Revive petición para derogar la Ley 80

El gobernador Ricardo Rosselló optó ayer por revivir la petición a la Asamblea Legislativa para derogar la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80 de 1976). A esos efectos, convocó la Legislatura a una sesión extraordinaria que iniciaría hoy y se extendería hasta el 22 de este mes, en lo que denominó como “un intento adicional” para hacer cumplir el acuerdo al que había llegado con la Junta Federal de Control Fiscal para la eliminación del referido estatuto a cambio de evitar severos recortes en el presupuesto gubernamental. La medida para eliminar la mesada a los empleados despedidos sin justa causa se consideraría junto a otros tres proyectos, incluido uno para aumentar los pagos por desempleo. Tras el intento fallido por derogar la Ley 80, la junta federal alteró y certificó el plan fiscal del gobierno para que reflejara una disminución de $250 millones en los recaudos en comparación con el presupuesto aprobado por la Legislatura. La versión certificada refleja también un aumento de $49 millones en los gastos. Los cambios introducidos por el ente fiscal plantean la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos y menos dinero para que el gobierno implemente medidas que formaron parte de su promesa de campaña, como el Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés). Además, deja fuera la posibilidad de que la reforma contributiva entre en vigor este año. Cerca del mediodía, Rosselló anunció que había convertido en ley el proyecto de presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa en lugar de firmar la versión que había certificado el ente fiscal. Sin embargo, rápidamente comunicó: “Lamentablemente, me temo que queda solamente como un acto simbólico”. La postura del primer ejecutivo es que entrar en litigios y desafíos abiertos con el ente impuesto por el gobierno federal resultaría en pérdida de dinero, mayor postergación de los acuerdos para reestructurar la deuda pública y malestar de parte del Congreso. Anteriormente, el mandatario ha anticipado que considera probable que el tribunal de quiebras le dé la razón a la junta fiscal por los poderes amplios que le otorga la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) para imponer su presupuesto. “El rechazo al acuerdo con la junta nos coloca en el camino del caos y el litigio con controversias que pueden resultar en la pérdida de empleos”, expresó más tarde en un mensaje televisado, en el que anunció la convocatoria a la sesión extraordinaria para atender varias medidas de administración. Problema de disponibilidad Rosselló describió la movida como “un esfuerzo para agotar todos los recursos”, pues confesó horas antes, a preguntas de EL VOCERO, que no había discutido con los miembros de la junta ni con los senadores la viabilidad de que se apruebe el acuerdo en esta ocasión. De hecho, el secretario del Senado, Manuel Torres, le certificó dos horas antes de su mensaje, mediante comunicación escrita a La Fortaleza, que más de diez senadores no estarían disponibles para efectos de establecer quorum, debido a compromisos previos. El quorum se establece en el Senado con 16 senadores y en la Cámara con 26 representantes. “El gobernador no se comunicó para informarnos que haría esa convocatoria... El gobernador estaba advertido de antemano. Yo estaré allí, pero si no hay quorum no puedo atender las medidas como es mi deseo”, reaccionó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en una entrevista radial (NotiUno). Rivera Schatz agregó: “En el gobierno la gente no puede obstinarse... La gente no puede obligar a los demás a actuar conforme a su criterio”. Otras medidas Además del proyecto de ley para derogar la Ley 80 con las enmiendas sugeridas por el senador Miguel Romero para establecer una serie de pagos fijos en caso de despido injustificado, la orden ejecutiva del gobernador incluye tres medidas adicionales: la reforma contributiva, un proyecto para permitir a los municipios establecer planes de pago con las corporaciones públicas y agencias de gobierno y un proyecto para aumentar el beneficio por desempleo. Rosselló anunció que según discutido con el Departamento de Trabajo federal, el pago por desempleo aumentará de $133 semanales a $190 para este año fiscal y hasta $240 a la semana para el año fiscal 2020.