Piden al juez Gelpí supervisar las transacciones de venta de la Arquidiócesis

Dos jubiladas de colegios católicos, que reclamaban al Fideicomiso del Plan de Pensiones de Escuelas Católicas el pago de sus pensiones, solicitaron al juez federal Gustavo Gelpí, que supervise las transacciones de venta o disposición de activos de la Arquidiócesis, a fin de que se protejan los intereses de los participantes. “Nosotros lo que queremos es que el Tribunal entre a supervisar un poco esas transacciones y que nosotros podamos poner a la Iglesia en posición de que nos divulgue un poco más información de la que ha dado, que ha sido ninguna. No estamos aquí en una guerra sin tregua de que esto no se puede vender. Para nosotros una propiedad específica de la Arquidiócesis tiene la misma condición que cualquier otra propiedad o cualquier otro activo que tenga la Arquidiócesis”, afirmó Luis Vivaldi, abogado de dos de las demandantes. Esta es la segunda moción que se radica, para que se protejan los activos del pan. “No estamos haciendo mención sobre la venta de las propiedades recientes. No conocemos los términos, no conocemos el valor de esas propiedades, no conocemos la transacción como tal y no tenemos tampoco ningún interés en oponernos a esas transacciones en la medida en que fueron transacciones debidamente supervisadas y que supuestamente el dinero se estaría utilizando para pagar deudas del plan”, acotó. Agregó que “estamos reclamando contra varias escuelas en el caso de nosotros, las escuelas como patrono y más bien lo que buscamos es el aseguramiento del cobro de esas pensiones que se le deben a los maestros de cada escuela de forma garantizada con la propiedad del patrono, que, en ese caso, sería supuestamente el edificio de la escuela”. Las demandantes, Norma Cardoza y Cándida Pérez solicitan que se les proporcionen los estados financieros, incluidas las cuentas por cobrar detalladas, la contabilidad y el libro mayor de la Academia San José, el Colegio Padre Berríos, la Arquidiócesis de San Juan y el Fideicomiso de Pensiones. Asimismo, que se le provea el historial de contribuciones, retiros, monto devuelto a los empleadores y/o a la Arquidiócesis. También se debe incluir el monto, la fecha y los beneficiarios del fideicomiso desde 1979 para cada empleador participante que contribuyó al Plan. De igual forma, que se le suministre una lista de activos, incluidas las propiedades inmobiliarias en las que operan las escuelas y que se incluya copia de la escritura y los documentos para sustentar la propiedad de dicha propiedad inmobiliaria. A su vez, que se le provea el Estado de Cuentas de Inversión mantenido por el Plan desde 1979 y que se indique el monto de las pérdidas de inversión resultantes de una mala inversión, según lo sostenido por el Plan durante ese período. El 24 de febrero de 2020 el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la Iglesia Católica de Puerto Rico, tras revocar al Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el pleito incoado por maestros y jubilados de colegios católicos, quienes reclamaban al Fideicomiso del Plan de Pensiones de Escuelas Católicas el pago de sus pensiones el cual quedó insolvente. El Fideicomiso del Plan de Pensiones de Escuelas Católicas recurrió ante el Tribunal Supremo federal para paralizar el embargo de millones de dólares, ordenado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y confirmado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ello, porque se estaban embargando las diócesis de Ponce y Mayagüez que no fueron parte de la demanda radicada por los maestros sobre el Plan de Pensiones.