Reforma de la Policía: gobierno solicita al Tribunal Federal dejar sin efecto la designación de un supervisor financiero

El gobierno de Puerto Rico solicitó al juez federal Francisco Besosa que deje sin efecto, por el momento, la designación de un “Oficial de Supervisión Financiera” (OSF) para la Reforma de la Policía, por entender que es una movida prematura. En una moción presentada anoche, el licenciado Gabriel Peñagarícano, quien representa al gobierno de Puerto Rico en el caso de la Reforma, planteó que actualmente hay un proceso en curso que debe completarse antes de tomar la determinación de si es necesario nombrar al nuevo funcionario. Más temprano, ayer, Besosa había emitido una orden nombrando a Christopher Graham como OSF de la Policía ante preocupaciones sobre el manejo de gastos y el presupuesto en la Uniformada. En su moción, Peñagarícano explicó que, “por los pasados meses”, las partes del caso han estado trabajando con la auditoría que hizo Graham, por orden de Besosa, el año pasado. El abogado aseguró que el intercambio con Graham “ha sido nada más que positivo y productivo”. Por esa razón, Peñagarícano argumentó que en una moción previa ante el tribunal indicó que “el próximo paso natural en este proceso es que las partes, incluido el Monitor (John Romero), el Comisionado Especial (Alejandro del Carmen) y el señor Graham, se reúnan para discutir, desarrollar y acordar guías y protocolos específicos que, luego de la aprobación del tribunal, regirían estrictamente el proceso mediante el cual los gastos relacionados con la reforma son procesados”. “Esto incluiría una estrategia para hacer la transición de determinados gastos recurrentes relacionados con la reforma al presupuesto general del Negociado de la Policía”, agregó. Según el abogado, el Departamento de Justicia de Estados Unidospresentó una recomendación similar y destacó que citó un memorando del mismo Graham planteando que el gobierno de Puerto Rico había sometido un borrador del protocolo. “Es importante señalar que el Monitor también recomendó que es necesario proporcionar guías y reglamentos específicos con respecto al desembolso adecuado de los fondos relacionados con la Reforma”, apuntó la moción del abogado. Añadió que, “por último, en su informe de auditoría, el señor Graham también recomendó al Negociado de la Policía a reunirse para formalizar y adherirse a un protocolo específico con respecto al uso del presupuesto de la Reforma”. Afirmó que, por todo lo anterior, “existe un consenso” de que “la necesidad inmediata” es el “desarrollo y acuerdo de todas las partes de un protocolo sobre los gastos relacionados con la Reforma”. Por lo tanto, considera que “antes de nombrar” a un OSF, el “progreso natural de esa necesidad” es que el tribunal ordene a las partes y a Graham - en su capacidad como auditor - a “reunirse para completar el proceso de acuerdo de ese protocolo y presentarlo para aprobación del tribunal”. “Una vez que se apruebe el protocolo, el tribunal puede volver a considerar una potencial posición para el señor Graham en este caso en el futuro”, sugirió Peñagaríacano. Solicitó que al tribunal que “reconsidere su orden, dejando sin efecto el nombramiento del señor Graham como Oficial de Supervisión Financiera” y para ordenar a las partes “completar el proceso de acordar un protocolo con respecto a los gastos de la Reforma y presentarlo para la aprobación del Tribunal, y aplazar la consideración de un papel específico para el señor Graham hasta después de que ese proceso se haya completado”. La designación de Graham como el nuevo funcionario, que también se pagará con fondos del gobierno de Puerto Rico, surge luego de que auditaran 109 gastos específicos que ocurrieron durante los años 2018 al 2021. Desde el 2020, el Negociado de la Policía está bajo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia que está a cargo de administrar el presupuesto de todos los negociados que están bajo esa sombrilla. La Reforma de la Policía está a dos meses de cumplir diez años desde que fuera establecida por una sentencia del tribunal federal el 17 de julio de 2013, que surgió de un acuerdo para poner fin a una demanda de Justicia federal contra el gobierno de Puerto Rico y la Policía por violaciones a los derechos civiles. ¿Quién es Christopher Graham? Graham ha trabajado por 35 años con agencias federales de ley orden, incluyendo el FBI, de donde se retiró tras una carrera de 26 años, periodo en el que “sirvió en muchas posiciones de alto perfil y papeles operacionales”, destacó Del Carmen, al recomendarlo para hacer la auditoría. Resaltó que algunas de sus asignaciones incluyeron ser el agente de la investigación de un fiscal independiente contra el secretario de Vivienda federal y trabajó en la Sección de Crímenes Financieros en la sede central del FBI. También supervisó el equipo de crímenes de cuello blanco en Florida que destapó un esquema multimillonario con los juegos promocionales de una cadena de restaurantes internacional. Añadió que, desde su retiro, Graham - quien es contador público autorizado - ha sostenido varias posiciones de consultoría y de seguridad corporativa. Antes de ser agente del FBI, fue contralor asistente de la corporación “Program Resources Incorporated” y auditor senior de la firma KPMG International, cuya subsidiaria en la isla realiza trabajos de auditorías en agencias del gobierno de Puerto Rico. De mantenerse como OSF, Graham se sumaría a los funcionarios nombrados por el Tribunal Federal para trabajar con la Reforma. Previamente había designado al comisionado especial Alejandro del Carmen, y al monitor federal John Romero, junto con su equipo de trabajo. Besosa informó que, como OSF, Graham cobrará $150 por hora hasta un máximo de $90,000 para el año fiscal y un tope de gastos de viaje de $12,000.