Piden que pena capital no aplique en la Isla

La defensa de Pedro R. Vidal, quien se expone a la pena de muerte por el secuestro y carjacking que desembocó en el asesinato de un vecino del residencial Lorenzana, en San Lorenzo, radicó una moción para que se elimine su aplicabilidad en Puerto Rico. Steven Potolsky, abogado principal del caso y quien es experto en casos de pena capital, argumentó que el referido castigo no debe ser aplicado en la Isla debido a que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no votan en las elecciones de Estados Unidos. Asimismo, solicita al juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo Gelpí, quien preside el caso, la celebración de una vista evidenciaria para crear un récord legal y de hechos para que se revise la orden del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston que concluyó en el caso de pena de muerte contra Héctor Acosta Martínez y Joel Rivera Alejandro que este castigo sí aplica a Puerto Rico. El letrado expone que en la referida audiencia se presentarán testigos y otra evidencia para establecer un récord de hechos de la “irrazonable posición” del gobierno federal. Potolsky destaca que en los siete casos previos de pena capital que se han celebrado en el distrito de Puerto Rico el jurado no ha recomendado esta sentencia, por lo cual los convictos han sido sentenciados a cadena perpetua. Agrega el documento que la naturaleza inconcebible de someter a Vidal a la pena de muerte sin voto ofende la cláusula del debido proceso, la de igual protección de las leyes y la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los castigos crueles e inusuales. “Muerte sin representación es mucho más ofensivo que impuestos sin representación”, apuntó el letrado. Indicó que el gobierno de Estados Unidos continúa tratando a la gente de Puerto Rico de forma altamente ofensiva, irrazonable, racista y que mantiene el “desafortunado” legado de los casos insulares. La pena de muerte no existe en la Isla en virtud de la Ley 42 de 26 de abril de 1929. El 17 de julio de 2001, el entonces juez federal Salvador Casellas acogió los argumentos de Potolsky en el caso de Acosta Martínez de que la pena de muerte era inaplicable en Puerto Rico. Casellas determinó que el Congreso estadounidense no podía imponer una ley de pena de muerte en ciertos crímenes en la Isla porque sus residentes no tuvieron participación en la elaboración del estatuto. “Golpea la conciencia imponer la pena capital, la muerte a ciudadanos americanos a los que se les ha negado el derecho a participar directa o indirectamente en el gobierno que aplica y autoriza la imposición de ese castigo”, concluyó Casellas. Sin embargo, la Fiscalía federal apeló y la corte de apelaciones de Boston descartó los fundamentos del tribunal de distrito y revocó la determinación. Justicia certificó el caso El Departamento de Justicia federal certificó el caso contra Vidal como uno de pena de muerte. El individuo fue acusado junto a otras seis personas por el secuestro y carjacking contra dos hombres, en hechos ocurridos el 21 de noviembre de 2016. La víctima mortal fue identificada solo por sus iniciales J.G.R. y la otra persona como E.R.B. Ambos fueron baleados y metidos en el baúl de un vehículo. Posteriormente, fueron llevados a un punto en Gurabo donde los acusados quemaron el auto. Sin embargo, E.R.B. logró escapar. Aún no se ha señalado la fecha del juicio. Los restantes acusados no están expuestos a la pena capital. Estos son Juan L. Pedro Vidal, José Cruz Piñero, Rafael Marcano Rodríguez, José Ríos Fuentes y Luis Omel Pedro.