Mujeres Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, dijo que hacer públicas las grabaciones de las vistas judiciales en las que Ruiz Costas solicitó una orden de protección ante el acecho de su expareja Miguel Ocasio Santiago, provocaría la revictimización de la mujer de 35 años, cuyo cuerpo parcialmente calcinado fue encontrado el pasado jueves en Cayey. “En cuanto a la política pública de mi oficina siempre es trabajar con la confidencialidad de la víctima. Nosotros estamos en desacuerdo y esta servidora está en desacuerdo en que se publique ese tipo de información porque lo que provoca es la revictimización”, sostuvo. Boria señaló que aunque la víctima, como en el caso de Andrea, haya fallecido, la información que va a salir es lo que dijo en sala, lo que vivió con su pareja y todo lo demás que entiende “no debe ser parte de lo que se publique o que tenga a la mano la ciudadanía, ni la prensa porque se van a ventilar cosas muy íntimas de ella”. Para la procuradora el acto de divulgación podría desalentar a otras mujeres que estén pasando por una situación de violencia, a buscar los recursos necesarios en los tribunales. “¿Qué provoca eso? Que las mujeres que nos están escuchando o toda persona que sea víctima se va a cohibir en caso de tener un caso similar al de ella, en buscar justicia, porque uno de los temores más grandes es ser señalada, así que independientemente de que todo el mundo tenga el interés genuino de evaluar el alegado mal proceso que se llevó a cabo, según lo que surge de la prensa y los audios que han pasado al conocimiento de todos, lo importante es identificar si el proceso fue incorrecto, si fue el apropiado, razonable, si se utilizó la sensibilidad que se debió haber utilizado y hay un ente que supervisa ese proceso”, apuntó Boria. Opiniones encontradas fuera del gobierno El exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, consideró que por la pureza de los procesos judiciales e investigativos, no se debe divulgar el contenido de las audiencias en el caso de Ruiz Costas. “No creo que en este momento el contenido se deba estar divulgando porque Justicia va a investigar qué pasó. Andrea está fallecida y no sé si Justicia en este momento pueda fijar algún tipo de responsabilidad a base de lo que pasó allí y eso hay que mantenerlo confidencial en este momento”, expresó Sagardía. Indicó que podría imaginar que Justicia pidió las grabaciones para saber si la conducta de la juez que atendió la vista de la mujer asesinada incurre en violaciones y se pueda presentar una querella a nombre de la víctima. “Yo, en este momento lo mantendría confidencial porque después la misma juez puede decir que se hizo un issue público, que se publicó la grabación y le violentaron sus derechos y eso la juez puede utilizarlo para su propio beneficio. Lo haría para garantizar que si la juez cometió alguna imprudencia, una acción antiética, algún abuso con esta joven que Dios la tenga en la gloria, la juez pague las consecuencias”, opinó. Por su parte, el abogado y profesor de Derecho, Carlos Díaz Olivo, entiende que se debe divulgar el contenido de las grabaciones. “El gobierno nos pertenece a todos, todo lo que pasa en el gobierno es público para todos los ciudadanos y en este caso con mayor razón porque no estamos tratando en este caso de adjudicar lo que pasó en un caso particular para adjudicar responsabilidad, sino es para tratar de desarrollar un principio distinto que nos rija... Me parece que tiene que ser así porque ¿cuál es la lógica de evitar eso? ¿Quedarnos en el oscurantismo? ¿No entender lo que pasó, y no corregir los errores? No tiene sentido”, apuntó Díaz Olivo. Provoca cambios el caso A raíz de este caso y los señalamientos de si hubo fallas en el tribunal para atender la solicitud de Andrea, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, informó ayer sobre la composición y responsabilidades del grupo de trabajo creado para evaluar los procesos operacionales relacionados a los casos de violencia de género. El grupo, que debe recomendar medidas administrativas, estará compuesto por la abogada Aleida Varona Méndez, quien lo presidirá; la jueza superior Nanette Perea López; el juez superior William Machado Aldarondo; la jueza municipal Raiza Cajigas Campbell, y el juez municipal Juan Vera Rivera. La presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, ordenó la reasignación de l… Les encargaron recopilar información relevante a los casos de violencia de género que culminaron en feminicidios y ver cómo se mejora la atención de estos en los tribunales de ahora en adelante. Más mujeres tocando la puerta de los albergues. El organismo deberá rendir un informe preliminar a la jueza presidenta con recomendaciones para atender y corregir los problemas identificados en un plazo de 45 días. Sobre las juezas que vieron las vistas donde Andrea solicitó infructuosamente la orden de protección, estas ya llevan tiempo en la judicatura. Por ejemplo, Alvarado Rodríguez fue designada por el exgobernador Alejandro García Padilla, mientras que Nieves Cordero fue nombrada jueza por la exgobernadora Sila Calderón y renominada por el exgobernador García Padilla. Nieves Cordero fue la jueza que impuso una fianza de $1 millón contra Alexis González Lebrón, presunto asesino de Rosita Alicea Delgado, asesinada el pasado Jueves Santo. - Si necesitas ayuda, comunícate con estos números Línea de Ayuda ante violencia sexual 24/7 787-765-2285. Coordinadora Paz para la Mujer 787-281-7579 787-777-0378 Oficina de la Procuradora de las Mujeres: Línea de emergencia: 787-722-2977 Línea de emergencia para la isla- 1-800-981-9676 San Juan- 787-721-7676