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El convicto federal Óscar Santamaría Torres reveló al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) que aportó sobre $100,000 a la campaña electoral de Ángel Pérez Otero, según detalló defensa del exalcalde de Guaynabo en una moción presentada ayer ante la jueza Aida M. Delgado Colón.
En el escrito, el licenciado Osvaldo Carlo Linares, quien forma parte del equipo legal del exlíder del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó que esta y otras declaraciones que el empresario hizo a la agencia federal fueron incluidas en el descubrimiento de prueba del proceso judicial por conspiración para obtener sobornos y comisiones ilegales (kickbacks, en inglés) con fondos federales, extorsión y ayudar y colaborar para cometer soborno con dinero proveniente del gobierno federal.
“Durante una entrevista realizada por agentes del FBI en el 2021, Santamaría estableció que luego de la elección del 2017 le ofreció a Pérez Otero contribuir a la deuda de su campaña sin solicitar nada a cambio y comenzó a realizar contribuciones de $5,000 cada cuatro a seis semanas”, destacó la defensa del exmandatario.
Con los datos presentados en la moción, el abogado refutó una oposición de parte del Ministerio Público a una solicitud de desestimación del pliego acusatorio presentada por la defensa bajo el argumento de que la evidencia provista por la Fiscalía durante el descubrimiento de prueba sugiere que la paga fue en forma de contribuciones a su campaña política.
Por otro lado, la defensa también resaltó que el empresario narró al FBI que luego de la elección del 2020 le preguntó a Pérez Otero si su empresa de manejo de desperdicios sólidos podía participar en un proceso de subasta para un contrato en particular y que en entonces alcalde le dijo que tenía que competir como el resto.
“Santamaría además mencionó que le dijo a Pérez Otero que tenía una compañía de construcción llamada Island Builders y que, poco tiempo después, Island Builders obtuvo un contrato con Guaynabo. No hay evidencia provista en el descubrimiento, o en los récords públicos del Departamento de Estado, que sugiera que Santamaría tenía alguna participación en Island Builders o que era su dueño o la operaba”, recalcó la defensa.
Cabe destacar que, en diciembre del 2021, el municipio de Cataño demandó a la empresa Island Builder Corp y a Santamaría para que devuelvan todo el dinero pagado en el curso de la relación contractual que tuvo la empresa con el ayuntamiento.
El recurso legal ilustró dos contratos otorgados a la empresa Island Buildersque fueron objeto del esquema de comisiones ilegales por el cual tanto Santamaría como el exalcalde de ese municipio, Félix Delgado Montalvo, se declararon culpables. El municipio reclamó al tribunal que dicte una sentencia declaratoria para declarar ambos contratos ab initio, o sea nulos desde el principio.
La defensa del exalcalde de Guaynabo expresó a la corte que solicitó información sobre la relación entre Santamaría y la empresa y que, al momento, la Fiscalía no ha provisto la misma.
Asimismo, Carlo Linares reclamó que el Ministerio Público recién le informó a la defensa que Santamaría contribuyó sobre $70,000 a las campañas de Pérez Otero, evidencia que, a su juicio, debió haber sido provista antes.
“En el caso Brady vs. Maryland, la Corte Suprema (de Estados Unidos) determinó que una falla de parte de la Fiscalía en proveer evidencia exculpatoria es una violación al debido proceso”, recordó el letrado, que argumentó que la existencia de una relación de larga duración entre un político y unos donantes, cuyo alcance fue documentado por el gobierno, constituye prueba exculpatoria.
Carlo Linares concluyó que lo expresado por Santamaría al FBI es evidencia contraria a las acusaciones incluidas en el pliego acusatorio, por lo que debería ser desestimado y solicitó a la corte una transcripción de los procedimientos ante el Gran Jurado para determinar si el empresario incurrió en algún cambio de testimonio.
La semana pasada la jueza Delgado Colón denegó la solicitud de la defensa del exalcalde de Guaynabo para que se enmendara la orden de protección de la evidencia del proceso judicial y que se establezcan medidas para proteger el acusado del acusado de un juicio público rápido con un jurado imparcial, por lo que el proceso sigue su curso.
El juicio por jurado se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo.
FUENTE: elvocero.com
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