El Partido Nuevo Progresista (PNP) acusó al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de intentar obtener una “ventaja indebida” al radicar una demanda en el ámbito estatal para que se les permita comparecer en las elecciones generales de 2024 de forma coaligada.
La colectividad presentó el 22 de mayo una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia en la que pide que se le permita intervenir en el pleito incoado por el PIP y el MVC impugnando la prohibición de las alianzas y candidaturas coaligadas establecida en la Ley 58-2020, conocida como el Código Electoral.
Igualmente, el PNP solicitó que se determine que la reclamación del MVC y el PIP es “temeraria” y que se le permita presentar alegación responsiva o moción de desestimación en el término concedido a las demás partes en la demanda, que fue presentada la semana pasada por los mencionados partidos.
La demanda fue incoada contra el gobierno, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), su presidente Francisco Rosado, y los comisionados electorales Vanessa Santo Domingo, del PNP, Ramón Torres, del Partido Popular Democrático (PPD) y Nelson Rosario, del Proyecto Dignidad. No se incluyó al PNP como partido.
Agregó que desde los años 70 se viene prohibiendo que se utilice en primarias, y finalmente en el 2011, con la aprobación del Código Electoral, se prohibió completamente. “Nuestra posición es que es una competencia desleal y una ventaja indebida de estos candidatos”, subrayó Santo Domingo.
En ese sentido, destacó que de acogerse este cambio, la fotografía de los candidatos del PIP y MVC aparecerían dos veces en diferentes columnas en una papeleta. Agregó que, incluso, cuando haya controversias en el pleno de la CEE con relación a esas candidaturas, ese candidato tendría dos votos.
“Nuestro Código Electoral también tipifica lo que es un fondo de transportación electoral que se calcula a base del número de votos íntegros que tienen en la papeleta estatal los diferentes partidos. En este caso, esos candidatos tendrían derecho a doble fondo de transportación electoral y tendrían unas ventajas en el Fondo de Financiamiento de Campaña”, mencionó Santo Domingo.
En la demanda, el partido expuso que “tiene interés legítimo en que ningún otro partido o agrupación o candidato opositor tenga más beneficios en el proceso electoral y/o ventajas sobre los candidatos del PNP”. Añadió que el MVC y el PIP busca que se le dé un trato privilegiado en contra de la ley.
De igual manera, el PNP señaló que los partidos políticos debidamente inscritos son parte indispensable en el presente pleito y que no permitir la intervención de los partidos políticos que se oponen a lo solicitado por el MVC y el PIP y que “sufrirían los efectos de la determinación, sería contrario a derecho”.
“Las acciones del demandante intentan lesionar los intereses legítimos de la colectividad política que comparece y buscan invalidar una ley válidamente adoptada bajo nuestro esquema constitucional”, agregó el PNP, al destacar que “se vería afectado si se crea una desventaja en la que sus opositores políticos tendrían más derechos para participar del proceso electoral”.
Igualmente, el PNP estableció en el recurso que “la acción del demandante (en este caso el PIP y el MVC) pretende establecer un marco legal fuera de la Asamblea Legislativa que pondría a unos partidos políticos con ventajas sobre otros, en detrimento de los derechos del PNP, sus candidatos y electores”.
Cuando se anunció la demanda, el licenciado Martín Pérez Santini, coordinador del equipo legal del MVC, indicó en rueda de prensa que “creemos que, como ustedes saben, la Constitución del Estado Libre Asociado no prohíbe las alianzas electorales y las candidaturas coaligadas; lo que lo prohíbe es el Código Electoral aprobado por la Legislatura, que se ha convertido en una camisa de fuerza que no permite que florezca la democracia participativa del pueblo y le estamos dando a Puerto Rico gobiernos de minoría”.
FUENTE: elvocero.com