Piden acciones concretas en la fiscalización de administradores de beneficio de farmacia

ranscurridos cuatro años desde la aprobación de la Ley 82 de 2019, que regula a los administradores de beneficios de farmacia (PBM por sus siglas en inglés), el gobierno no ha comenzado a fiscalizar a estos intermediarios, lo que continúa encareciendo el sistema de salud en la isla, denunció la Asociación de Farmacias de Comunidad (AFC). Linda Ayala, directora ejecutiva de la AFC, recordó que la Ley 82 tardó una década en aprobarse, y tras ese logro, el gobierno sigue sin actuar. El estatuto quedó en un limbo hace unos tres años en medio de una disputa judicial porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solicitó al gobierno conocer el impacto de la medida en el Plan de Salud del Gobierno (PSG) y en el presupuesto gubernamental. Tocaba a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentar los análisis necesarios acerca de la Ley 82 de 2019, pero la agencia no ha presentado estudio alguno a la JSF. En ese sentido, Ayala solicitó que se informe el estatus de las gestiones realizadas por la Aafaf para cumplir con los requisitos del tribunal del Título IIIy del Circuito de Apelaciones, que también vio el caso, para la implantación del mencionado estatuto. El año pasado, el Tribunal de Apelaciones de Boston validó la decisión del foro de primera instancia federal al señalar que el gobierno no había demostrado el potencial impacto presupuestario de dicha Ley. Los estimados del gobierno señalan que la puesta en vigor de la Ley 82 costaría poco más de $475,000, cifra que la JSF rechazó. Pesquisa legislativa La implantación de la Ley 82 de 2019 es objeto de una pesquisa en la comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Este miércoles, la comisión, que investiga el asunto por mandato de la resolución cameral 282 de la presente asamblea legislativa, debe recibir la comparecencia del director ejecutivo de Aafaf y secretario de Estado, Omar J. Marrero, La comisión ha citado a Marrero en tres ocasiones anteriores, pero el funcionario no ha comparecido. Ayala mencionó que se supone que la Administración de Seguros de Salud(ASES) haya hecho un estudio actuarial de cuánto será el impacto de la implantación de la Ley 82 de 2019 para esa dependencia. Asimismo, el Departamento de Salud debe presentar un plan de trabajo y presupuesto detallado para poner en vigor el estatuto. “Estamos en el proceso de la aprobación presupuestaria para el próximo año fiscal. Es importante saber si la Aafaf ha cumplido con la orden del Tribunal de gestionar los estudios de costos solicitados y si se ha solicitado la inclusión de alguna partida en el próximo presupuesto para atender la implantación de la Ley 82. Urge actuar, ya que ninguna agencia del país tiene jurisdicción para pasar juicio sobre las acciones de los PBM’s en menoscabo de pacientes y los proveedores de salud como las farmacias de la comunidad”, manifestó la directora ejecutiva de la AFC. Los manejadores o administradores de beneficios de farmacia son el único eslabón en la cadena de prestación de servicios de salud que no están regulados por ninguna entidad. Son compañías intermediarias entre los planes médicos y las farmacias, y determinan, entre otras cosas, cuánto dinero reembolsan a las farmacias del costo de los medicamentos. Además, deciden qué fármacos se incluyen o excluyen de los formularios de medicamentos, según Ayala, y “deciden, de forma arbitraria, cuánto se les paga a las farmacias por los medicamentos que despachan al paciente”. “Continuamos dando la batalla para que los PBM’s sean regulados por las limitaciones que los pacientes experimentan en el acceso a los medicamentos y a los tratamientos para sus condiciones de salud. Hacemos un llamado urgente para que se actúe con premura para regular el PBM cuyas prácticas afectan a pacientes y farmacias”, manifestó la ejecutiva.