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Los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, enviaron ayer una carta al gobernador Pedro Pierluisi para extenderle “un ramo de olivo” al asegurar que darán el visto bueno a la privatización del sistema de generación de energía, si como parte de esa transacción se cumple con seis puntos, que incluyen: mayor transparencia y la protección de los empleados y sus beneficios en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Solicitaron que cualquier ahorro producto de la privatización se refleje como reducción en la factura del servicio; que no se permita la subcontratación de socios, aliados, subsidiarias ni otras organizaciones ligadas al consorcio con el que han iniciado las negociaciones —identificado como Genera PR—; que la prioridad al subcontratar sean empresas y empleados de la Isla, y que las extensiones del contrato tengan que contar con el voto unánime de los dos representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), como lo ordena la Ley 120-2018.
El objetivo de estos seis puntos es que no se repitan las “fallas” que entienden se cometieron en la negociación del contrato con LUMA Energy para el manejo del sistema de transmisión y distribución, según explicaron.
“Así las cosas, de buena fe y respetuosamente, le solicitamos que garantice un diálogo abierto y transparente, de forma que cualquier eventual contrato de alianza público privada cuente con el aval informado de los representantes del Pueblo”, dispone la misiva al mandatario.
Dalmau expuso que los seis reclamos son básicos para que la transacción ayude al desarrollo económico del País, porque bajo el contrato actual de LUMA no se garantizaron estas medidas y entienden que la gestión del consorcio se realiza “en perjuicio” de los mejores intereses del pueblo.
“Se le ofreció a Puerto Rico un sistema eficiente y más económico, pero dos años después tenemos un sistema deficiente y más caro… Por eso hacemos estos reclamos… que se tienen que hacer valer primero en los tribunales, luego en la Asamblea Legislativa si requiere legislación y si no en las urnas (el 5 de) noviembre de 2024”, indicó Dalmau.
Hernández, presidente de la Cámara, sostuvo que “estamos claros de que vamos para el tribunal el lunes, pero podemos evitar llegar hasta estas consecuencias en la próxima alianza público privada sobre la generación”.
De su lado, Pierluisi indicó que estará “pendiente” a las recomendaciones o sugerencias, para analizarlas de “buena fe” y que la nueva alianza propuesta “se lleve a feliz término”.
“Hay que recordar que la génesis de estas alianzas fue la crisis fiscal del gobierno. Como el gobierno no estaba en posición de estar haciendo emisiones de bonos para grandes obras o grandes mejoras en la infraestructura de Puerto Rico, pues esa es la alternativa… (la) operación y arrendamiento de esa infraestructura”, planteó el gobernador.
“Todos esos activos siguen siendo del gobierno, lo que sí optamos es ponerlos en manos privadas en su operación y administración a cambio de unos compromisos. Así que si vienen con cambios a las alianzas público privadas, voy a estar bien pendiente de que no maten el mecanismo, porque le ha hecho bien a Puerto Rico y le puede seguir haciendo mucho bien en el futuro”, agregó el mandatario.
Impugnación del contrato
Aunque el recurso legal para impugnar la extensión del contrato suplementario a LUMA todavía está en la fase de borrador, los presidentes legislativos adelantaron que establece que se incumplió con la Ley 120-2018.
Esta ley ordena que en cualquier transacción relacionada a la AEE, se tiene que contar con el voto a favor de ambos representantes del interés público en la junta de directores de Alianzas Público Privadas.
El estatuto dispone que el voto afirmativo de los dos representantes debe ocurrir en las transacciones que impliquen pasar a un ente privado cualquier “función, servicio o instalación” de la AEE.
Según Dalmau, la ley se aprobó cuando el Partido Nuevo Progresista era mayoría en la Legislatura, por lo que entiende se debió cumplir con la intención expresada en la medida.
Sin embargo, durante la votación que se hizo el 28 de noviembre de 2022, para extender el contrato de LUMA, los representantes del interés público ante Alianzas Público Privadas, Eduardo Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, se abstuvieron. Aun así, se dio paso a la extensión del contrato por mayoría simple.
“Es un cheque en blanco a una compañía que hasta ahora no ha demostrado la capacidad de dirigir la energía en este País. Se le da el cheque en blanco porque interpretaron a conveniencia que no era necesario el voto de los representantes del interés público para validar eso… Ahora que sea el tribunal que lo interprete”, recalcó el presidente senatorial.
La empresa LUMA, por su lado, indicó que están “enfocados en construir un mejor futuro energético para Puerto Rico, dejando a un lado el pasado y la política”.
“Para que quede claro, nada nos distraerá de esta misión crucial. Sin importar dónde vivas en esta hermosa isla, deberíamos estar entusiasmados con las oportunidades increíbles que nos esperan, las cuales nos ayudarán a alcanzar el futuro energético más confiable, más resiliente y más limpio que nuestros clientes esperan y merecen”, comunicó el consorcio sin responder a las preguntas específicas de este medio.
Mientras que el director ejecutivo de Alianzas Público Privadas, Fermín Fontanés Gómez, expresó su “deferencia” a las acciones de la Asamblea Legislativa” y aseguró que se mantendrá “atento” a las acciones de los presidentes legislativos para evaluar el curso de acción correspondiente.
“Como siempre, en la Autoridad para las Alianzas Público Privadas estamos en la disposición y apertura de aclarar sus preguntas conforme al marco legal y regulatorio que rige los procesos de alianzas público privadas. En lo que sí todos debemos estar de acuerdo es en que la transformación real del sistema eléctrico ya está en proceso y hay que mantenerla en curso”, aseguró por escrito.
Para el representante Luis Raúl Torres Cruz, es correcta la decisión de los presidentes de la Cámara y el Senado de radicar el recurso de impugnación a la decisión de extender el contrato suplementario con LUMA, sin el aval de los representantes del interés público ni de la Asamblea Legislativa.
“Sin embargo, entiendo que se debió haber presentado ante los tribunales de Puerto Rico, ya que es un asunto de política pública establecida por leyes estatales. Además, esta impugnación debió haberse presentado tan pronto la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas tomó la decisión que no cumplió con los requisitos de la Ley 120 – 2018”, puntualizó.
De acuerdo con Torres Cruz, la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía ha realizado una investigación que ha rendido muchos frutos.
“Se identificaron prácticas indeseables de administración inadecuada de fondos públicos, conflictos de intereses, prácticas de contratación indebida, violaciones de ley de parte de LUMA, entre ellas la práctica ilegal de la profesión de la ingeniería”, detalló.
“Además, se encontró que hay un uso cuestionable de los fondos asignados por FEMA para la reconstrucción del sistema eléctrico. Este hallazgo es sumamente preocupante porque representa el riesgo de que se agoten los fondos federales, sin que se haga suficiente obra para lograr que nuestro sistema eléctrico sea uno confiable, resiliente y que brinde el mejor servicio a un costo razonable”, concluyó.
FUENTE: elvocero.com
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