Proponen una APP para un tramo de la AMA entre Caguas y San Juan

El gobierno recibió una propuesta no solicitada para crear una alianza público-privada (APP) en la ruta de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) de Caguas a San Juan, reveló el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero. “Recibimos otra propuesta no solicitada que estamos evaluando para el sistema de transportación terrestre. Es con el sistema de la AMA. Estamos en la etapa inicial. Sería para concesionar unos tramos o rutas de la AMA con miras a concesionar más”, explicó Marrero. “Es un tramo de mucho tapón y entendemos que puede ser una solución mucho más eficiente y razonable que el tren (propuesto desde hace años), particularmente desde el punto de vista del costo”, abundó el funcionario en entrevista con El Nuevo Día. Esta propuesta no solicitada, cuyo proponente Marrero no precisó, se une a otras 20 para diversos proyectos que, hasta el momento, ha recibido el gobierno, según consta en el plan fiscal revisado sometido ante la Junta de Supervisión Fiscal. Marrero aclaró que, de esa veintena, solo seis están bajo consideración, mientras que las demás o fueron descartadas o no han evolucionado a otra fase. El alcalde de Caguas, William Miranda Torres, lamentó la propuesta de una APP para la ruta de la AMA desde su pueblo hasta la capital porque, de aprobarse, descartaría los planes de establecer un tren liviano en ese trayecto. El ejecutivo municipal recalcó que el tren no es una iniciativa solo para beneficio de su pueblo, sino para otros 11 municipios. “El tren impacta a toda la región. Yo creo que deben mirar esto detenidamente”, dijo Miranda Torres, no sin antes reconocer que el financiamiento del tren es un reto puesto que su desarrollo se llegó a estimar en $600 millones. Dijo que el tren se podría costear con fondos federales, pero que podría requerir un pareo estatal. Preguntado si una APP con una ruta de la AMA resolvería el problema del tapón desde Caguas y los pueblos cercanos hasta San Juan, el alcalde dijo: “Mirando hacia el futuro, debes ver proyectos de infraestructura que llevan esa visión de futuro. Si quieres seguir tirando cemento por ahí pa’ abajo, con guaguas... Yo no creo que la gente quiera eso”. Las APP son una de las apuestas principales de la actual administración para impulsar el desarrollo económico, y, de hecho, con la primera ley que firmó el gobernador Ricardo Rosselló (Ley 1 de 2017) se enmendó la Ley de Alianzas Público-Privadas de 2009 y las denominó como las Alianzas Público Privadas Participativas. Los cambios al estatuto permiten que no soloel gobierno haga acercamientos a la empresa privada para delegar servicios, sino que la oferta puede ser a la inversa, lo que se conoce, según el reglamento de las APP, como “propuesta no solicitada”. En estas iniciativas pueden participar, además de la empresa privada, la academia y las organizaciones sin fines de lucro. El gobierno estima que el impacto en la economía de las APP será de $5,000 millones en un término de 10 años. Marrero no proveyó una cifra de la inversión que ha hecho el gobierno, hasta el momento, para encaminar las APP. Dijo que “ahora, más que nunca, va a cobrar importancia la optimización del mecanismo de las propuestas no solicitadas” porque el país, sumido en una crisis fiscal, intenta recuperarse con la inyección de miles de millones en fondos federales. “En el plan fiscal se incluyó el hecho de que ahora, más que nunca, nosotros tenemos que buscar la manera de agilizar esa inversión en la infraestructura y la mejor manera para agilizarla -según ha ocurrido en otras jurisdicciones- es a través del mecanismo de las propuestas no solicitadas”, dijo. Seis propuestas Al momento, seis propuestas no solicitadas van tomando forma, así como tres que surgieron por petición del gobierno. Pero, de las seis, cuatro están relacionadas con proyectos de energía, y están paralizadas tras el anuncio del gobernador Rosselló de que privatizará la Autoridad de Energía Eléctrica. Se trata de propuestas para crear desde microrredes hasta para estabilizar el sistema eléctrico, diversificar y optimizar mecanismos alternos como la generación hidroeléctrica. Las propuestas no solicitadas fueron presentadas por las empresas Tesla, Puma Energy, Bostonian Group y Cube Hydro. Estas propuestas esperan por la revisión del Plan Integrado de Recursos, ha dicho Marrero. Ahora bien, las propuestas no solicitadas no vinculadas al tema energético siguen su curso. Ahí está la propuesta del Sistema Universitario Ana G. Méndez para profesionalizar la educación de todos los empleados del Departamento de Seguridad Pública y los del Departamento de Corrección. Rosselló ha asegurado que, con este proyecto, la Academia de la Policía, en Gurabo no desaparecerá. Otra propuesta no solicitada es de la compañía Global Ports Holding para el manejo, financiamiento y desarrollo de los seis puertos turísticos de San Juan. Las adelantadas En el renglón de APP que desea encaminar el gobierno, hay tres calificadas como “prioritarias” y que son las que están más adelantadas, dijo Marrero. Entre ellas, está la propuesta concesión o venta de estacionamientos del gobierno. Se trata de 60,000 espacios, algunos multipisos y otros bajo el término “self parking”. “El proyecto que estamos considerando es la concesión del primer paquete. Un paquete de nueve estacionamientos entre los que se incluye el del Conservatorio de Música, el de Minillas, el de Bellas Artes, el de Pridco (Compañía de Fomento Industrial), el de Justicia, Departamento del Trabajo, Vivienda, Desperdicios Sólidos y la AMA. Lo que se busca es concesionarlos y ahí estamos finalizando el estudio de viabilidad económica para determinar si es un proyecto que queremos seguir trabajando. Todo depende del estudio”, aseveró Marrero. Otra APP es la de viviendas para estudiantes en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. “Lo que busca es optimizar la vida estudiantil en el Recinto Universitario de Mayagüez, dando mejores facilidades de estacionamiento, proveyendo un centro estudiantil y vivienda. Son distintos componentes. Tiene hospedaje, centro estudiantil y estacionamiento. De la manera que lo estamos estructurando es que Mayagüez quiere tener la experiencia -y quiere requerirle a los estudiantes de primer y segundo año- que vivan en el campus. Es la transformación del campus universitario”, aseveró. Señaló que el costo de los hospedajes será uno “que los estudiantes puedan pagar”. “El (proponente) privado no puede mirar la renta como su único ingreso”, añadió. También el gobierno busca un ente privado para que se encargue de la transportación marítima entre Cataño y San Juan y de Fajardo a Vieques y Culebra. El proyecto que evalúan para el ferry entre Fajardo y las islas municipio contempla añadir una ruta más corta a la actual, pero a una tarifa mayor. Sin embargo, Marrero aseguró que el costo del viaje para residentes de Vieques y Culebra seguirá siendo bajo. “Alrededor de cuatro a cinco empresas se han mostrado interesadas (en esta APP)”, reveló. Además, dijo que las compañías mostraron preocupaciones sobre cuánto sería el subsidio para este transporte considerando que hoy día la operación de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) cuesta alrededor de $45 millones y, de esos, $40 millones provienen de subsidios gubernamentales. “Obviamente, nosotros queremos disminuir ese subsidio a la misma vez que mejoramos la calidad del servicio”, dijo. El gobierno espera adjudicar estas tres APP antes de que finalice este año. “Esos tres (proyectos) van a finalizar su estudio de viabilidad, que se está realizando, este trimestre. Esperamos que, para finales de febrero o finales de marzo, ya se haya finalizado su estudio de viabilidad. Eso se hace público por 30 días. Luego que finaliza ese periodo de comentarios, que se hace público el estudio, comienza el proceso de licitación con el RFQ (petición para cualificar) final”, explicó. Ya en octubre pasado, el gobierno solicitó al mercado un borrador de petición para cualificar previo al estudio de viabilidad. “Queríamos ir al mercado a conocer el apetito del mercado. Fue una medida adicional que hicimos para evitar entrar en un proceso de licitación y, al final, terminar en un proceso desierto”, apuntó Marrero. Tras la aprobación de la Ley 1 en el 2017, el gobierno contempló otras APP. Una era para la automatización en el cobro de las multas de tránsito, otra para reemplazar contadores de agua por equipo electrónico y otra para concesionar aeropuertos regionales y carreteras. Según Marrero, los proyectos vinculados con la Autoridad de Carreteras y Transportación están a la expectativa de lo que suceda conesa corporación, que se encuentra en un proceso de reestructuración de su deuda su mediante el Título III de la ley federal de Promesa. Venta de aeropuertos Ahora bien, sigue en pie la venta de los aeropuertos regionales de Patillas, Santa Isabel y Fajardo. “Hemos recibido interés, pero las ofertas todavía están bajas y la venta se tiene que hacer por tasación. Tenemos que venderlos. Vamos a buscar la manera de venderlos al valor justo del mercado”, dijo Marrero. Las ofertas recibidas hasta el momento son bajas comparadas con la tasación, ha dicho Marrero. El aeropuerto de Patillas tasó $130,000, el de Santa Isabel en $860,000 y el de Fajardo, $1.4 millones. Los otros aeropuertos regionales no se van a vender, pero “se están considerando concesiones, particularmente para los de Aguadilla y Ponce, que pueden recibir aviones con vuelos comerciales de nueve pasajeros o más”, dijo Marrero. Los referentes para las APP -sobre todo si de aeropuertos y carreteras se trata- son las alianzas que ya efectuó la administración de Luis Fortuño con Metropistas para administrar las autopistas PR-22 y PR-5 y con la empresa Aerostar Airport Holdings, para el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Particularmente, la concesión a Metropistas ha sido cuestionada públicamente por los continuos aumentos en los peajes. ¿Cómo hará el gobierno para evitar contratos que beneficien solo a una de las partes?, cuestionó este diario. “Nos vamos a asegurar que los contratos sean en el mejor beneficio del pueblo de Puerto Rico. Nuestra responsabilidad descansa en velar que ese contrato tenga las mejores cláusulas, en adelantar esos mejores intereses. Además, la titularidad nunca se cede”, respondió Marrero.