Proponen el "cargo heredado" por deuda de la AEE

Luego de cinco años y dos propuestas que no prosperaron, la Junta de Control Fiscal (JCF) presentó ayer un nuevo Plan de Ajuste (PAD) para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que podría conllevar un cargo promedio en la factura de los clientes ascendente a $19 mensuales. La deuda se pagaría mediante un cargo híbrido a los clientes que consiste en una tarifa fija por estar conectado al sistema y un “cargo volumétrico” según la cantidad de consumo, se informó. El ente fiscal federal indicó que se excluiría del cargo por conexión y del cargo por kilovatio hora (kWh) hasta un tope de consumo de 500 kWh mensuales a aquellos clientes residenciales con bajos ingresos que cualifiquen. “Cerca de la mitad de los aproximadamente 1.4 millones de clientes residenciales de la AEE no pagarían ningún cargo heredado de la AEE si consumieran menos de 500 kilovatios-hora de electricidad por mes”, explicó David Skeel, presidente de la JCF. “Los clientes que reduzcan el consumo de energía se verían menos afectados”. El plan -que todavía debe pasar por varias negociaciones y la eventual aprobación de la jueza Laura Taylor Swain- propone reducir a casi la mitad, los sobre $10,000 millones en deuda actuales y otras reclamaciones de la AEE, a aproximadamente $5,680 millones. Aunque se reconoce que estos cargos deben tener la aprobación del Negociado de Energía, la junta fiscal sostuvo que las tarifas de la AEE deben incluir las obligaciones sobre la deuda. Según la junta, este PAD permitiría a la AEE ponerle fin a la quiebra y brindaría estabilidad financiera para invertir “en un sistema energético moderno, resistente y fiable, esencial para que la economía de Puerto Rico crezca”. “Cada miembro de la junta tiene conciencia plena de que este cargo heredado de la AEE es doloroso para Puerto Rico”, afirmó Skeel. “Los clientes no son culpables de la quiebra… (pero) no hay forma legal de borrar por completo los pasivos de la AEE”, expresó el ente fiscal en comunicado de prensa. Lo que procede ahora es que se apruebe la Declaración Informativa que es el documento en el que se tienen que explicar las razones por las cuales se determinó recortar cada deuda y debe tener información suficiente para que los acreedores decidan si aceptan el plan o no. La vista sobre esa declaración se fijó para el 28 de febrero. Cuando se le dé paso a la Declaración Informativa, se distribuirá entre todos los acreedores y se les dará un plazo para que lo acepten o lo rechacen. Si la mayoría lo aprueba y LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución, no presenta objeciones, entonces la jueza podría aprobar el PAD, y en paralelo entraría en vigor el contrato base del consorcio, explicó el licenciado John Mudd especialista en quiebras. La jueza dio hasta junio de este año para aprobar el PAD, luego de que se superen todos los pasos. El gobernador Pedro Pierluisi indicó que el Negociado de Energía es la entidad que tiene la potestad en ley de determinar el monto de los cargos que se incluyen en la factura de la luz y la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) exige que el PAD cumpla con esa reglamentación. “Anticipamos que, como resultado de la Alianza Público Privada para los activos de generación, así como la transición a generación de energía renovable, los costos de la AEE van a reducirse, por lo cual no necesariamente esta reestructuración va a resultar en un aumento en los costos…. Nuestra posición será informada al Tribunal”, expuso el mandatario. Mudd señaló que los números sugeridos “pueden cambiar en cualquier momento” y dijo que es importante entender que hay unas deudas que son muy altas y se tienen que pagar. Deben oponerse Por su parte, el economista Heriberto Martínez indicó que hay oportunidad para recortes más amplios toda vez que algunos de los acreedores tienen bonos no asegurados que al momento de su compra sabían que no había garantías. Por ello, entiende que “todas las instituciones en Puerto Rico” deben oponerse y “solicitar un recorte mayor” para evitar un impacto adverso sobre la economía en momentos en que volvieron a aumentar las quiebras de negocios e individuales, prácticamente se han acabado las ayudas por la pandemia y hay un alza en los intereses. “Un aumento como este aprieta mucho a las familias y pequeños negocios y va a producir dos efectos naturales: una mayor migración, lo cual reduce la cantidad de clientes y la base que pagaría la deuda y una mayor cantidad de personas invirtiendo en placas solares… lo que conllevaría renegociar la deuda en el corto plazo y produciría condiciones precarias de vida en Puerto Rico”, declaró. Efecto en la clase trabajadora El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres, estimó que es mínima la cantidad de abonados de la AEE que consume menos de 500 kWh en el ciclo de facturación. “Lo que hemos examinado es que la mayoría de los abonados consume sobre 500 kWh, por eso es que me gustaría que le presentaran al País el número de abonados que consumen menos de eso. Entonces, serían aquellos que viven solos, que tienen estufas de gas, ni aire acondicionado, y que no conectan nada de sus cosas. En Puerto Rico, la familia promedio consume de 800 kWh en adelante por ciclo de facturación”, manifestó. A su entender, la llegada de Genera PR, como operador de las plantas generatrices de la AEE, también puede tener otro efecto sobre la tarifa. Señalan a Pierluisi Los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau culparon al gobernador por actuar en “componenda” con la JCF y por fallar en alcanzar una negociación que no afecte más el bolsillo de las familias en la Isla. Hernández se refirió al propuesto cargo heredado como el “electrocutazo azul del Partido Nuevo Progresista”, y criticó que no le permitieran a la Legislatura participar en la negociación. “Hemos propuesto, mediante legislación, redactar un mejor acuerdo en beneficio del pueblo puertorriqueño. El gobernador es el responsable de este nuevo cargo al vetar toda la legislación aprobada en la Cámara y Senado para reestructurar la deuda de la AEE”, dijo. Para Dalmau, el posible aumento “crea una situación insostenible en el costo de la energía eléctrica”, que tendría un efecto nocivo sobre las familias, comercios y las industrias. “Al excesivo costo del servicio eléctrico en Puerto Rico se suma la incapacidad administrativa que impide la reconstrucción acelerada del sistema de transmisión y distribución eléctrico en el país”, opinó.