Puerto Rico necesita $21,000 millones para evitar el colapso

Washington - La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la isla afirmará hoy ante el Congreso que está dispuesta a asumir “responsabilidades adicionales” y advertirá que la falta de liquidez del gobierno de Puerto Rico, tras la devastación causada por el huracán María, puede extenderse hasta junio de 2019. En medio de todo el debate en el Congreso en torno al efecto del escándalo Whitefish sobre el gobierno de Puerto Rico, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó en la ponencia que sometió por escrito y leerá hoy ante el Comité de Recursos Naturales, que “si el Congreso determina” que se requieren nuevas aclaraciones sobre la autoridad que tienen, “para evitar litigios” e “incertidumbre”, “daríamos la bienvenida a eso”. Jaresko puso como ejemplo la batalla legal a que se enfrentan con el gobierno de Ricardo Rosselló, por el nombramiento de Noel Zamot como principal funcionario de Transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Zamot, en términos reales, se convertiría en síndico de la AEE. “Como el pueblo y el gobierno de Puerto Rico, el Congreso y la administración (de Donald Trump), sabemos que los huracanes han producido nuevas realidades con las que debemos lidiar con la mayor sabiduría y fidelidad posible”, indicó Jaresko, quien sostuvo que no sale de la junta el reclamo de tener nuevas responsabilidades y herramientas. En un foro en el grupo de estudio American Enterprise Institute (AEI), el presidente de la Junta federal, José Carrión III, sostuvo ayer que “María viró todo al revés” y “cambió la realidad de Puerto Rico, pero no los propósitos principales de la ley PROMESA”. Carrión –quien estará hoy en la audiencia del Comité, pero no declarará– anunció que el procurador general de Estados Unidos, Noel Francisco, informó que defenderá la ley PROMESA frente a la alegación de fondos de inversiones y la UTIER de que los nombramientos a la Junta fueron hechos de manera inconstitucional. Aunque hay reclamos de parte de miembros del Congreso para que asuman un rol más activo en la administración del gobierno de Puerto Rico, Carrión dijo a El Nuevo Día que el caso de la AEE es una situación particular. “Ha habido preocupaciones de parte del gobierno de Puerto Rico que esto es una movida de poder, en el sentido de que si podemos lograr esto lo pudiésemos lograr en otras agencias. No se trata de eso. Es una preocupación específica. Vamos a eliminar 40 años de ineficiencia en la AEE… y a construir una nueva manera de hacer energía en Puerto Rico”, agregó. El presidente de la JSF dijo que aprovecharán los nuevos fondos que se obtengan para rehacer la AEE, “de una manera transparente y a través del capital privado”. La directora Jaresko y Zamot serán los primeros ponentes de la audiencia de hoy en el Comité de Recursos Naturales, que tiene como título Examinando los retos para la recuperación de Puerto Rico y el rol dela JSF. Se ausentará Otro ponente citado ha sido el director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos, en medio de todo el escándalo sobre el contrato de $300 millones con la empresa Whitefish Energy Holdings, una pequeña compañía de Montana de escaso personal y poca experiencia. Pero, anoche, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, notificó que el viaje de Ramos a Washington perturbaría sus responsabilidades en la isla. Ramos iba a tener que responder a las críticas en torno al polémico contrato con la empresa Whitefish. El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE indicó en una carta anoche al presidente del Comité de Recursos Naturales, el congresista republicano Rob Bishop (Utah) y al jefe del subcomité de Investigaciones, Bruce Westerman (California), que el viaje de Ramos a Washington D.C. hubiese perturbado por tres días las tareas de recuperación del sistema eléctrico de Puerto Rico, que funciona en solo cerca de un 40%. Según Sgroi, la urgencia de los trabajos y la movilización de 3,000 trabajadores y equipo de empresas públicas de Nueva York y Florida – que llegarían a la Isla en diferentes etapas para el 21 de noviembre-, hacen indispensable la presencia de Ramos en Puerto Rico. “Solicitamos respetuosamente que se le permita comparecer ante el Comité en el futuro cercano”, indicó Sgroi. La ausencia de Ramos va a generar nuevas críticas del Congreso. Más allá de las conjeturas que generó el contrato por las conexiones políticas de la empresa con republicanos y el gobierno de Trump, en el Congreso se cuestiona que la AEE firmara un acuerdo que otorga tarifas altas a trabajadores de Whitefish y buscó evitar auditorías de los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico. La contratación de Whitefish ha afectado adversamente la credibilidad del gobierno de Puerto Rico en el Congreso de cara a próximas asignaciones de emergencia, y acentuado la posibilidad de que futuros fondos dirigidos a la reconstrucción sean acompañados con restricciones o nuevos poderes a la Junta federal. “Tiene que haber ciertas restricciones para que Whitefish no vuelva a ocurrir”, dijo el presidente del Comité de Recursos Naturales, el congresista Rob Bishop. La presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), dijo en San Juan que aunque el huracán coloca a la JSF “en una posición más retadora”, no cree que su propósito se transformó. El caso Whitefish ha provocado investigaciones del FBI, el Congreso, la Oficina de Contraloría General, y los inspectores generales de los departamentos del Interior, y Seguridad Interna. En su ponencia, Jaresko también informará la decisión de revisar previamente cada contrato de por lo menos $10 millones que otorgue el gobierno de la isla. Mientras que Zamot indicará que se propone nombrar cinco funcionarios de alto nivel en su equipo de trabajo: un principal funcionario de Operaciones (COO); un responsable de los temas referentes a la tormenta, un vicepresidente de Transición, un principal funcionario financiero (CFO); y un consejero legal. Jaresko, por otro lado, declarará que para atender la falta de liquidez del gobierno de Puerto Rico, se pueden necesitar entre $13,000 millones y $21,000 millones de ahora a junio de 2019. Señalará, además, que, aun tomando en cuenta que este trimestre el gobierno de Puerto Rico evitará el colapso con los cerca de $4,700 millones en préstamos que ofrece el gobierno federal, por los números que ofrece, pueden requerirse entre $2,000 millones y $3,000 millones cada tres meses desde enero hasta el fin del año fiscal 2018-2019. A tono con el gobernador Los hasta $21,000 millones exclusivamente destinados a evitar el colapso del gobierno pudieran ser parte de los entre $50,000 y $65,000 millones que el gobierno de Rosselló ha informado al Congreso que puede necesitar para impulsar la recuperación y reconstrucción de la isla. Las expresiones de Jaresko indican que, de cara a una próxima resolución de fondos de emergencia para atender desastres, Puerto Rico va a volver a necesitar asignaciones exclusivamente para pagar nómina y servicios básicos. El pasado vienres, el liderato demócrata del Senado estadounidense solicitó al gobierno de Donald Trump que la próxima resolución que asigne fondos de emergencia para atender los recientes desastres naturales, vuelva a proveer recursos que den liquidez al gobierno de Puerto Rico, que ha perdido significativos ingresos debido al huracán María. En una carta al director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 28 senadores demócratas pidieron además que el Ejecutivo federal presente legislación para financiar y facilitar la construcción de una red eléctrica resiliente en Puerto Rico. Cualquier nueva resolución de asignaciones debe tomar en cuenta particularmente las catástrofes ocurridas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, agregaron los senadores, liderados por el portavoz de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), y el líder demócrata en el Comité de Asignaciones, Patrick Leahy (Vermont). El gobierno de Rosselló también aspira a obtener nuevas asignaciones por medio de programas federales, adicionales al fondo para atender desastres de FEMA. Tan pronto como esta semana, el gobierno de Trump puede enviar al Congreso una nueva resolución de fondos de emergencia para atender los desastres causados por los huracanes recientes. “La devastación ha destruido infraestructura crítica, haciendo que la recaudación de ingresos sea extremadamente difícil. El huracán María ha causado daños severos al sector privado”, indica Jaresko en su ponencia. La pérdida de ingresos se exacerba, sostiene Jaresko, por el incremento en la ola migratoria. Jaresko estima que al terminar el año se habrán ido de la isla unas 170,000 personas. Mientras, subrayó que, aunque el plan fiscal vigente no contaba con nuevos fondos federales, el azote de María hace indispensable nuevas asignaciones y el que se incluyan en los estimados fiscales del gobierno de Puerto Rico. A la audiencia también fueron citados la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. La minoría demócrata informó a la dirección del Comité que la alcaldesa Cruz - quien estuvo la semana pasada en Washington para una audiencia que luego un comité cameral pospuso-, no podrá asistir.