Reservas de los industriales con el alza salarial

La Asociación de Industriales expresó reservas con la medida legislativa que propone crear una comisión independiente —compuesta por representantes de la academia, el sector privado y el sector gubernamental— para analizar y definir una metodología para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico. Mientras, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) reiteró que avala una medida de esta índole siempre y cuando se promuevan esfuerzos “que resulten en la presentación de análisis objetivos y completos sobre los efectos positivos y negativos” que puede implicar un alza al salario de los trabajadores. La discusión del aumento se suscitó ayer en la vista pública del Proyecto de la Cámara 338, de la autoría del representante popular Héctor Ferrer, hijo, en la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes. Georyanne Ríos, portavoz de la Asociación de Industriales, expresó reservas con que la creación de la Comisión para el Aumento al Salario Mínimo sea el mecanismo idóneo para atender el asunto, y recordó que la experiencia con la Junta Revisora para el Salario Mínimo —eliminada en 1998— no fue favorable para el sector empresarial. Exhortó a los legisladores a tomar en cuenta que el sector privado tiene recursos limitados por la pandemia de covid-19, que ha disminuido la inversión de capital privado y que han mermado los ingresos de las empresas. “Según mi entender, en aquel momento la junta no era balanceada ni representativa del sector privado, sino más bien que abogaba por un salario digno de todos los empleados. Claro, el ámbito de aquel entonces no es el mismo al de hoy. Por lo tanto, tengo que decir que en aquel momento no fue favorable”, expresó. Ríos también planteó que la activación de un mecanismo de revisión frecuente del salario mínimo no tiene garantías de que tomará en cuenta la limitación en el crecimiento económico y la capacidad de las empresas locales para asumir tal revisión. El proyecto cameral establece que la comisión estará compuesta por el secretario del Trabajo, el secretario de Hacienda, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. También la integrarían ocho miembros nombrados por el gobernador, de los cuales cinco serán catedráticos en asuntos laborales y económicos y tres representantes del sector sindical, comercial-patronal y el cooperativista. “Realmente, la composición actual entendemos que no está balanceada porque hay muchos representantes de los organismos versus el sector privado”, añadió Ríos. “Quizás en la parte académica siempre debe haber una representación, pero la realidad es que no entienden la realidad ni tienen el ‘expertise’ que tiene el sector privado en los impactos operacionales que implica llevar un negocio... En cuanto al sector privado, quizás a través de la Coalición del Sector Privado pudiera ser bastante representativo porque ellos representan más de 30 industrias”, indicó. Naihomy Álamo, procuradora del Trabajo en el DTRH, sugirió, por su parte, que incluyan dentro del comité al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), postura que fue acogida por los legisladores. “Estamos basados en que ustedes al tomar su decisión no solo de la cantidad del aumento, sino de la forma en que se va a llevar a cabo, pues que lo realicen sabiendo de antemano cuáles van a ser los efectos (en la economía) por esas cantidades y el tiempo que se tome en llegar a la cantidad porque en algunas ocasiones se hace a plazos”, expresó. Insistió en que el DTRH favorece un aumento al salario mínimo porque “el secretario lo ha expresado en un sinnúmero de ocasiones”. “En cuanto a la cantidad y la forma de realizarse, estamos de acuerdo con que debemos unirnos y hacer un estudio objetivo para que se tomen decisiones responsables y que cuando se decida se tomen en cuenta las repercusiones y no sea solamente por establecer un número”, afirmó Álamo. En el transcurso de la vista, Ferrer dijo que se inclina a enmendar la medida para incluir al secretario del DDEC como integrante de la comisión independiente, al tiempo que reiteró que la manera más “responsable” de atender el aumento es mediante la creación de la misma. “Me parece correcto el que se añada y se le dé una silla al DDEC. En cuanto al asunto de presupuesto, entendemos que la medida está clara, pero si es necesario añadirle algún presupuesto a esa comisión se estarán buscando los fondos necesarios porque se necesita hacerles justicia salarial a nuestros trabajadores y proteger la economía”, expresó. Recordó que “ya son más de 10 años que en Puerto Rico no se hace una revisión al salario mínimo”.