Prevén recorte de $95 millones al presupuesto de Educación Especial

El proyectado recorte de $95 millones al presupuesto del programa de Educación Especial, que beneficia a sobre 110,000 estudiantes, podría afectar la cantidad de terapistas y en consecuencia la disponibilidad de terapias, y producir recortes en los servicios de transportación y en la contratación de maestros y asistentes. Así lo advierten tanto el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, como representantes de las organizaciones que defienden los derechos de los estudiantes de educación especial y líderes magisteriales de la agencia. El recorte presupuestario ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Entre los entrevistados hay preocupación porque el recorte millonario ocurriría luego del año escolar a distancia a causa de la pandemia de covid-19, que ha provocado el rezago académico de miles de estudiantes del sistema público, particularmente los de educación especial. Ramos Parés destacó que entre las áreas que se verán más afectadas con la reducción en fondos está la contratación de maestros especializados y los empleados T1, así como la parte de transportación. Los T1 son los Asistentes de Servicios Especiales al Estudiante, que están a cargo de colaborar con la seguridad, salud y educación del estudiante en el programa de Educación Especial. “Mi rol es asegurar que esos servicios estén. Estaremos usando fondos no recurrentes para paliar el déficit”, indicó el funcionario, pero admitió que el nuevo presupuesto plantea retos significativos para la agencia. El titular de Educación explicó que el recorte podría subsanarse con parte de los fondos federales que llegarán a la Isla, pero puntualizó que la adjudicación de ese dinero conlleva otras consideraciones. Afirmó que a futuro el recorte podría representar un problema, debido a que la asignación de fondos federales se fundamenta en el presupuesto de la Isla, que si se reduce produce recortes en el resto de los recursos. “Vamos a atender esto con fondos no recurrentes, que eran para proyectos especiales, con miras a la recuperación académica y el retorno a la normalidad. En años venideros estaremos trabajando con la situación de que —si en efecto se da un recorte en la inversión estatal— hay que considerar si solicitamos una exención al gobierno federal para no ver otros recortes”, anticipó. Por su parte, Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, rechazó que sean los grupos más desaventajados los que sufran el impacto de los recortes presupuestarios bajo evaluación de la Junta de Control Fiscal. “Este presupuesto no reconoce las implicaciones de la pandemia y el rezago que han tenido estos estudiantes. Es como si no hubiese ocurrido”, expresó Warren, quien ha dedicado décadas a luchar por los derechos de los estudiantes de educación especial. “Con esto merma grandemente la posibilidad de que se ofrezcan los servicios de manera adecuada y continua. Ayer (miércoles) hicimos una vigilia en La Fortaleza para llevarles esto porque no tiene sentido que después de terremotos, pandemia y el encierro —cuando los estudiantes de educación especial han tenido una menor oportunidad para aprender— aprueben un presupuesto que va a crear una crisis en términos de los servicios”. La revisión de Educación a la tarifa que se paga a los terapistas a través del programa de Remedio Provisional, indicó Warren, implicará que se reduzca la cantidad de terapistas y con esto el acceso a las terapias. Victoria García Montalvo, maestra de educación especial en la Escuela Severo Colberg Toro, en Cabo Rojo, manifestó que el recorte de $95 millones impactará todos los aspectos de un programa, que ya ha sufrido reducciones presupuestarias a través de los años. Recordó que hay otras promesas a los maestros que se han quedado en el tintero, como la carrera magisterial, con la cual prometieron beneficios a los que recibieran adiestramiento adicional. “Mi experiencia con las terapias aquí en Cabo Rojo —donde los especialistas son más difíciles de conseguir y los terapistas ocupacionales son los menos que se consiguen— es que se ha incrementado la falta de profesionales para ofrecer servicios”, relató. “Antes teníamos corporaciones que ofrecían servicio a tres y hasta cuatro estudiantes y los estudiantes recibían el servicio. Este año los contrataron y cada psicólogo podía tener 140 niños, quizá más”, puntualizó García. Una de las explicaciones que se han ofrecido para el recorte presupuestario es que la matrícula en las escuelas públicas se ha reducido. Sin embargo, la senadora independentista María de Lourdes Santiago entiende que la reducción en matrícula no compara con el recorte propuesto. “Entre 2018 y 2019 la matrícula era de 114,223 estudiantes en Educación Especial. En 2019-2020 la matrícula es de 111,034. La reducción es de poco más de 3,000 estudiantes y eso es una ínfima parte. La realidad es que con el presupuesto del año pasado había miles de estudiantes que no estaban recibiendo los servicios. Si me dijeran que nos consta que todos están recibiendo un servicio de primera y que se ha demostrado que con la asignación presupuestaria es suficiente... pero ese no es el caso”, afirmó. Por su parte, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, se expresó preocupada por el efecto que tendrá este recorte en la matrícula de los estudiantes con necesidades especiales. “Sin duda habrá más necesidad en agosto, con el rezago de los niños y niñas luego de la pandemia... con una educación virtual en la que el gobierno falló en proveer a tiempo el equipo necesario”, indicó. El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, dijo en declaraciones escritas que se debió identificar fondos de otras áreas para cumplir con esta población escolar “que sabemos que por años ha sido mal atendida y más en este año de pandemia”. “El presupuesto de Educación Especial no debió haber sido alterado porque sabemos que esos estudiantes deben tener una atención individualizada y especializada, distinta a la de un estudiante de la corriente regular”, abundó Bonilla. Hablará con Cardona sobre el síndico Por otro lado, Ramos Parés informó que espera reunirse con el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, quien viajará a la Isla este fin de semana. No descartó discutir con el funcionario de origen puertorriqueño la imposición del síndico a la agencia. La firma Álvarez y Marsal realiza la gestión de síndico en Educación a un costo de $79.6 millones por dos años. “Eso es un tema que está sobre la mesa. Es un tema que no voy a negar que ha sido discutido, pero en este momento no hay una petición formal. Es un tema que tiene que evaluar un secretario en propiedad”, expuso el jefe interino de Educación. “Corresponderá al secretario en propiedad tomar esa decisión. El contrato entró en vigor en abril y lo que ha sucedido es un proceso de recopilación de información y avalúo de los procesos que se llevan a cabo”, agregó. En tanto, los líderes magisteriales entrevistados informaron que no han recibido todavía confirmación de que podrán hablar con el secretario de Educación federal.