Puerto Rico 21 diciembre 2017

Retiro tendrá que pagar intereses de sus bonos

Además, la junta fiscal y Aafaf aceptan entregarle a aseguradora los documentos sobre decisiones del gobierno durante la emergencia por María

En la última vista del año sobre el caso de quiebra del gobierno bajo el Título III de la ley Promesa, la jueza federal Laura Taylor Swain dictaminó que la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) tiene que seguir realizando el pago de los intereses de los bonos de obligaciones de pensiones (POB, por sus siglas en inglés) a sus bonistas, los cuales representan unos $13.9 millones mensuales.

Tras la declaración de insolvencia del gobierno en 2016, la ASR se liquidó y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) se convirtió en el fideicomisario de la misma y de otras agencias gubernamentales.

“La Aafaf estará discutiendo con su equipo de asesores para determinar qué pasos se van a seguir”, expresó ayer a EL VOCERO el representante del gobierno ante la Junta Federal de Control Fiscal, Christian Sobrino.

De acuerdo con el abogado John Mudd, los pagos de intereses se deben continuar haciendo por lo menos hasta que la jueza Swain decida sobre si hay o no un gravamen sobre las pensiones de Retiro.

Swain les dio a las partes hasta el 27 de diciembre para que presenten sus argumentos antes de ella emitir su opinión sobre el gravamen.

Para Héctor Mayol, representante de los retirados en el proceso de quiebra del gobierno y exadministrador de la ASR, el argumento que hacen algunos, incluyendo los jubilados, es que no hay un gravamen sobre el pago de las pensiones, sino que ese dinero que están poniendo ahí para el pago de estas es lo mismo que hacían antes.

“Nosotros diferimos. El sistema de Retiro desapareció, se quedó sin activos, y ya nadie está haciendo aportaciones patronales. Solamente se están haciendo aportaciones personales, de los empleados, hacia un plan que no es un plan de retiro, sino un plan de ahorros. Ahora, cada patrono se ha hecho responsable de pagar las pensiones, tal y como pasó con el caso de quiebra de Washington DC, donde el Congreso dijo que pagaría las pensiones”, indicó Mayol.

Recalcó que la decisión de Swain no es que el gobierno tiene que comenzar a pagar los POB. “Es que había una controversia que se dio antes de la declaración de quiebra del gobierno. Hubo una estipulación entre ASR y los bonistas de los POB, pero hecha por Aafaf, de que se pagaran unos dineros que ya estaban depositados como reserva del pago de intereses, antes de la declaración de la quiebra. Y eso era lo que le estaban pidiendo a la jueza hoy (ayer) para que los pagara. Entiendo que eran tres meses de intereses”, comentó Mayol.

La estipulación indicaba que se hicieran los pagos hasta el 31 de octubre, fecha en que Swain esperaba dejar la controversia resuelta. Pero la llegada del huracán María dilató los procesos de la corte y la ASR realizó un pago de intereses en noviembre al Bank of New York Mellon, responsable de distribuir ese dinero entre los bonistas.

El gobierno, añadió Mayol, quería retirar esos fondos, hacer un “callback” o retiro del dinero pagado, y la jueza le dijo ayer que no, que lo tenía que pagar.

Junta y Ambac llegan a acuerdo

En otros asuntos, el abogado de la junta fiscal en el caso de quiebra del gobierno, Martin Bienenstock, reveló que la entidad federal y la Aafaf llegaron a un acuerdo preliminar con Ambac Assurance para entregarle a la aseguradora un número sustancial de documentos relativos a decisiones tomadas por el gobierno durante la emergencia por María.

En específico, se entregarán documentos sobre la decisión del gobierno de otorgar una exención temporal en el pago del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) hasta el 31 de diciembre, el cual se usa como colateral de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

La sorpresiva noticia la dio Bienenstock durante una actualización a la corte de la situación del gobierno, antes de que la jueza de distrito federal Judith Dein escuchara los argumentos de Ambac, la cual había solicitado una investigación. Se anticipa que para enero se sabrá la decisión a la cual llegaron las partes con respecto a la disputa sobre los bonos de Cofina.

Fecha límite para radicar prueba

Por otra parte, también se estipuló que la fecha límite para poder radicar los “proof of claim” o prueba de reclamo será en mayo próximo, y para ello se va a pasar una moción en enero.

“La junta va a estar recordándoselo a las personas continuamente en inglés y español, y se va a poder radicar por correo, que es importante, porque de otra manera se tendría que hacer electrónicamente”, explicó Mudd.

Hay una posibilidad de extender la fecha, dependiendo si ya hay electricidad en toda la Isla para esa fecha y las partes están abiertas a eso, añadió el abogado.

La jueza Swain dejó para el próximo 10 de enero los demás asuntos que estaban en la agenda, originalmente pautada para atenderse durante dos días (ayer y hoy), sobre varios reclamos de los acreedores.

Fuente: elvocero.com

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