Pareja que incumplió con la Declaración del Viajero se expone a seis meses en prisión o una multa de hasta $5,000

El matrimonio que no llenó la Declaración de Viajero cuando llegó el pasado 2 de enero al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín se expone a seis meses en prisión o multas de hasta $5,000, confirmó el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández. La pena final será estipulada por un tribunal. De momento, Zulma Figueroa Córdoba, de 53 años, y Luis Ángel Colón, de 44 años, deberán prestar una fianza de $20,000 ($10,000 por cada uno) que les impuso ayer el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, tras encontrar causa para arresto por violación al artículo 246 del Código Penal, que tipifica como delito menos grave la obstrucción de las labores de un funcionario. “Ayer nosotros cumplimos con la orden de arresto que nos dio como directriz el juez. Ellos están detenidos y serán llevados al tribunal. El juez determinará si acoge una rebaja de fianza o si deben pagar $10,000, que es la suma que se le impuso a cada uno”, indicó Hernández a El Nuevo Día en entrevista telefónica. La pareja fue detenida anoche tras más de dos horas de negociación luego que se atrincheraran junto a sus tres hijos -de 15, 18 y 20 años- en el interior de una guagua minivan en Caguas. Hernández se reservó el detalle de en qué tribunal será procesada la pareja y dónde permanece detenida tras las agresiones que se suscitaron ayer por parte de varios ciudadanos que ocuparon la zona -donde el matrimonio estaba atrincherado- se tornaron hostiles contra la prensa e impidieron el trabajo de un fotoperiodista de El Nuevo Día. El proceso contra Figueroa Córdoba y Colón comenzó cuando la mujer se negó a llenar la Declaración del Viajero cuando llegó a la isla con su familia el 2 de enero desde un vuelo procedente de Miami, Florida. “Estas personas se niegan a completar lo que se conoce como el Travel Declaration o Declaración del Viajero, luego deciden marcharse del aeropuerto y ahí es que nosotros advenimos en conocimiento e inmediatamente vamos a la residencia de la señora para atender el asunto y lo que logramos fue la negativa (de llenar los documentos), nuevamente”, contó Hernández. ¿Qué es la Declaración del Viajero? La Declaración del Viajero Alerta COVID-19 es un documento diseñado por Salud, y ordenado mediante la Orden Ejecutiva 2021-037, que requiere que todo pasajero procedente de cualquier territorio de Estados Unidos o destino internacional deberá llenar un cuestionario con preguntas sobre su estado de salud, destino de procedencia, número de vuelo, edad, residencia, entre otros detalles. Además, el documento requiere adjuntar una foto de la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y una prueba de detección del virus con resultado negativo (puede ser de antígenos o PCR). “En la referida declaración el pasajero dará fe, bajo juramento, de que cumplirá con las órdenes impuestas en lo que respecta a su comportamiento durante su período de estadía”, reza la orden ejecutiva. Cualquier incumplimiento con las disposiciones -incluyendo la negación a llenar el cuestionario o colocar información falsa- pueden ser procesados a través del Código Penal de Puerto Rico. Hernández confirmó que la primera intervención con la pareja en su residencia se dio el 3 de enero. En ese momento, se les informó que debían completar la declaración del viajero, y que se les radicarían cargos en contra por obstrucción. La próxima intervención, según Hernández, ocurrió el 5 de enero cuando el matrimonio recibió una citación para que acudieran ayer, 11 de enero, al Tribunal de Carolina para una vista en su contra. Hernández confirmó que ninguna de las dos intervenciones fueron respondidas o aceptadas por el matrimonio, que tampoco fue ayer al tribunal. No obstante, el juez realizó la vista en ausencia de ambos y encontró causa para arresto por el mencionado artículo tras determinar que el Estado utilizó múltiples recursos para dar con ellos e intentar que cumplieran con las directrices, pero se rehusaron. “Mi equipo de trabajo ha estado presente con esta familia dándole todos los recursos necesarios (epidemiólogos, hacerse pruebas), pero siempre se negaron en múltiples ocasiones. Por eso, el honorable juez tomó esa determinación”, manifestó Hernández. “La gente tiene que entender que hay unas reglas que tenemos que seguir. Según viajamos a otros países y damos toda la información que nos requieren, pues tiene que haber la misma cooperación en este interés apremiante que tiene el Estado y que es la salud”, agregó. El caso Figueroa Córdoba y Colón fue presentado ante el tribunal por la fiscal Iliana Martínez y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud. La agencia ha procesado criminalmente a unas 10 personas por incumplir con la orden ejecutiva. No obstante, Hernández insistió en que es la primera vez que se topan con un caso tan complejo como este por incumplimiento.