PPD emplaza a Rosselló y la junta

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, junto al representante Jesús Manuel Ortiz, emplazaron ayer al gobernador Ricardo Rosselló y al presidente de la Junta Federal de Control Fiscal, José Carrión, a revelar públicamente las comunicaciones y acuerdos recientes sobre el recorte en las pensiones de más de 160,000 jubilados. En conferencia de prensa en la sede del PPD en Puerta de Tierra, Torres mostró los dos planes fiscales mas recientes, que incluyen un cambio en la fecha en que entrarán en vigor los recortes a las pensiones. “Se pusieron de acuerdo para diseñar un mecanismo en el que el impacto más grande para los pensionados sea luego de las elecciones del 2020. El gobernador entregó las pensiones a cambio de un toallazo electoral”, dijo. El también senador destacó que el plan fiscal —certificado el 19 de abril de 2018— establecía que los recortes a las pensiones debían comenzar el 1ro de julio de 2019. Con esas reducciones, los ahorros proyectados en el primer año fiscal de recortes para 112,000 pensionados serían de $221 millones, de los cuales $36 millones se reinvertirían en el pago del Seguro Social de los empleados públicos, dijeron los representantes. El ahorro neto para el gobierno sería de $185 millones en un año, agregó Torres. “El plan fiscal enmendado reduce el impacto para el año fiscal 2019-2020 al establecer que el recorte a las pensiones será solamente de entre un 1% y un 5% de las pensiones de 42,002 retirados que, en conjunto con la congelación de pensiones, solo representaría un millón de dólares en ahorros”, indicó el senador. “Ese mismo plan pospone el recorte para la mayor cantidad de retirados del gobierno para luego de las elecciones de 2020, aumentando la magnitud del recorte a $245 millones anuales en promedio, que recaerá a quien sea la próxima administración”, mencionó. Traición imperdonable, dice el representante Ortiz Por su parte, Ortiz indicó que esto es una traición imperdonable del gobernador Rosselló a los jubilados que serán afectados directamente con el recorte de sus pensiones. Ante esa realidad, exigió al gobernador y a la junta que hagan públicas todas las comunicaciones relacionadas al recorte de pensiones entre 2017 y mayo de 2019, especialmente las más recientes. “Esa petición la vamos a hacer por escrito y mediante medidas legislativas. Este requerimiento incluye cartas, correos electrónicos, minutas y documentos relacionados entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Ricardo Rosselló en torno del recorte de las pensiones. El pueblo de Puerto Rico tiene derecho a conocer las negociaciones”, precisó. Las medidas podrían ser radicadas en la Asamblea Legislativa tan pronto como esta semana, aunque ambos legisladores no descartaron acudir a los tribunales para que se hagan públicas las comunicaciones entre el gobierno y la junta fiscal. Reacciona el gobernador Por su parte, el primer ejecutivo indicó en conferencia de prensa que “me da gracia o me sorprende que los que vengan a tratar de conectarme con esa decisión fueron precisamente los que votaron por la Ley 3 para reducir los beneficios a los pensionados, fueron los que para el cuatrienio del 2004 le quitaron los fondos al Sistema de Retiro y ahora tratan de utilizar la demagogia para simplemente llevar un mensaje puramente político”. “Yo los invito a que dejen estas peleas pequeñas a un lado y que se unan a nuestro reclamo para luchar por las pensiones de nuestros jubilados. Esto es bien sencillo, no es solamente una cuestión moral, no es solamente el impacto que esto tiene, es una decisión de política fiscal mala”, puntualizó.