Ordenan vista de estado de necesidad sobre las víctimas de O'Neill

La jueza Sariely Rosado Fernández, del Tribunal de Bayamón, declaró ha lugar una petición de la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) para que se celebre una vista de estado de necesidad para determinar si se oculta al público y la prensa el testimonio de dos presuntas víctimas del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, imputado de delitos de naturaleza sexual. La jueza resolvió que hay varios derechos en esta controversia, que incluyen la intimidad y el proceso público, y que a ella le corresponde hacer “un delicado balance” entre esas garantías de rango constitucional. “Al ser un proceso tan delicado, y hay varios derechos constitucionales envueltos, esa vista se calendarizó para el 19 de marzo”, dijo la jueza. La decisión coloca en suspenso una determinación de la jueza dada a conocer ayer que resolvía que las víctimas debían declarar en público, pero restringiendo las cámaras de que grabaran el rostro de las víctimas. Ahora la jueza recibirá prueba en esa vista de estado de necesidad y puede decidir si procede o no que el testimonio de esas dos víctimas sea a puerta cerrada. El debate comenzó justo cuando inició la vista preliminar. Los FEI Guillermo Garau y Leticia Pabón reiteraron hoy que la decisión de la jueza de permitir el acceso del público atentaría contra la protección a las víctimas que se debe procurar en el proceso judicial. “La determinación del tribunal va en contra de esa política pública”, indicó el FEI. Aseguraron que la decisión de la jueza de restringir que las cámaras de televisión graben los rostros de las víctimas no era suficiente para proteger a las víctimas mientras declaran, dijo Garau, porque de cualquier manera las dos testigos tendrían que exponer al público cómo fue que fueron víctimas del exalcalde. “Es como ponerlas en radio”, dijo el FEI. “El interés apremiante del estado en protección de las víctimas es que no se use el proceso judicial para revictimizarlas… exponerlas al público llevaría a que estas se nieguen a declarar”, aseguró Garau. Agregó Garau que estaba esperando que la jueza concediera una vista de necesidad para traer detalles adicionales sobre el caso. También dijo el FEI que se hicieron gestiones para contratar a una perito de casos de acoso sexual, Maritza M. López Robledo, quien estaría disponible para declarar el 5 de marzo, que es una de las fechas señaladas para la continuación de la vista preliminar, si así la jueza lo permite. Sobre el planteamiento judicial de que hubo alegaciones generales, Garau dijo que cuando se enmendaron las reglas de procedimiento criminal para establecer que la vista preliminar, conforme a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se determinó que “es pública pero no es absoluta” como puede ser en casos de delitos imputados como agresión sexual y actos lascivos, que son dos de los cargos imputados al juez. Garau hizo una exposición jurídica que incluyo diversos casos, e insistió en que lo único que pide al tribunal es que en una parte del proceso no se exponga a esas víctimas, porque la prensa y el público tiene otras formas de obtener esos aspectos del caso. “Por ejemplo, en una de las alegaciones nosotros alegamos que el ofensor se masturbó, cogió un pañuelo y se lo lanzó en la cara a la víctima… el público se puede enterar a través de la perito”, dijo el FEI. Concluyó el FEI que el abogado Harry Padilla inicialmente se opuso “con un escrito excelente” a que la vista preliminar se televisara, y que en la nota al calce 43 reconoce que se trata de un caso donde el Tribunal Supremo ha establecido restricciones al público cuando son delitos de naturaleza sexual y hasta citó al papa Francisco. En su turno, Padilla dijo que “no le asiste la razón al fiscal”. Dice que las vistas preliminares son públicas por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, y que una solicitud de este tipo de cerrar al público parte de los procesos se debe examinar “de forma restrictiva” y que el FEI no pidió en su momento y “con tiempo” una vista de necesidad, sino que exigió “un cierre automático”. “El Tribunal dijo que eso no puede ser”, afirmó Padilla. Para esa decisión de la jueza “tendría usted que hacer una vista de necesidad, y porque no se hizo, porque la vista de necesidad no se pidió”. “Pensé que él iba decir, ‘Ay bendito juez, deme una oportunidad’”, agregó. O\'Neill está acusado de violencia doméstica en su modalidad de maltrato, agresión sexual, acoso sexual en forma de hostigamiento sexual en el empleo, exposición deshonesta, actos lascivos (contra una segunda víctima) y dos cargos por violación a Ley de Ética Gubernamental. Las denuncias presentadas por los fiscales especiales independientes Guillermo Garau y Leticia Pabón surgieron luego de una investigación de esa oficina tras un referido del Departamento de Justicia (DJ) en el que se mencionaban unas 20 violaciones de ley por parte del entonces ejecutivo municipal, entre las que estaban maltrato psicológico o emocional, maltrato mediante restricción a la libertad y agresión sexual bajo la Ley de Violencia Doméstica. Estas denuncias llevaron a la eventual renuncia de O’Neill a su cargo de alcalde.