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El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, aseguró que el gobierno está próximo a radicar en el foro estatal demandas civiles contra empresarios y funcionarios públicos convictos por esquemas de sobornos a cambio de contratos y otros actos de corrupción que han minado los fondos públicos.
Las demandas estarán sustentadas en la enmienda al Código Penal de Puerto Rico establecida con la aprobación de la Ley 76 del 2022, que dispone una pena de restitución que puede ser satisfecha con dinero, prestación de servicios o hasta la entrega de los bienes ilegalmente apropiados.
“Los borradores de las demandas ya están trabajadas y se le están dando los toques finales”, reveló el titular de Justicia a EL VOCERO sobre los recursos legales que serán presentados en contra de “personas que ya se declararon culpables y la sentencia es final y firme”.
En los pasados meses fueron sentenciados en la esfera federal los empresarios Mario Villegasy José Bou Santiago y los exalcaldes de Aguas Buenas (Luis Arroyo Chiqués), Guayama(Eduardo Cintrón Suárez) y Trujillo Alto (José Luis Cruz Cruz).
Emanuelli Hernández reveló que su agencia comenzó a trabajar con las demandas desde el pasado año tras una conversación con el gobernador Pedro Pierluisi sobre el impacto que ha tenido la corrupción en la sociedad puertorriqueña.
“Hay una gran preocupación sobre estas personas que venían a lucrarse del gobierno sin que hubiera ningún tipo de responsabilidad monetaria, sin embargo, contamos con unos recursos en la ley para reclamar una acción de triple daño”, abundó el funcionario, quien recalcó que la persona tendría que pagar al erario tres veces el dinero que generó a través del o los crímenes por los que fue sentenciado, de proceder la demanda en corte.
En el caso de Villegas, el pliego acusatorio estableció que el empresario entregó múltiples sobornos al exalcalde de Cataño para lograr numerosos contratos desde 2017 hasta 2021 que totalizaron $9,966,903. Sin embargo, cuando fue sentenciado a 46 meses de cárcel por un cargo de conspiración por cometer soborno con fondos federales y recibir comisiones ilegales el pasado 22 febrero, el juez federal Francisco Besosa no le impuso una restitución monetaria.
En el caso de Bou Santiago, el acuerdo de culpabilidad que firmó establece que su empresa generó $190,000 a través de los sobornos al exmandatario catañés, pero al dictar sentencia, la jueza federal Aida Delgado solo le ordenó restituir $13,000.
No descarta otras acciones
Por otro lado, el secretario comentó que el gobierno también vislumbra demandar a otras personas convictas por esquemas de corrupción del pasado, cuyas sentencias “fueron final y firme”.
“Hasta el momento hay varios casos, pero esto es un proceso que toma su tiempo y no es de un día para otro. Esto coge meses porque no se trata solo de radicar, sino que hay que conseguir la prueba económica y documental y determinar si hace falta prueba pericial, por lo que va a coger tiempo”, reclamó.
Sobre la colaboración de las autoridades federales en este esfuerzo, Emanuelli Hernández dijo que por tratarse de casos donde ya se logró una convicción y la sentencia es “final y firme”, no prevé problemas de lograr acceso a la evidencia recopilada por las agencias estadounidenses, ya que las investigaciones fueron cerradas.
El secretario insistió en que “no cerramos las puertas a cualquier caso donde haya habido un despilfarro de dinero cuantioso”.
En ese sentido, Emanuelli Hernández no descartó pesquisas enfocadas en la relación de múltiples empresas de Santamaría con municipios en los cuales admitió haber pagado sobornos.
Demandas de municipios
Aunque el funcionario sostuvo que la Ley 76 solo permite que esta causa de acción sea perseguida únicamente por el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Justicia, el estatuto no evita que los municipios puedan presentar otras demandas.
“Los municipios pueden llevar cualquier otra causa de acción por otras razones, pero no por esta”, agregó el también abogado.
En diciembre del 2021, el municipio de Cataño demandó a la empresa Island Builders y a Santamaría para que devolvieran todo el dinero pagado en el curso de la relación contractual que tuvo la empresa con la alcaldía.
FUENTE: elvocero.com
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