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La administración de Ricardo Rosselló retomará sus planes de achicar el gobierno mediante la consolidación o cierre de hasta 50 agencias al finalizar el año, movida que ahorraría $600 millones y que se sostendrá en la autoridad que concede la Ley de Empleador Único, adelantó ayer el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, en una entrevista exclusiva con EL VOCERO.
La Ley 8 de Empleador Único, firmada en febrero de 2017, fue una de las iniciativas de Rosselló para reducir el gobierno y los gastos excesivos en sus instrumentalidades. A su vez, la medida busca evitar la duplicidad de funciones en las agencias.
“Tenemos que bajar de 145 agencias a 30 o 35 agencias y eso está ya en el plan fiscal. Me parece que este año la meta de los primeros seis meses es reducir, cambiar o transformar 20 agencias como mínimo”, detalló el funcionario en su oficina en La Fortaleza.
Uno de los elementos de la ley es que el gobierno trabaja como único patrono con su propio reglamento de contratación y también lo faculta para transferir a los empleados públicos entre agencias, según las necesidades de las mismas y sin ofrecer algún tipo de protección.
La reducción del tamaño del gobierno es una de las iniciativas del Ejecutivo que cuenta con el aval de la Junta Federal de Control Fiscal y que está incorporada en el plan fiscal certificado.
“Bajo empleador único ahora mismo yo voy a transferir 500 empleados de distintas agencias al Departamento de Hacienda, que es la agencia que ahora mismo requiere de más empleados. También voy a transferir 25 empleados a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)”, explicó.
Según Maldonado, en los primeros tres meses del año el gobierno habría concretado la transferencia de esos 525 empleados a “unas agencias más eficientes”, al tiempo que se eliminarían las plazas que estos funcionarios han ocupado en la agencia de origen.
“El empleador único es una herramienta bien eficiente, pero hasta ahora creo que hemos sido tímidos en el uso de esa herramienta. Es el momento de hacer esa ejecución”, dijo el funcionario.
A preguntas de este diario, indicó que el retraso se debió a que el gobierno tuvo que enfocarse el pasado año en los procesos de recuperación y reconstrucción tras el huracán María. “Este es el año que tenemos que ejecutar y (dependiendo de) cómo ejecutemos este año, se definirá la próxima década económica del País. No tenemos ni margen para error ni tiempo para pausar”, sostuvo.
Abarca todas las agencias
Los planes de reorganización del gobierno abarcan todas las agencias, aunque para Maldonado existe una lista de prioridades y su enfoque es ir sobre aquellas funciones que pueden resultar repetitivas. “Tenemos que mirar todas las agencias ahora y comenzar a hacer movimientos importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico”, comentó.
“Esto es sin despedir un solo servidor público porque la idea es transferirlos a donde pueden dar un mejor servicio”, afirmó.
Algunos de los servicios que el gobierno buscará centralizar, según Maldonado, abarcan funciones de contabilidad, oficial de compras, administración y recursos humanos. Al consolidar algunas funciones, en las agencias quedarían solo aquellos empleados esenciales.
Los ahorros
La proyección de lograr $600 millones en ahorros para este año fiscal mediante la consolidación de agencias responde a la necesidad de reducir los gastos en el gobierno y proteger los empleos públicos, explicó.
“Mientras más ahorros en partidas operacionales, más flexibilidad tengo con la junta fiscal para proteger los empleos del servidor público porque ahorré aquí… pero permíteme dar un aumento al salario en este lado y permíteme retener los empleos. Es como tener una ecuación simultánea donde si ahorro en una área, puedo tener más flexibilidad laboral”, expuso.
Maldonado dijo no sentirse preocupado ante la posibilidad de que la junta fiscal amenace o les solicite despedir empleados públicos. “Lo que quiero es tener ahorros suficientes para que podamos dar un aumento de sueldo, que le podamos dar una mejor calidad de vida y para eso requiere de ahorros sustanciales en áreas donde en este momento tenemos desembolsos demasiado altos”, puntualizó.
Algunas de las agencias que enfrentaron un proceso de consolidación desde que se aprobó la ley son las sombrillas del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Esta última agrupa varios negociados que están sumergidos en problemas de falta de recursos y de fondos para ofrecer los servicios que la ciudadanía requiere.
FUENTE: elvocero.com
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