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Los representantes José “Memo” González y Er Yazzer Morales, autores de la medida que proponía penalizar el aborto con 25 años de cárcel a la mujer, radicaron un proyecto de ley para someter a los convictos por delitos de incesto, agresión sexual y actos lascivos al tratamiento de castración química, para reducir el “apetito sexual” y “ayudar en su rehabilitación”.
González y Morales, representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), radicaron el Proyecto 1658 de la Cámara de Representantes, el viernes, 10 de marzo, en medio de la controversia por la medida sobre la pena carcelaria a la mujer que aborte, que fue retirada el pasado martes.
Los legisladores exponen en la pieza legislativa, que fue radicada a petición de la periodista Cydmarie Fleming, el analista Ferdinand Pérez y el programa de análisis político Jugando Pelota.
En horas de la tarde de ayer, EL VOCERO acudió a la oficina de los representantes para obtener información adicional sobre el proyecto de ley, pero no estaban en el Capitolio.
“Esta pena es solamente contra los hombres, pero la gente sabe que los actos lascivos y las violaciones no es un delito que solamente cometen los hombres. Hay que ver cuán constitucional es que se le impone una pena solamente a los hombres y tan severa como castrarlos, aunque sea de forma química”, expresó el representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico, que tendrá a cargo la evaluación del proyecto de ley.
Añadió que le preocupa “en qué medida este tipo de pena pueda ir en contra de la prohibición de castigos crueles e inusitados que dispone nuestra Constitución y la propia Constitución de Estados Unidos, pero más la nuestra, que es de una factura más ancha”.
Expuso que la violación tiene una de las penas más severas en el ordenamiento jurídico, con 50 años de cárcel.
“Este proyecto propone que después que la persona sea liberada, que cumpla la sentencia de cárcel, entonces se le castigue con una castración química hasta que se muera; o sea, el resto de su vida”, abundó Aponte, sobre la pieza legislativa.
Adelantó que la medida podría verse en esta sesión y que impartió instrucciones para solicitar ponencias a los departamentos de Justicia, Corrección y Salud, al Colegio de Abogados y Abogadas, y la Sociedad para Asistencia Legal. Adelantó que citará a vistas públicas si los miembros de la comisión lo entienden necesario.
La medida, de unas cinco páginas, enmendaría la Ley 146-2012, propone que “además de las penas dispuestas, el tribunal ordenará que seis meses antes de su excarcelación, se someta al convicto a un tratamiento de castración química (medroxyprogesterona) o su equivalente químico”.
“El tribunal ordenará además que una vez realizado el tratamiento se realice una evaluación con el propósito de certificar que el químico tiene los efectos de control de apetito sexual. Este tratamiento se realizará por el resto de la vida de la persona y sus costos serán cubiertos por el gobierno”, establece la pieza legislativa.
El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, indicó que no considera prudente que después de la controversia sobre la medida que proponía cárcel para la mujer que aborte, hayan radicado otra que propone la castración química para el hombre, lo que entiende lacera la imagen de estos legisladores.
“Escucharemos a todas las partes, pero en mi carácter personal: no respaldo la medida”, informó.
Reacciona el PNP
El representante del PNP, José “Quiquito” Meléndez, coincidió con Aponte y especificó que la Sección 12, del Artículo II de la Constitución, que es la Carta de Derechos, dispone que “no se impondrán castigos crueles e inusitados. De manera que, la mera discusión de este asunto de castración me parece ofensivo”.
Tampoco respalda el proyecto de ley el representante por el PNP, José Aponte Hernández, porque “no creo que tenga ambiente. Uno puede señalar a aquellas personas que cometen actos atroces —como puede ser una violación o algo similar— pero de la misma forma en que no creo en la pena de muerte, no creo en el proceso de mutilación”.
Por su parte, el representante del PNP, Jorge “Georgie” Navarro Suárez, señaló en declaraciones telefónicas que está en contra de la pieza legislativa.
“Del saque, no avalo esa medida. No simpatizo con esa idea. Sé que en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos hay ese tipo de medida, pero… no estoy de acuerdo con la medida”, recalcó Navarro Suárez.
Para el portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, el proyecto cumple con el reglamento y el trámite de la legislativo “donde unos ciudadanos, en este caso Cydmarie Fleming, Ferdinand Pérez y Jugando Pelota Dura, según dice la medida, solicitaron publicamente que se radicara y los legisladores la radicaron”.
El pasado 9 de marzo los moderadores de Jugando Pelota Dura anunciaron que habían redactado la propuesta de ley y que la harían llegar a los legisladores.
La posición del PIP
El representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, afirmó que lo primero que hay que preguntarse es si los legisladores “saben lo que están radicando porque no es otra cosa que una reacción a la discusión pública (y) al rechazo contundente del País a lo que ellos habían radicado anteriormente (sobre el aborto)”.
“No es un tema nuevo aquí en Puerto Rico; esto se había planteado antes y hay muchos cuestionamientos a ese tipo de medida. Leía recientemente sobre múltiples temas y está el tema sobre la ineficacia que se plantea en distintos sectores sobre esas medidas, el planteamiento constitucional, que está vigente ahí sobre castigos crueles e inusitados”, puntualizó.
FUENTE: elvocero.com
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