Piden cambios en las reglas de juego para avanzar en la reconstrucción

El gobernador Pedro Pierluisi solicitó ayer al Congreso que se enmiende la Ley federal Stafford para que se le permita a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) consolidar como un solo desastre los trabajos de recuperación por María y por Fiona, para aligerar la carga administrativa y avanzar en los esfuerzos de reconstrucción. Asimismo, pidió que se provea el 100% de pareo de fondos federales para aquellos proyectos financiados por FEMA que están relacionados con la energía. Del mismo modo, pidió que -debido a la inflación y su efecto en los costos de los materiales- FEMA permita ajustar los estimados de costos fijos de los proyectos aprobados. Mientras, avaló la propuesta de Raúl Grijalva, presidente del comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal para que se asignen $5,000 millones para establecer microrredes de energía generada por fuentes renovables alrededor de la Isla, mediante la instalación de paneles solares y baterías de almacenamiento en hogares de personas de escasos recursos y/o discapacitadas. Las peticiones del mandatario surgieron durante el segundo día de audiencias públicas del comité congresional que evalúa la reconstrucción del sistema energético afectado por los huracanes Irma, María y Fiona. Durante su alocución, defendió los pasos que se han dado en los últimos dos años para avanzar en esa reconstrucción. “Si bien reconocemos que ha habido demoras, se ha establecido el camino hacia la modernización y estamos comprometidos a brindar un servicio eléctrico moderno y confiable a todos en la Isla. La reconstrucción de la red por parte de LUMA está en marcha con cientos de subestaciones reparadas, miles de postes y luminarias reemplazadas y más de 33,000 nuevos clientes de energía solar conectados”, aseguró el gobernador. “Además, el Negociado de Energía de Puerto Rico ha aprobado 389 proyectos financiados por FEMA, 90 proyectos están en la fase de diseño, 43 proyectos están esperando la aprobación de FEMA, 51 proyectos ya han sido aprobados por FEMA y 40 proyectos están en construcción”, agregó. Según Pierluisi, junto a FEMA se ha podido eliminar parte de la burocracia que no permitía avanzar en la obligación de los fondos. Confirmó además que se construirá una nueva planta generatriz de gas natural, como lo aprobó hace unos meses el Negociado de Energía, que producirá 300 megavatios (mV) con lo que se espera darle estabilidad al sistema a largo plazo, una vez entren los proyectos industriales de energía renovable a sustituir las unidades que generan con combustibles fósiles. El gobernador informó que comenzaron a “administrar” $1,300 millones en fondos CDBG-DR para colocar paneles solares y baterías en comunidades remotas y en agencias de primera respuesta. El primer proyecto bajo ese fondo se establecerá en el Centro Médico, único hospital de trauma que tiene la Isla. Las propuestas de diseño y construcción del sistema para el hospital deberían estar listas a principios del próximo año, aseguró Pierluisi. De otra parte, el mandatario nunca le indicó a los congresistas en qué dirección se enfocan las negociaciones con LUMA Energy a menos de dos semanas para que venza el contrato suplementario. Solo se limitó a repetir los posibles escenarios: que se renegocien los términos del contrato actual en lo que se resuelve la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que entre en vigor el contrato base que impone bonificaciones y penalidades según las métricas de servicio que no están detalladas aún, o que inicie un periodo de transición para un nuevo ente privado que maneje la transmisión y distribución de energía. La legalidad del contrato Pierluisi expresó que salir de LUMA en este momento sería una “pesadilla” que atrasaría los trabajos de reconstrucción de la red eléctrica. Asimismo, hizo hincapié en la evaluación del Departamento de Justicia sobre la legalidad del contrato al establecer que no había nada incorrecto en sus términos y cláusulas. A preguntas de la comisionada residente, Jenniffer González, personal de LUMA reconoció que nunca pidió a la American Public Power Association la colaboración de su personal para trabajar durante la emergencia por Fiona. Shay Bahramirad, vicepresidenta sénior de ingeniería, dijo que movilizaron 28,000 empleados diestros y 25,000 vehículos de sus empresas matrices. Sin entrar en detalles, Mario Hurtado, vicepresidente del consorcio, mencionó que actualmente no tienen subcontratos con esas matrices, pero aceptó que se firmó un contrato con una de sus filiales por el manejo del sistema durante la emergencia. LUMA tendrá que someter a la comisión el documento. Emilio Colón Zavala de la Asociación de Constructores de Puerto Rico indicó que el avance ha sido lento y que tan solo en lo que va de este año los apagones han tenido un impacto de $168 millones en pérdida para la economía del Puerto Rico, mientras que se espera que -de no mejorar el sistema- para 2023 ese impacto ascendería a $700 millones. “Es un asunto de seguridad nacional”, afirmó. Charlotte Gossett Navarro, directora en Puerto Rico de Hispanic Federation, alertó que en medio de la transición a energía renovable no se deben sacrificar terrenos de alto valor agrícola para levantar proyectos industriales, cuando existe la posibilidad de aumentar la cantidad de paneles solares en los techos de las casas y otras estructuras. Asimismo, destacó que para asegurar el buen uso de fondos federales se tiene que aumentar la transparencia. Precisamente, Hurtado reconoció que al informar las personas con servicio eléctrico lo hacían con información que no está actualizada sobre los abonados que están conectados a cada alimentador. Alegó a preguntas del congresista puertorriqueño Ritchie Torres que fue por esa razón que no pudieron informar la cantidad de clientes sin servicio por municipio y lo tuvieron que hacer por región. “La meta es (que lo informes se hagan por municipio). Nos estamos moviendo a eso. No estamos allí todavía. Es un proceso de muchos años para llegar allí. Estamos limpiando los datos para que reflejen la realidad… pero no tenemos los datos granulados para reportarlos de esa manera”, admitió Hurtado. A preguntas de Grijalva, Hurtado también reconoció que tienen que pasar tres años consecutivos de incumplimientos con las métricas para que entonces se ponga en juego la continuidad del contrato base. El congresista criticó que no haya mecanismos de cumplimiento más robustos para que cumplan con un buen funcionamiento porque al final del día las consecuencias las paga la gente. Cuando la congresista Nydia Velázquez, también puertorriqueña, preguntó acerca de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica como parte de todo el proceso, el gobernador afirmó que no apoyaría ningún acuerdo que sea insostenible. Y aunque no pudo confirmar que litigaría en los tribunales todo acuerdo desfavorable para la gente, Pierluisi indicó que no “permitiría” una carga tan grande que cause aumentos extraordinarios en las facturas del servicio eléctrico. “Tiene que ser módico”, expresó.