Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITE
El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, aseguró que los municipios enfrentarán una considerable merma de ingresos a partir del próximo 1 de julio, de no surgir cambios en la implementación del plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
De acuerdo con el también ejecutivo municipal de Camuy, el plan presentado y aprobado la pasada semana por el ente fiscal no solo dejó fuera la partida de $150 millones que la administración del gobernador Pedro Pierluisi se proponía utilizar para la creación de un Fondo de Servicios Municipales, sino que también reduce las remesas que los ayuntamientos reciben del pago de impuestos a la propiedad mueble e inmueble en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Nos comunicamos con la secretaria de la gobernación (Noelia García) preocupados por el plan fiscal aprobado por la junta porque prácticamente deja a los gobiernos municipales en el limbo. Vamos a tener unas mermas en las partidas de ingresos que van a complicar mucho más las finanzas municipales”, expresó el presidente de los alcaldes del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Hernández Rodríguez aseguró que el equipo financiero de la federación se encuentra realizando las comparativas en cada una de las partidas, que también incluye el Fondo de Equiparación —del que solo restan $40 millones para el entrante año fiscal— para tener un estimado del dinero que dejará de entrar a las arcas municipales.
En el tercer y último volumen del plan fiscal certificado —en el que la junta fiscal plasmó los requisitos de implementación e incluye una agenda de manejo financiero— solo se incluyó una partida de $40 millones para brindar soporte a los municipios, destinada a mitigar el alza en los costos y la incertidumbre que genera la inflación de la economía mundial.
El plan también incluyó una partida de $66 millones, que serán destinados a los ayuntamientos anualmente por los próximos cinco años, para sufragar la contribución que los municipios realizan a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Sobre la primera partida, Hernández Rodríguez destacó que “ese fondo no es recurrente”, y recordó que los $66 millones son producto de la asignación de fondos bajo el programa Medicaid que otorgó el pasado año el Congreso estadounidense.
“Nosotros tenemos que buscar fondos recurrentes y esa es la batalla que estaremos dando”, subrayó el presidente federativo, quien reveló que los alcaldes solicitaron una reunión al Ejecutivo para manifestar sus preocupaciones.
Plan ambiguo
Hernández Rodríguez describió el plan certificado por la junta como “un poco ambiguo” porque deja en manos del Ejecutivo la concesión de fondos a los municipios y los servicios esenciales que brindan, como parte de la evaluación del uso de una partida de fondos no asignados que asciende a $300,000 millones.
“Ellos dejaron en manos del gobernador ese dinero para que él definiera (el uso) dentro de su política pública. No dudo que él (Pierluisi) utilice parte de ese dinero para cubrir el fondo de servicios esenciales. Sin embargo, yo quiero que se dé estabilidad a los gobiernos municipales y para eso debería estar implementado dentro del plan fiscal”, sostuvo.
Hernández Rodríguez también criticó la vinculación de lo que la junta denominó como “una reforma municipal” a otros cambios a nivel estatal incluyendo, según reza el plan fiscal: una reforma del impuesto al inventario, una reforma de permisos y mejoras a los procesos de declaración de impuestos.
Fondos de consolidación
En cuanto a la reforma municipal, Hernández Rodríguez destacó que aunque es viable la consolidación de ciertos servicios —como los de reciclaje y el recogido de desperdicios sólidos— entre varios pueblos, denunció que el fondo que actualmente existe para este fin es “imposible de acceder” debido a los requisitos que exige.
“Ellos prácticamente quieren que se cree un consorcio, que se opere y entonces demostremos que hubo una economía para entonces reembolsar el dinero invertido. Si los municipios en Puerto Rico tienen problemas fiscales, ¿de dónde van a obtener el dinero para poder crear estos consorcios y ponerlos a operar? Definitivamente si no se cambia la manera de acceder a estos fondos jamás y nunca vamos a poder lograr estos consorcios”, aseveró el presidente federativo.
La junta fiscal subrayó en el plan certificado que el Fondo de Consolidación Municipal —que asciende a $66 millones— está “completamente inutilizado”, por lo que propusieron que sea la Oficina de Manejo Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la que lidere los esfuerzos de crear los consorcios y las alianzas entre los municipios.
Entretanto, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, solicitó a la junta fiscal y al Ejecutivo que identifiquen y destinen una asignación especial de fondos dentro del plan fiscal que garantice que los municipios tengan el dinero necesario para atender asuntos de seguridad.
EL VOCERO también intentó obtener la reacción de Luis Javier Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes, sobre el impacto del plan fiscal certificado a las finanzas de los municipios, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
FUENTE: elvocero.com
Suscribite a nuestro Newsletter