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La proliferación del alquiler a corto plazo en el Viejo San Juan ha levantado preocupación entre los residentes y los defensores del patrimonio cultural, debido a las modificaciones estructurales que realizan los nuevos compradores para adaptar las propiedades a este mercado, lo que entienden atenta contra el valor histórico de la zona.
Janice Petrovich, residente y una de las fundadoras de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, habló de dos casos en que los inversionistas, aseguró, han cambiado las propiedades.
“Hay un edificio que conozco bien porque tengo amistades que lo vivieron mucho tiempo. Está en la calle Sol; se vació y luego se deterioró bien rápido. Ese espacio lo compró un inversionista y a puerta cerrada, se metieron los contratistas para seguir las instrucciones del dueño y tumbaron el techo”, contó.
Petrovich añadió que la casa también tenía soles truncos en las puertas y que esas puertas tenían los pasadores originales.
Por su parte, Margarita Gandía, quien ha residido toda su vida en el Viejo San Juan y es corredora de bienes raíces especializada en la antigua ciudad, expuso que no solo han presenciado el desplazamiento de los residentes de la zona histórica a causa de la proliferación de los alquileres a corto plazo, también reclamó que ha habido destrucción del patrimonio histórico edificado.
“Hemos presentado ya ante la Asamblea (municipal), ante la Cámara de Representantes, ante el Senado, unos lineamientos muy importantes para poner control sobre el alquiler a corto plazo de las zonas históricas… Al Instituto de Cultura Puertorriqueña le han quitado mucho presupuesto. Así que no hay estas personas que antes inspeccionaban. El otro día me encontré un balcón de balaustres y los balaustres son cuadrados. En fin, es muy triste perderlo”, señaló Gandía.
Indicó que “el Viejo San Juan es de las pocas ciudades en el mundo, que su restauración ha sido tan bien hecha —gracias a don Ricardo Alegría (historiador)— que cuando uno entra a una de estas casas, el edificio te hace el cuento, te cuenta la historia y eso tiene un valor incalculable”.
“En el momento en que las casas que están restauradas se empiezan a destrozar para convertirlas en apartamentos para alquiler de corto plazo —es decir, que, de tres habitaciones, la convierten en una casa de seis habitaciones— todas esas cosas de restauración, todo ese esfuerzo y ese valor que tiene la propiedad, se pierden”, denunció Gandía.
Las entrevistadas exigieron más fiscalización por parte del Municipio de San Juan y del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), las dos entidades encargadas de la preservación del patrimonio histórico edificado de la zona.
“Se necesita más fiscalización. Los arquitectos tienen que ser más cuidadosos. Lo que no se atreverían a hacer en ninguna parte del mundo, lo están haciendo aquí. Si no hay respeto por la zona histórica, pues los mismos arquitectos y contratistas tienen que ayudar a proteger”, sostuvo Gandía.
¿Quién vigila?
Según Héctor Balvanera, director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado (PPHE) del ICP, “los municipios son los administradores de cada uno de sus pueblos, quienes finalmente tienen el primer contacto con la industria de la construcción, porque son los que conceden los permisos y están fiscalizando, vigilando ese proceso de construcción”.
Balvanera agregó que el cometido del Programa de Patrimonio Histórico Edificado es estudiar, investigar, nominar y supervisar la conservación del patrimonio histórico edificado, “aquella estructura que a partir de la época colonial española se ha construido y que es visible para no confundirla con la parte de la arqueología histórica”.
Entre conservacionistas y administrativos, el equipo del Programa de Patrimonio Histórico Edificado está compuesto por diez trabajadores, quienes realizan la supervisión y atienden querellas en toda la Isla.
A juicio de Petrovich, el ICP ha perdido poder y personal para vigilar que la construcción cumpla con la reglamentación vigente.
“Hace muchos años, cuando yo compré casa en Viejo San Juan, el Instituto de Cultura tenía un poder bastante significativo y se aseguraba de que todas las construcciones estuvieran acorde con unos principios relacionados a la protección del patrimonio histórico y que los materiales fueran acorde a la época”, sostuvo.
“Con el tiempo el instituto ha perdido poder, personal y presupuesto. Así que ese monitoreo que hacía antes, ahora no tiene el personal para hacerlo. Han llegado inversionistas que desconocen el asunto del patrimonio histórico, no hay mucha gente que los oriente, y si los orientan no les importa mucho. Entonces, hacen construcciones para adecuar el edificio a usos diferentes”, enfatizó.
Reacciona el municipio
En declaraciones escritas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, señaló que ha “presentado un proyecto de ordenanza —que está radicado— para establecer un registro de propiedades que se dedican al alquiler a corto plazo. A través de dicha medida, uno de nuestros objetivos es asegurarnos de que se cumple con las leyes y las limitaciones de las agencias reguladoras”, mencionó.
Contrario a las declaraciones de Balvanera, Romero puntualizó que “la política pública sobre la protección del patrimonio histórico edificado es un campo ocupado estatal por la Oficina para la Preservación Histórica y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. El municipio se ciñe y colabora con los esfuerzos de dichas entidades”.
Recalcó que su administración ha presentado interdictos en los tribunales para que se ordenen planes de mitigación y corrección para edificios en el Viejo San Juan.
Querellas y multas
De 2016 a 2022, el Programa de Patrimonio Histórico Edificado informó que ha trabajado 27 querellas en San Juan. En el mismo periodo gestionaron 13 Boletas de Multas Administrativas en la ciudad capital, de las cuales nueve corresponden a la zona histórica.
“Lo que es importante en términos generales es el respeto de los materiales históricamente originales. Es decir, si el edificio está construido de piedra o de ladrillo, o de mampostería con mortero de cal… estos materiales es lo que procuramos conservar. Las formas tradicionales de sus ventanas, de la forma de sus puertas, el balcón, que sea cónsono si es una rehabilitación o una remodelación con lo ya existente. De acuerdo a esos parámetros de diseño, de materiales, y de acuerdo dónde se encuentra específicamente la propiedad, es que entonces se regula”, informó Balvanera a EL VOCERO.
El Reglamento de Procedimientos Administrativos del Programa de Patrimonio Histórico Edificado (Vigencia 3 de abril de 2009), Capítulo 12, declara que “el Instituto podrá imponer una Multa Administrativa cuyo monto no excederá de diez mil ($10,000) por cada infracción, incumplimiento o violación…”.
Si el caso se trata de demolición total o parcial —sin el endoso del ICP— la multa será la máxima de $10,000. En situaciones en las que continúe el incumplimiento de cualquier resolución, el Instituto de Cultura podrá imponer una Multa Administrativa de hasta un máximo de $50,000.
“Para levantar una querella al respecto, puede ser incluso un vecino o una persona que entienda que hay que levantar bandera o hacer la denuncia, siempre teniendo en cuenta el tipo de intervención, se puede hacer directamente a través de los municipios, a través del instituto. Si ya es un proyecto mayor, tiene que ser a través de la oficina de gerencia de permisos, no a través de nosotros”, aseguró Balvanera.
FUENTE: elvocero.com
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