Piden más acción para asistir a las víctimas de violencia de género

En el transcurso del corriente año fiscal, 2,635 órdenes de protección han sido denegadas en los tribunales del País, y aunque los factores varían de caso en caso, expertos aseguran que hay un denominador común: el desconocimiento y falta de orientación a las víctimas a nivel judicial, lo que provoca el desánimo, la omisión de detalles en el relato de los hechos y el eventual archivo de la petición de auxilio. Madeline Bermúdez, subprocuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), sostuvo que es “un proceso que agota a la víctima. Uno de los fallos es el desconocimiento, cuando no se reconoce que hay organizaciones en las distintas ramas judiciales que proveen un servicio de apoyo y orientación. Hay intercesoras e intercesores disponibles que pueden acompañar a la víctima para poder enfrentar el proceso”. Según estadísticas ofrecidas por la OPM, hay 99 intercesores certificados alrededor de la Isla. Y aunque no se establece por ley que cada víctima debe estar acompañada por un intercesor legal, consideran que es recomendable. Se reconoce como estatuto legal el derecho que tiene la víctima de violencia de género —si así lo quiere— a estar acompañada por un profesional, ya sea psicólogo o intercesor, o un familiar. “Uno de los fallos es cuando la víctima no se puede expresar bien sobre lo que le está ocurriendo. Si vamos al aspecto procesal, es no relatar bien los hechos. Pero en la medida en que pueda estar acompañada de un profesional, eso adelanta el proceso y empodera a las víctimas”, agregó Bermúdez. A veces la peticionaria omite declarar algún patrón de conducta por parte de su agresor, por ejemplo, porque entiende que no es “importante” o “relevante”, señala Bermúdez. Asegura que tampoco describen cómo se sienten con la conducta de su agresor. “El juez no puede inferir lo que no escucha. Le tiene que decir al juez que para usted el hecho, lo que vivió, la hizo sentir de ‘x’ o ‘y’ manera. Muchas veces tenemos esos casos donde le relatan una situación, pero no dicen cómo se sienten. ¿Teme por su vida? Es importante que lo diga”, puntualizó. Para Víctor Casiano, director de la división legal de la OPM, “son situaciones que afectan adversamente la solicitud” de asistencia. Apuntó a que a veces hay una gran diferencia cuando la víctima va sola o está acompañada, recibiendo orientación legal, porque de ordinario no se conocen los aspectos procesales de los tribunales. “Y es importante que abunden en su relato. A veces, en la medida que se va acercando la vista final, se impacta el relato porque se retractan… Otras veces desean reconectar con el agresor”, indicó. “Cuando están acompañadas, siempre se les dice que digan todo y que se reafirmen en su solicitud. Muchas de ellas sufren presión hasta de la familia”, añadió. “El juez tiene la obligación de orientar” Casiano señaló que el juez tienen la obligación de orientar a la persona peticionaria de la orden de protección sobre las ayudas disponibles y sobre la entrevista que debería tener con el intercesor. “Si la víctima llega al tribunal, el tribunal debe orientar a que busque ‘x’ o ‘y’. No es una facultad de asesoramiento. Hay una diferencia entre asesorar y orientar”, explicó. —¿Y qué ocurre cuando un caso no prospera?, cuestionó este diario. La subprocuradora de las Mujeres contestó que, en ese caso, hay un término de menos de 20 días para que se solicite la reconsideración. Mientras que Casiano agregó que la misma ley dispone que el caso se debe “ver de inmediato porque es una solicitud de emergencia”. Falta de salas especializadas Los casos de violencia de género deben ser atendidos en salas especializadas, pero estos foros son limitados, según apunta Yenitza Soto, intercesora en el Centro de Apoyo para Víctimas del Crimen (Cavic). “No hay salas especializadas en los tribunales municipales, solo hay en regiones. Y si tienes a una persona víctima en Cayey, debe ir a Caguas”, expuso Soto, como ejemplo de la situación actual. Aseguró que se dan los casos en los que las peticionarias no son orientadas sobre la ayuda de los intercesores, lo que provoca tropiezos en el proceso. “Se supone que en cada tribunal haya una intercesora y salas especializadas. Si la víctima va y no se le orienta, muchas veces no va a saber qué pedir o cómo pedirlo. Y muchas veces no dan la información completa de lo que les está pasando”, sostuvo. Según entiende, Andrea Ruiz Costas estuvo sola en el proceso inicial. Ruiz Costas pidió —sin éxito— auxilio de la corte para protegerse de su expareja, Miguel Ocasio Santiago, quien confesó a las autoridades haberla asesinado. “Esa chica entró sola, según la información que tenemos. Solicitó la orden, no estuvo una intercesora y ocurre esto”, indicó. “Tengo entendido que después de que se cayó el caso, (Ruiz Costas) se entrevistó con una intercesora. Pero ya estaba frustrada”, indicó. Ruiz Costas fue asesinada y su cadáver fue hallado parcialmente calcinado en Cayey. “Es una falta de sensibilidad. Los jueces han perdido el norte de lo que es una orden de protección, que es algo preventivo”, lamentó. Vilmarie Rivera, directora de la organización Hogar Nueva Mujer, destacó la importancia de una intercesora legal en situaciones como estas. “Hay una diferencia grande porque las intercesoras tienen el peritaje para poder brindarle a la víctima las herramientas y los procedimientos que se deben seguir en el tribunal. Hace una diferencia enorme, y se necesitan más intercesoras en el País”, apuntó. Agregó que le preocupa los pocos recursos que se brindan a las organizaciones para capacitar a más intercesores. Y cuando un caso se cae, se supone que estos profesionales “no suelten a las víctimas” y de ser necesario, le coordinen quedarse en un albergue y someter una reconsideración de la orden al tribunal. “Están ahí, en cada proceso”, aseguró. “Pero lamentablemente, no se les orienta en muchas ocasiones a las víctimas de estos recursos y se entorpecen los procesos”, puntualizó. Mientras, Katherine Angueira, psicóloga social comunitaria, coincidió en la importancia de que las víctimas acudan acompañadas de una intercesora legal. “Pero una de las cosas más importantes es que esa intercesora tenga la capacitación necesaria para ayudar a la víctima antes de llegar a esa sala, porque las víctimas están en crisis y pueden hablar de forma desorganizada debido al estado temporero de desorganización psicológica en el que están”, apuntó Angueira.