La Junta de Control Fiscal cuestionó a la administración del gobernador Pedro Pierluisi sobre el impacto fiscal que tendría la implementación de la Ley 119-2022, un estatuto con el que el ente tiene “serias preocupaciones”, puesto que pretende aumentar la licencia por vacaciones de los empleados públicos.
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Preocupa a la junta fiscal ley que aumenta días de vacaciones a empleados públicos
Envía misiva al gobierno con los señalamientos en cuanto a la legislación que aún no ha entrado en vigor
El ente calificó de “deficiente” los documentos que proveyó el gobierno, principalmente la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda, que consideran que la ley no tendría un impacto fiscal. Aludió a que se falló en someter datos que expliquen si la ley es cónsona con el plan fiscal.
En una carta enviada el pasado 16 de junio, al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la junta advirtió que la Ley 119 aún no entra en vigor “porque la Junta de Supervisión no ha aprobado los reglamentos de implementación requeridos por las Reglas, Política de Revisión de Reglamentos y Órdenes establecidos conforme a la Ley Promesa”.
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