Reconocen fallas en la implementación de protocolos contra el COVID-19 en las cárceles

La secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana I. Escobar y el presidente de Physician Correccional, Raúl Villalobos Díaz reconocieron esta mañana fallas en la implementación de los protocolos contra el COVID-19 en el sistema correccional. Escobar reconoció en una vista de la Comisión de Gobierno de la Cámara que no puede “dar fe” de que se sigue al pie de la letra la instrucción para que cualquier oficial correccional que presente síntomas abandone sus labores y se realice una prueba diagnóstica. “No puedo dar fe que la instrucción se está dando en todas las instituciones correccionales. Si dijera eso estaría mintiendo a esta comisión”, sostuvo la funcionaria a preguntas del presidente de la comisión, Jesús Manuel Ortiz. Villalobos Díaz, por su parte, reconoció que un enfermero de Physician Correctional está bajo investigación luego de que le administró a un confinado un medicamento para la alergia cuando presentaba síntomas de COVID-19. Ese error fue cometido en agosto mientras se iniciaba el brote en la institución Ponce 1000. “Ese juicio del compañero no cumple con nuestro protocolo”, dijo Villalobos Díaz. “No le hizo la prueba y eso no está en nuestro protocolo y lo estamos investigando… no se puede obviar un síntoma que presente un confinado”. La presidenta de la Alianza Correccional Unidad, Jéssica Martínez Santos, gremio que agrupa los oficiales correccionales, acusó a la administración del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) de no tomar las medidas necesarias para enfrentar brotes y obligar a trabajar a este personal pese a sospechas de que podían estar contagiados con COVID-19 o que habrían tenido exposición a personas con el virus. “Este panorama fue así y hasta el día de hoy (sigue) en todas las instituciones”, dijo Martínez en la vista pública. El caso más reciente, según Martínez Santos, se dio durante el brote en la Institución Ponce 1000 cuando, supuestamente, oficiales correccionales alertaron de los primeros casos positivos al superintendente y otros superiores que no actuaron. “No tomaron acción hasta que continuó la insistencia de los compañeros porque varios confinados asignados a trabajos en la Institución no se podían ni levantar”, sostuvo Martínez Santos. “Hacemos responsable al área médica que son los que tienen la responsabilidad de brindar los servicios médicos a la población correccional. El área médica falló en no atender de manera presencial a los miembros de la población correccional y no enviarlos a que se realizaran las pruebas, confundir los síntomas del COVID-19 con una gripe normal puso en riesgo la salubridad y la vida tanto de oficiales, empleados civiles y miembros de la población correccional”, dijo Martínez Santos. La funcionaria también dijo que hubo irregularidades en el Centro Médico Correccional de Bayamón, como el traslado de confinados sin las debidas precauciones. Escobar reconoció, a preguntas de Ortiz, que ha habido “conflictos” con algunos supervisores que han insistido en que personal con síntomas se presente a trabajar. “Hemos dado instrucciones a los supervisores para contradecir esas instrucciones porque es incorrecta”, afirmó la funcionaria. Según Martínez Santos, en la Institución 308 de Bayamón hay 30 confinados y un oficial correccional con COVID-19. Las cifras oficiales actualizadas para este viernes por el DCR reflejan que el brote en Ponce fue de 263 contagios, de los cuales 237 fueron confinados y 26 correspondieron a empleados. De los 237 confinados, 147 presentaron algún síntoma, al igual que 24 empleados. Solo dos confinados fueron hospitalizados y ya están fuera de peligro. Un total de cinco confinados fueron sometidos a tratamiento monoclonal. Según Martínez Santos, las irregularidades en los protocolos para atender la emergencia comenzaron en abril del 2020 cuando varios empleados del DCR se contagiaron “y no se activó ningún protocolo ni fue desinfectado el centro de trabajo”. También acusó a personal de la comandancia de pretender sancionar a supervisores que se hicieron la prueba por cuenta propia. Incluso un grupo de empleados que tuvo contacto con una empleada que arrojó positivo no fue enviado a cuarentena, dijo. Tras la implementación de un protocolo, dijo Martínez Santos, en septiembre del 2020 personal de supervisión en la cárcel Guerrero, de Aguadilla, le indicó a empleados que sospechaban haber tenido contacto con personas contagiadas que no podían quedarse en sus casas “con COVID mental”. “Había un aproximado de cinco miembros de la población correccional positivos y varios empleados y tampoco se respetaron los protocolos”, sostuvo la líder sindical al argumentar que en enero del 2021 en la Institución 676 de Ponce hubo un brote de 35 casos positivos y otros 141 en la Institución 501 de Bayamón. Más tarde, en febrero, se registró un brote de 70 miembros de la población correccional en la Institución Ponce Principal. “No importa si el oficial presenta síntomas, el supervisor le dice que tienes que venir a trabajar”, denunció Martínez Santos. Precisó que, si el oficial se ausenta, se le achaca lo que se conoce como “una ausencia no autorizada”. Según Martínez Santos, el oficial correccional Víctor González Silva perdió la vida a causa de COVID-19 tras tener contacto con un joven adulto “que aparentemente era positivo y fue mal ubicado”. Según la líder sindical, al día de hoy el DCR no ha reconocido esa muerte como una causada por el virus. Según la Alianza Correccional, tres oficiales correccionales han perdido la vida a causa de la enfermedad. Mientras, la portavoz del Comité Amigos y Familiares del Confinado (CAFC), Milagros Rivera Watterson, responsabilizó en una ponencia a los guardias correccionales y otro personal externo de las cárceles por el reciente brote de COVID-19 en la Institución Ponce 1000 en el Complejo Correccional Las Cucharas. La agencia, por su parte, reconoció que el brote fue iniciado por su personal. Según el DCR, el 98% de los confinados están vacunados. Escobar indicó que “prácticamente un 100%” de los empleados y contratistas están inoculados. Sostuvo, además, que la dependencia toma las medidas ya implementadas en el resto del gobierno para atender los casos de personal no vacunado. “Nos preocupó ese aumento en contagios ya que en esta institución de Ponce 1000 no se están dando visitas de familiares y los confinados se encuentra en aislamiento. Esto quiere decir que el contagio procede de personas que entran a las instituciones y la mayor parte de ellos son guardias penales”, sostuvo Rivera Watterson al referirse al brote que comenzó en agosto. La portavoz del CAFC se preguntó en su ponencia por qué supuestamente no se han dado brotes en otras instituciones penales cuando se supone que todas sigan el mismo protocolo. “Es importante que se determine qué tipo de mascarilla se usa, quién la usa, cuánto tiempo y si estas se cambian o se siguen usando durante todo el día. Sugerimos que se prepare una lista donde los empleados firmen e indiquen qué medidas de seguridad siguen y a la hora en que lo hicieron”, indicó Rivera Watterson a preguntas del presidente de la comisión, Jesús Manuel Ortiz. Rivera Watterson también reclamó que se levanten informes diarios sobre contagios y quiénes reflejan síntomas. Minutos antes, Escobar defendió los protocolos que se han seguido en las instituciones penales desde que comenzó la pandemia. En cuanto al brote de Ponce 1000, indicó que Physician Correctional lo atribuyó a la presencia de la variante Delta del virus y se atribuyó el primer caso a un oficial correccional. La institución fue clausurada tras la detección del brote. “Ciertamente, la capacidad de propagación del virus es tal que, a pesar de tomar y mantener rigurosamente todas las medidas necesarias, no estamos exentos de que surjan situaciones de infecciones”, dijo Escobar. “Como parte del protocolo que fuera activado, se realizaron pruebas a toda la población de la institución que resultaron en múltiples casos positivos, lo que constituyó aproximadamente el 56% de la población, además de que se cerró preventivamente la institución para no trasladar confinados desde o hacia esta”, comentó la secretaria. Villalobos Díaz precisó que el brote se inició el 26 de agosto. En un primer monitoreo epidemiológico comenzado el 30 de agosto se reportaron 191 casos confirmados y en un segundo monitoreo, realizado el 8 de septiembre, se confirmaron 44 casos adicionales. “Dicha virulencia se explica por la presencia de la variable Delta del virus en Puerto Rico”, indicó Villalobos Díaz. Al presente, se han detectado 125 casos de COVID-19 al momento de la admisión de nuevos miembros de la población correccional y un total de 1,030 confinados han arrojado positivo, quedando activos un total de 295 casos.