Presentan cargos por obstrucción contra manifestantes arrestados en Minillas

El Departamento de Justicia presentó ayer, jueves, cargos menos grave por obstrucción a la autoridad pública y obstrucción al acceso de edificios donde se ofrecen servicios gubernamentales contra cinco empleados de la Autoridad de Carreteras y Transportación que ayer en la mañana fueron arrestados durante una manifestación en el Centro Gubernamental Minillas, en Santurce. La portavoz de la agencia, Joan Hernández, aclaró a El Nuevo Día que la radicación no se completó y, en su lugar, el tribunal suspendió los trabajos de la vista de causa para arresto (Regla 6) hasta el próximo 18 de marzo, día en que se determinará si existe o no causa para entablar el proceso judicial contra los funcionarios. Dos de los arrestados, Alvin Díaz Díaz y Ángel Pinto Rivera, enfrentarían un cargo menos grave cada por violación al artículo 246 del Código Penal, por resistencia u obstrucción a la autoridad pública. Mientras, Iván Alberto Álvarez Maldonado, Jesús Anguita Serrano y Joel Hance Collazo enfrentarían dos cargos cada uno por violación al artículo 246, así como violación al artículo 247, por obstrucción de acceso o labor a un edificio donde se ofrecen servicios gubernamentales al público. El fiscal Edmanuel Santiago Quiles está a cargo del caso. Los empleados unionados del sindicato ProSol-Utier (Programa de Solidaridad de la Unión de Trabajadores Eléctricos y de Riego) realizaron la manifestación en reclamo por justicia salarial y comenzar el proceso de negociación colectiva que está detenido desde el 2014. “Cerramos el edificio. Hoy llegó el ‘CarreterasFlu’. Nos unimos al llamado de cientos de servidores públicos que exigen justicia salarial, mejores condiciones de trabajo y un retiro digno”, expresó Pinto Rivera, presidente del Capítulo de la Autoridad de Carreteras de ProSol-Utier, previo a su arresto. El cierre de los accesos en las torres del Centro Gubernamental Minillas comenzó a eso de las 5:00 a.m., con empleados ubicando líneas de piquetes en los accesos vehiculares. Pero, a eso de las 6:30 a.m., la Policía llegó área y exigió que removiera los vehículos que los manifestantes habían apostado en los accesos. Los manifestantes accedieron a moverlos, pero mantuvieron la línea de piquete. Por su parte, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, tronó contra el despliegue de la Policía ayer contra los manifestantes y acusó al gobierno de enviar el mensaje incorrecto a los empleados públicos. “Vimos el despliegue de una unidad de arrestos especiales y extradición, para intervenir en una manifestación de cinco personas. El estado trató de enviar un mensaje de amedrentar a los trabajadores. Los visuales que el país vio creó mayor indignación en los hombres y mujeres que reclaman justicia salarial y retiro digno”, señaló el líder sindical en entrevista con Radio Isla 1320. “Las condiciones de empleo y salariales son de miseria en el servicio público. [...] No solamente es justicia salarial y retiro digno, la gente está protestando porque si antes escogían peso a peso qué comprar, ahora no hay forma de escoger peso a peso ahora escogen qué pagan y qué no pagan, porque la inflación, la gasolina, la compra, el aumento de la luz... es exorbitante y por eso la gente está en la calle”, abundó. Figueroa Jaramillo indicó que ProSol-Utier es una ramificación de la Utier, pero cuenta con su propia personalidad jurídica y junta de directores. “Nosotros usamos la fuerza necesaria que debíamos utilizar para lograr el arresto, basado en la resistencia que ellos tuvieron”, sostuvo en entrevista radial, por su parte, el teniente coronel Orlando Rivera, quien supervisó la intervención ayer frente a las oficinas gubernamentales.