Plantean limitar venta de municiones

El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos, se mostró a favor de establecer límites a la compra y venta de municiones -incluyendo un tope a la cantidad de balas que una persona puede adquirir en un año- en su ponencia ante la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes que evalúa un proyecto que busca enmendar la Ley de Armas de 2020. Sin embargo, el funcionario recomendó una serie de enmiendas al Proyecto de la Cámara 1648 en miras a que en el caso de los ciudadanos que practiquen el deporte del tiro al blanco el tope de municiones que puedan comprar anualmente sea de 10,000 y no 5,000 como pretende la medida. Asimismo, el DSP recomendó excluir del límite a instructores de tiro ya que se trata de personal “debidamente certificado por el Negociado de la Policía de Puerto Rico”. La pieza legislativa, de la autoría de los representantes José Bernardo Márquez, Juan Santiago y Carlos “Johnny” Méndez establecería un tope de 500 municiones por cada arma que el individuo tenga licencia para poseer, mientras que en el caso de los cazadores y los practicantes del tiro al blanco, el límite anual por pistola aumentaría a 5,000. De manera similar, en la ponencia, Torres Ríos recomendó eliminar de la medida el concepto de “bonafide” al hacer mención de tiro al blanco para evitar el riesgo de dar la impresión de que la dispensa para superar el tope de las 500 municiones aplicaría únicamente al ámbito deportivo y no así a otros tipos de práctica, incluyendo la recreativa. Sin embargo, el titular del DSP destacó que la rama investigativa del Negociado de la Policía no ha establecido un vínculo directo entre la venta de municiones y la cantidad de asesinatos que ocurren en la Isla. “Debemos ser muy cautelosos al momento de interpretar dicha opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque no se puede contextualizar como una carta abierta para liberalizar en todos los estados el uso de las armas de fuego”, advirtió Torres Ríos, quien recomendó que las enmiendas incluidas en la medida sean consultadas con el Departamento de Justicia, para que esta dependencia pueda emitir su opinión especializada sobre la constitucionalidad de lo pretendido. Por su parte, el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el licenciado Rafael Freytes Cutrera, subrayó la necesidad de establecer una política pública efectiva para supervisar la compra y uso de municiones por parte de personas con licencias. “Atender el problema de las armas de fuego ilegales y el trasiego de municiones requiere poder brindar mayores herramientas de trabajo a las agencias de ley y orden para desarrollar respuestas inmediatas y enérgicas, mediante la recopilación, análisis y evaluación de información que nos pueda conducir a operar de manera metódica y simultánea para intervenir con sujetos que se dedican a la venta ilegal de armas de fuego y municiones alrededor de todo Puerto Rico”, sostuvo el comisionado en su ponencia. Freytes Cutrera propuso enmendar la Ley de Armas para eliminar la restricción actual que limita a la Uniformada intervenir, investigar, revisar y corroborar el uso de las municiones por una misma persona solo cuando se exceda de comprar 20,000 en un año. “(Esto) representa una limitación en poder intervenir, quizás a tiempo, con estos sujetos que hacen un uso ilegal de la licencia de portación emitida por el gobierno”, insistió el funcionario quien aseveró que durante las investigaciones del NIE “sujetos han ofrecido municiones a los agentes encubiertos mediante venta ilegal”. “Hemos realizado transacciones confidenciales para la compra de distintos tipos de armas de fuego, de manera ilegal, con sujetos que, durante el desarrollo de la investigación, advenimos en conocimiento de que poseen licencia de portación”, añadió. Entretanto, uno de los autores de la medida, el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, adelantó que auscultarán con la Oficina de Servicios Legislativos y algunos profesores de derecho sobre los cuestionamientos constitucionales que surgieron en la vista. “Es necesario fortalecer las herramientas legales de las autoridades sobre la compra y venta de armas y municiones en Puerto Rico. En ese sentido, la regulación sobre la cuantía de balas que puede adquirir una persona, así como las facultades investigativas de las autoridades al respecto, son medidas más que justificadas”, concluyó el legislador.