Rechazan retroactividad del veredicto unánime

La Cámara de Representantes insistirá en una medida senatorial que permitiría que los tribunales revivan una cantidad incierta de casos criminales con determinación final y firme, a pesar de la oposición del Departamento de Justicia, de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico y de abogados que comparecieron ayer ante la Comisión de lo Jurídico. La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, dejó saber ayer su oposición al Proyecto del Senado 1590 —de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz— que permite que en Puerto Rico se aplique de manera retroactiva un dictamen reciente del Tribunal Supremo federal en relación a los convictos en juicios criminales por un jurado no unánime. Específicamente, Longo Quiñones manifestó su oposición a que se aplique la retroactividad a casos finales y firmes porque esos casos ya están resueltos. “No podemos concurrir con que el veredicto absolutorio sea uno por mayoría ni que el requisito de unanimidad en el veredicto de convicción se aplique a casos finales y firmes”, manifestó. La también fiscal señaló que la decisión del Supremo federal solo permite nuevos juicios en aquellos casos activos que se encuentran en etapa apelativa —y cuya sentencia no haya sido decretada por unanimidad—, pero no así en casos ya resueltos como propone la medida legislativa. “Estamos proponiendo que prospectivamente todos los veredictos sean unánimes”, sostuvo. Explicó que el lenguaje de la medida abre la puerta a la retroactividad en todos los casos criminales ya resueltos en Puerto Rico y que concede más derechos a los decretados por el Supremo estadounidense. “El aplicar una nueva norma procesal en casos finales y firmes, completados en cumplimiento con las reglas procesales aplicables al momento de la convicción, es una medida draconiana que de ninguna forma abona al balance de la justicia”, expuso. La funcionaria confirmó que ya conversó con la gobernadora Wanda Vázquez sobre su oposición a la medida. En la vista no se pudieron ofrecer datos oficiales sobre los casos que tendrían que reconsiderarse de aprobarse el proyecto. De un lado, se indicó que de aprobarse la retroactividad hay 9,000 acusados en el sistema penal que podrían reclamar un nuevo juicio y de otro que bajo la decisión del Supremo federal hay 133 casos en etapas activas que podrían ir a nuevo juicio. “No crea estabilidad jurídica” De otra parte, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Jessika Correa González, insistió en que la determinación del Supremo federal no aplica de manera retroactiva. “Las enmiendas que se proponen, en cuanto retrotraen la unanimidad del jurado a todo caso final y firme, no crea estabilidad jurídica, crea desasosiego en las víctimas y coloca una carga sumamente onerosa al Ministerio Público —tanto económica como moral— al tener que poner a escoger a la víctima entre repetir su caso y reabrir un capitulo cerrado; o permitir que su victimario no cumpla con su deuda con la sociedad por los delitos”, expresó. Correa González manifestó que le preocupa que no se puedan celebrar nuevos juicios por falta de testigos o evidencia en casos que se ventilaron hace muchos años y cuyas sentencias advinieron finales y firmes. “La alternativa propuesta como remedio en la medida legislativa (reproducción del testimonio anterior prestado en el juicio original cuando el Estado no está disponible) no sitúa al Ministerio Público en las mismas circunstancias que tendría con la prueba presente en el juicio y que tuvo disponible en el momento de lograr la convicción”, dijo. “El resultado de esto será la desestimación y el archivo de cientos de casos de asesinatos, agresiones sexuales, robos y delitos de armas”, alertó. A la medida también se opusieron la exreina de belleza y abogada Alba Reyes en representación de las víctimas del crimen, y el catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ernesto Chiesa Aponte. Mientras que las voces a favor las conformaron el abogado Harry Padilla, la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) y el director-fundador del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, Julio E. Fontanet. “No existe razón alguna que pueda justificar que la Asamblea Legislativa no actúe inmediatamente y produzca legislación que permita la retroactividad de la doctrina establecida en el caso de Ramos v. Louisiana, supra. Ello no es meramente un imperativo constitucional, sino es también la oportunidad de hacer justicia a las personas condenadas ilegalmente y borrar parcialmente de la historia del proceso penal de Puerto Rico uno de sus más bochornosos episodios”, manifestó Fontanet. Sin problemas con proyecto La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, protagonizó un extenso debate con Longo Quiñones luego de que esta describiera la medida como una “draconiana”. Al salir, la representante novoprogresista concluyó que la pieza legislativa tiene los votos para ser aprobada con enmiendas en la Cámara. “Creo que sí tiene los votos y la retroactividad es algo que nosotros podemos legislar. Le hace justicia y no se aplica arbitrariamente esta norma”, expresó. Explicó que la retroactividad es positiva porque “los derechos constitucionales no se aplican a unos sí y a otros no”. Otros representantes de mayoría y de minoría cuestionaron la ausencia de estadísticas de quiénes serán los beneficiados con la legislación, pero la comisión cameral anticipó que pedirán la información al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y a la Oficina de Administración de los Tribunales. Temprano en la mañana hubo una protesta en caravana frente al Capitolio —conformada por fiscales— para manifestar su oposición al proyecto.