Puerto Rico 02 agosto 2018

Revela irregularidades en San Juan

Empleada municipal explica interioridades de presuntos actos indebidos para favorecer a una compañía y descarrilar pesquisa de la Oficina del Contralor

Tan pronto se hizo pública la demanda federal que presentó la exdirectora de la oficina de compras y subasta contra el municipio de San Juan, inició un supuesto movimiento de destrucción de documentos, reveló ayer una empleada testigo de los hechos.

“Cuando salió en EL VOCERO lo de la demanda de la licenciada Yadira Molina, en la oficina de compras comenzaron a destruir y/o alterar toda evidencia que pudiera incriminarlos. Hacían todo lo posible por despistar a los empleados de la Oficina del Contralor y entorpecer la investigación”, afirmó la empleada, quien pidió a este medio proteger su identidad por temor a represalias. En julio de 2017, la Oficina del Contralor intervino en varias oficinas del municipio.

En su demanda, presentada el pasado 12 de febrero, la licenciada Molina sostiene que fue objeto de presuntas represalias tras informar supuestos actos de corrupción en el que se destacaba un esquema que involucra a la alta gerencia municipal para favorecer a la empresa BR Solutions.

Según la fuente, dos empleados utilizaron una trituradora para destruir documentos, así como también eliminaron y añadieron hojas de los expedientes de las compras y subastas adjudicadas a BR Solutions “con el propósito de destruir evidencia que pudiera inculpar a Magdiel Pérez y despistar al personal de la Oficina del Contralor, obstaculizando la investigación. Esto se hacía después de las 4:00 p.m. y se dedicaban a tiempo completo a ello”.

Pérez es el secretario de la Torre Municipal y fue mencionado en la demanda radicada por Molina. De acuerdo a la demanda, el 27 de enero de 2015, Pérez celebró una reunión con todos los compradores del ayuntamiento en la que les informó que se iba a seleccionar a un solo suplidor para la remodelación de los baños del Estadio Hiram Bithorn.

Buscan en las computadoras

La fuente señaló que hace dos meses, directivos de la oficina han solicitado la contraseña personal a los compradores y a otros empleados para acceder a la información que hay en las computadoras.

“Una vez entran a la computadora, aprovechan que están adentro para acceder a los emails buscando algo que pueda ser en contra de la demanda de la licenciada Molina y todo lo que ayude a Magdiel a salir bien en la investigación. La orden es encontrar todos los emails que Molina le envió a todos los empleados”, agregó la fuente. Asimismo, denunció que los supervisores se negaron a entregar a la Oficina del Contralor el expediente completo -2017-002- de una subasta adjudicada a BR Solutions para la adquisición de puertas y ventanas.

De otro lado, señaló que luego del allanamiento efectuado por la Oficina del Contralor, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz sostuvo una reunión con los compradores en el piso tres, en la que estuvo presente Pérez.

“Creíamos que iba a ser una reunión solo con los compradores, a solas con la alcaldesa. Creíamos que ella iba a estar indignada por lo que se sospechaba de Magdiel y que ella venía a escucharnos. ¿Con qué propósito ella reúne a los compradores en presencia del que investigan por corrupción? Nos sentíamos secuestrados, acorralados. Entendimos que definitivamente la reunión fue para intimidarnos”, relató.

Observó que a partir de 2013, BR Solutions, compañía propiedad de Leonel Pereira, se inició un esquema para supuestamente favorecer al empresario y que el mismo fue gestado por Pérez. Fuentes de EL VOCERO afirman que Pereira es investigado por las autoridades federales. Este ha reiterado que no ha incurrido en actos ilegales.

La empleada relató que en el 2014 se le asignó a la División de Compras y Subastas la adquisición de los materiales para las brigadas de ornato y mantenimiento. Explicó que se solicitaban tres cotizaciones para seleccionar la mejor propuesta. Según ella, dependiendo de la complejidad de los materiales, este proceso podía tardar varios días.

Describe uno de los trucos

“Llamaban a Leonel para que preparara un listado de todos los materiales y equipos que se necesitaran para el proyecto de turno. Leonel no solo le preparaba la lista, sino que preparaba su cotización. Una vez que Leonel tenía la cotización hecha en su computadora, le enviaban la solicitud de compra a Magdiel con una anotación de que lo que se iba a comprar tenía que estar listo ‘en o antes de las 12 del mediodía del próximo día laborable’. Magdiel a su vez, le entregaba la solicitud en la tarde al director de compras, muchas veces faltando poco para las 4:00 p.m.”, narró.

Expresó que de esa manera se creaba un escenario de histeria y desespero, sometiendo a los compradores a una enorme presión. Dijo que estos hacían esfuerzos extraordinarios para que el proyecto de la alcaldesa quedara bien y a la vez, evitar ser sancionados por Pérez.

“El propósito de fabricar esta falsa urgencia era para que cuando el comprador solicitase cotizaciones a los suplidores, a estos se les hiciera imposible por el factor tiempo y adjudicarle la compra al único suplidor que cotizó, BR Solutions, debido al ridículo tiempo de la fecha de entrega”, apuntó.

“A veces llegaban al extremo de que Magdiel entregaba la solicitud de compras junto con la cotización de BR, lo que es completamente ilegal. Esto pasó con dos exsupervisores, quienes se la entregaban al comprador con instrucciones específicas de parte de Magdiel, que la orden de compra tenía que salir ese mismo día, con esa única cotización”, detalló.

El VOCERO solicitó una reacción al ayuntamiento capitalino y su portavoz de prensa, Carmen Serrano expresó “la política pública del Municipio de San Juan es que no hacemos comentarios sobre casos sometidos ante los tribunales o bajo investigación”.

Fuente: elvocero.com

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