Proponen que sea obligatorio cumplir con la restitución de fondos públicos en casos de corrupción gubernamental

El Senado se dispone aprobar en su sesión de hoy, martes, un proyecto de ley que fija las instancias en que un funcionario tendrá que cumplir con la restitución de fondos públicos en caso de ser convicto por corrupción. El Proyecto del Senado 771, presentado por siete senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dispone que el convicto cumplirá con la pena de restitución con bienes presentes y futuros, La pieza legislativa básicamente le remueve el tribunal la discreción que tiene ahora de imponer la pena de restitución -ya delineada por ley- y la incluye como parte de la pena estándar en delitos como apropiación ilegal agravada de fondos públicos y extorsión, entre otros. Según el informe positivo rendido por la presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Gretchen Hau, se solicitaron memoriales al Departamento de Justicia, la Oficina Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), el Colegio de Abogados y Abogada de Puerto Rico y la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Solo respondieron la OEG y la OCPR. La OCPR señaló que no define ni promulga política pública, por lo que solicitó que Justicia y otros organismos de ley y orden fueran consultados. La OEG endosó el proyecto suscrito por los senadores José Luis Dalmau Santiago, Juan Zargoza, Rosamar Trujillo, Ada García Montes, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Migdalia González Arroyo y Joanne Rodríguez Veve. Otra medida en la agenda de hoy del Senado es el proyecto cameral 582, que enmienda la Ley para la Prevención y la Intervención con la Violencia Doméstica para incluir en los conceptos de intimidación, violencia psicológica, maltrato y maltrato agravado, amenazas o actos concretos constitutivos de maltrato contra las mascotas de la víctima. El Senado también contempla atender en la sesión de hoy el Proyecto de la Cámara 25, que propone crear el Panel Voluntario de Abogados y Abogadas Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal. Este organismo, adscrito a la Junta de Directores de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), solamente atenderá casos en que la SAL no pueda intervenir por conflicto de interés. La pieza legislativa fue presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el portavoz penepé, Carlos “Johnny” Méndez. “Esta Oficina (el Panel Voluntario) tendrá la responsabilidad de instrumentar un sistema de representación legal compensada para que permita proveer servicios legales a indigentes mediante la designación de abogados y abogadas de la práctica privada. Para ello, la Oficina confeccionará una lista para el establecimiento del Panel Voluntario de Abogados y Abogada Compensados en Procedimientos de Naturaleza Penal”, lee la medida. Este Panel Voluntario sería financiado con una asignación anual equivalente al 5% del Fondo Especial ya creado en 1998 y que dispone el pago de aranceles del Poder Judicial, particularmente la cancelación de sellos de rentas internas por casos civiles. La pieza legislativa crea, además, otra fuente de ingresos: la creación de un sello valorado en $20 a ser cancelado por las compañías de fianza al momento de prestarlas.