Organizaciones demandan al gobierno por la aprobación de nuevas tarifas para el transporte de carga

La Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos(MIDA), la Asociación de Comercio al Detal (ACDET) y el Centro Unido de Detallistas (CUD) radicaron hoy, martes, un recurso legal ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en contra del Reglamento 9293 del Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos que establece las tarifas que cobran los transportistas para acarrear cargamentos en Puerto Rico. Las tres entidades radicaron un recurso de sentencia declaratoria e interdicto permanente contra el gobierno, representado por el Departamento de Justicia, y contra el Negociado de Transporte, en la que solicitan “se declaren nulas e ineficientes las disposiciones del Código de Reglamentos del Negociado relativas a porteadores por contrato y la aplicación de tarifas de estos”. Además, solicitaron la aplicación de un interdicto permanente para prohibir que sean puestos en vigor los mecanismos contenidos en el Reglamento 9293. “Al aprobar dichas tarifas, el Negociado de Transporte se excedió de la autoridad delegada mediante la Ley de Servicio Público de Puerto Rico (Ley 109). Además, el Reglamento 9293 está en abierto conflicto o en contradicción con la Ley 109, resultando que tal legislación administrativa no tienen autoridad legal para aplicarse, es arbitraria y caprichosa”, lee la moción radicada por los abogados Alberto G. Estrella, Luis Sánchez Betances y Yasthel I. González. Estrella y González representan a la ACDET, mientras que Sánchez Betances es el abogado del Centro Unido de Detallistas. El Reglamento 9293, que contiene nuevas tarifas para el acarreo que carga que no han sido revisadas desde el 2005, fue avalado el 22 de julio por el Frente Amplio de Camioneros y por el gobierno central, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó su intención de derrotar la implementación de las disposiciones por entender que la administración del gobernador Pedro Pierluisi falló en proteger los mejores intereses del pueblo al ceder a los reclamos de los transportistas, quienes decretaron un paro que duró dos días. Los camioneros comenzaron el paro el 21 de julio ante la negativa de la JSF de aprobar las nuevas tarifas del Negociado de Transporte. Aunque la negociación no afectó ninguna partida del gobierno, el ente creado por el Congreso de Estados Unidos dice que tiene injerencia en el tema por afectar el plan fiscal certificado. La JSF reveló a El Nuevo Día que sometieron ante el gobierno una contraoferta que incluía alzas en las tarifas, pero no aplicaba los aumentos a los contratos privados. Según el ente fiscal, la contraoferta no fue considerada. MIDA, ACDET y el CUD solicitaron que el tribunal declare que las disposiciones del Reglamento 9293 que alteran, modifican y limitan la categoría de porteador por contrato son nulas e ineficaces por haber sido aprobadas sin autoridad o poder delegado por la Ley 109; que declare que las tarifas para el transporte de carga general y refrigerada adoptadas en el Reglamento 9293 son nulas e ineficaces por haber sido aprobadas en violación a la Ley Orgánica del Negociado de Transporte al no ser razonables y justas, y no tener una base racional en el récord administrativo, resultando ser arbitrarias y caprichosas; y que emita un interdicto permanente prohibiéndoles poner en vigor el Reglamento 9293 en todo lo relacionado a la alteración, modificación y limitación de la categoría de Porteador por Contrato en lo que sea en contravención o inconsistente con la Ley 109 y prohibir la aplicación de las tarifas sobre carga general y refrigerada a los contratos entre los miembros de MIDA y ACDET y sus porteadores. Las entidades reiteraron que no necesariamente objetan se revisen las tarifas de aquellos sectores que históricamente han operado bajo tarifas públicas, siempre que se haga cumpliendo con las disposiciones de ley. Las entidades no descartaron que otras organizaciones se unan al proceso. En una resolución emitida el 9 de agosto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó una petición de certiorari radicada por el Negociado de Transporte para intervenir en la disputa por las tarifas de acarreo. Además de negar la intervención solicitada por el Negociado de Transporte, el Supremo también rechazó el pedido del Frente Amplio de Camioneros para intervenir en la controversia.