Quieren una AEE sin ataduras

El secretario asociado de la Oficina de Electricidad del Departamento de Energía federal, Bruce Walker, indicó ayer que la administración de Donald Trump entiende que es necesario remover el poder que conserva el gobernador Ricardo Rosselló sobre los nombramientos de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). “Número uno: tengamos una columna vertebral y eliminemos los nombramientos de la junta de la facultad del gobernador. Tomemos todos los comisionados de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y vamos a retirarlos del poder del gobernador”, argumentó Walker durante la vista que celebró ayer el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que preside Rob Bishop. El propio Bishop recordó que tras los cambios legislativos impulsados por Rosselló, los cinco nombramientos de la Junta Reguladora del Servicio Público -a la que estaría adscrita la CEPR- corresponden al gobernador, al igual que los nombramientos de los miembros de la junta. “Si estamos hablando de (crear) algún tipo de ente independiente no político, ¿cómo el Congreso puede ayudar a facilitar una comisión independiente?”, le preguntó Bishop directamente al principal de Svanda Consulting, David Svanda. “El Congreso tiene que promover legislación que provea para un transición rápida entre lo que existe hoy, con guías de cómo el nuevo ente independiente se estructurará y cómo se harán los nuevos nombramientos”, abogó Svanda. El portavoz de minoría senatorial, Eduardo Bhatia, también sugirió lenguaje para condicionar el desembolso de fondos federales a que el gobierno de Puerto Rico cumpla unas metas en un plazo específico, en lugar de tomar control de los procesos que se están dando a nivel local. Tanto el congresista Bishop como el ejecutivo del Departamento de Energía negaron interés en delegar la administración de la AEE al gobierno federal o asumir control de la corporación pública. Buscan alternativas Walker abundó que aunque la administración Trump ha discutido una variedad de alternativas, esa opción ya ha sido descartada. “La realidad es que hay algunas cosas que podemos hacer para ayudar a resolver el problema sin federalizar ni poner la carga sobre el resto de los contribuyentes en Estados Unidos”, contestó a preguntas de la congresista Nydia Velázquez. Insistió, no obstante, en reducir la injerencia del gobierno electo en los asuntos concernientes a la política energética. “Enfrentémoslo, estamos lidiando con una entidad municipal impulsada por la política. Resuelve la política y quítale la entidad a los políticos”, añadió. Svanda habló de la necesidad de proveer un regulador desde Estados Unidos, que se movilice a Puerto Rico y entrene al personal en la Isla “para eventualmente asumir la responsabilidad”. Walker afirmó que se debe aprovechar la gran inyección de fondos federales para construir una planta generatriz cercana a San Juan, donde se concentra la mayor cantidad de demanda. Puerto Rico recibirá alrededor de $22,000 millones en fondos del Departamento de Vivienda federal y mediante la Ley Stafford. El propio gobernador admitió en su ponencia escrita que está trabajando con el gobierno federal para que el dinero proveniente del programa de Fondos para el Desarrollo Comunitario- Recuperación de Desastre (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) pueda ser utilizado para la reconstrucción y modernización de la red eléctrica. Thomas Emmons, socio de Pegasus Capital Advisors, insistió que el Congreso debe desarrollar una ley para que un ente federal actúe como intermediario financiero para dar mayor seguridad a los inversionistas que hagan acuerdos de compra con la AEE. “La AEE no es un socio viable”, opinó Emmons. Dijo que si se quiere actuar rápido con la modernización de las plantas, se debe crear un mecanismo que brinde mayor seguridad de que la AEE puede pagar a las empresas privadas por la producción de “energía limpia”. Tanto Emmons como Walker defendieron que la energía renovable es el camino a reducir el costo energético en Puerto Rico, ante el escepticismo de al menos dos congresistas republicanos que insistían en combustible fósil. Por escrito las ponencias de La Fortaleza y el Senado Tanto el gobernador de Puerto Rico, como la alta jerarquía del Senado presentaron sus ponencias por escrito o cartas al Comité, en las cuales expresaron su preocupación por los borradores de legislación federal que han estado circulando. “Damos la bienvenida a cualquier apoyo técnico del Departamento de Energía de Estados Unidos. Sin embargo, una legislación adicional que amplía enormemente el papel del gobierno federal en este proceso simplemente complicará el proceso”, argumentó Rosselló. En un intento de proveer confianza a los miembros del comité, el primer ejecutivo reiteró que el equipo de Filsinger Energy Partners continuará brindando “apoyo operacional” a la AEE. Aseguró, además, que está trabajando “en un proceso acelerado para identificar y nombrar nuevos directores independientes”. Dijo que tanto el recién nombrado director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, como los miembros de la Junta de Gobierno de la AEE estarán disponibles “tan pronto como la próxima semana o en cualquier momento posterior” para entablar una conversación con el comité. Velan por los precios Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el vicepresidente, Larry Seilhamer, defendieron la decisión de consolidar la CEPR con otras comisiones y aseguraron que eso no afectará sus poderes y facultades. Reconocieron también que la ley que aprobaron “establece un marco transaccional y constituye una autorización necesaria para privatizar los activos de la AEE”, pero no contiene un marco regulatorio ni una política energética pública para el futuro. Explicaron, que por esta razón, condicionaron las transacciones a que se elabore un marco regulatorio, que evite un aumento al costo de la energía y que cumpla con la diversificación de las fuentes de energía establecida en el Plan de Recursos Integrados (PRI). Admitieron que trabajan en conjunto a la Junta de Energía de Estados Sureños en ese proceso. “Expresamos nuestra preocupación con algunas propuestas del borrador. Nos preocupa la visión de la venta total de los activos sin considerar las concesiones de transmisión y distribución. Además, el lenguaje usado refleja una prioridad para desarrollar infraestructura de gas natural sin contemplar el PRI”, esbozaron los senadores.