Ricardo Rosselló apuesta al retiro voluntario

La administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares afina los detalles de un programa de retiro voluntario con miras a achicar el tamaño del gobierno y expresa la intención de promover una transición de empleados públicos al sector privado. La divulgación de la iniciativa surge a días de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) emita una determinación sobre la posible reducción de la jornada de trabajo de los empleados públicos y, por consiguiente, del salario que devengan; el recorte o eliminación del bono de Navidad, o ambas, para alcanzar los ahorros que requiere la JSF para el vigente año fiscal. En entrevista con El Nuevo Día, Rosselló Nevares explicó que el denominado “Programa de Transición Voluntaria” proveerá para que un empleado salga con el pago de su salario por el resto de este año fiscal como incentivo. El mandatario, quien no precisó cuántos empleados públicos podrían cualificar para este programa, indicó que entre los requisitos está que el interesado no ejerza funciones esenciales en el gobierno, porque, cuando se concrete la salida del trabajador, su plaza se cerrará. “Es una colaboración que se ha estado desarrollando entre distintas entidades de nuestro gobierno para permitirle a ese empleado que tenga una serie de alternativas para integrarse, ya sea al sector privado, las compañías sin fines de lucro o a otros, o que pueda desarrollarse en términos de su educación”, manifestó Rosselló. Explicó que, a cambio -y de forma mandatoria-, el empleado deberá cumplir con alguna de las siguientes opciones: registrarse en un banco de talento que estará accesible a las empresas privadas para reclutamiento, acogerse a una de las iniciativas del Departamento de Desarrollo Económico para crear una empresa propia, iniciar o completar un grado universitario o certificación, trabajar o certificarse en organizaciones sin fines de lucro, ofrecer trabajo voluntario en las agencias o asumir, desde la empresa privada, programas que hoy realiza el gobierno. Para la primera opción, Rosselló prometió la concesión de iniciativas e incentivos para el sector privado que redunden en el reclutamiento de los empleados salientes. Pero no ofreció detalles de qué ofrecería a las empresas. Por otra parte, indicó que “se va a crear una serie de iniciativas puntuales donde vamos a estar fomentando y dando una serie de instrumentos a estos ciudadanos para que puedan entrar en distintas oportunidades de creación de empresas, en objetivos o apuestas estratégicas de nuestra administración para fomentar el desarrollo económico”. Asimismo, Rosselló dijo que se trabajan acuerdos colaborativos con la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones académicas privadas para cumplir con el ofrecimiento educativo promovido en el Programa de Transición. “A veces no hay que ir a la universidad, lo que hay que buscar son unas plataformas puntuales para desarrollo profesional en distintas áreas. Aquí vemos la colaboración con las corporaciones sin fines de lucro para que puedan proveer esos servicios y esa educación”, abundó. De acuerdo con el funcionario, con ese proyecto también se promueve la privatización en el gobierno. “Estamos desarrollando mecanismos para que los propios empleados que quieran hacer esa transición fuera del gobierno se puedan empoderar, bien sea en organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, para que puedan llevar algunos de los programas que ahora residen en el gobierno, algunos programas hasta con fondos federales”, indicó. Impacto económico A juicio del gobernador, la iniciativa no afectaría negativamente la economía y redundaría en un “impacto fiscal neto” de $1,000 millones en 10 años. Estimó que la “ventana” abrirá a finales de agosto y permanecería vigente hasta junio de 2018, el final de este año fiscal. La iniciativa entraría en vigor año y medio después del Plan del Programa de Preretiro Voluntario aprobado por el pasado gobierno con la Ley 211 del 8 de diciembre de 2015. Anteriormente, la Ley 7 del 2009, del exgobernador Luis Fortuño, también tuvo el fin de reducir el tamaño del gobierno aunque nunca quedó claro cuántos empleados salieron de ese sector. Más allá de que la plaza no sea una de servicios necesarios, el gobernador no pudo ofrecer otros detalles sobre los requerimientos que se impondrían a los empleados que busquen acogerse al Programa de Transición. Tampoco dio detalles de los incentivos que su administración proveerá al sector privado para promover el reclutamiento ni de los términos de los acuerdos colaborativos con la UPR y otras universidades. En cambio, Rosselló Nevares explicó que su equipo fiscal se mantiene en reuniones y que, en las “próximas semanas”, tendrá un cuadro más claro sobre la implementación de la propuesta y contarán con una proyección de cuántos empleados podrían cualificar. El mandatario insistió en que, contrario a la reducción de jornada laboral ponderada por la JSF, el llamado Programa de Transición es voluntario y no tendría un gran impacto macroeconómico. “Me reitero en que (la reducción de la jornada) no es necesaria y que estamos cumpliendo con el plan fiscal. Amparado en la (sección) 205 del proyecto PROMESA, una iniciativa como esa no puede ser dirigida directamente por la JSF. Tendría que ser consultada con el gobierno de Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico la rechaza o la acepta. Ya yo he establecido que estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer necesario para que se cumpla la ley en ese contexto”, indicó. Lanzan advertencia La presidenta de la Cámara de Comercio (CCPR), Alicia Lamboy-Mombille, y la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos (ABPR), Zoimé Álvarez Rubio, advirtieron ayer por separado del impacto adverso que tendría una reducción de jornada laboral en la economía del país. “Una reducción en la jornada laboral de los servidores públicos ocasionará una merma en sus ingresos que causará un efecto cascada adverso a miles de familias, así como a toda la economía de Puerto Rico. Esto agravará la depresión económica que hemos venido experimentado en la pasada década”, alertó la presidenta de la Cámara de Comercio en un comunicado de prensa. La sección 20 de la Resolución Conjunta (RC) 187 de presupuesto, certificada por la JSF, establece que, si las medidas puestas en vigor “no generan una cantidad de ahorros de efectivo y presupuestarios suficientes para cumplir con las proyecciones de ingresos y gastos”, la legislación quedará enmendada para que el gobierno reduzca de manera “proporcional” la jornada laboral o el bono de Navidad o “ambas reducciones”. “Dicha reducción o reducciones deberá ser igual a la variancia negativa en los recaudos o gastos”, reza la disposición. Pero Rosselló espera que esas medidas no se apliquen. “Si llega el punto de que, a pesar de que estamos cumpliendo, a pesar de que es una iniciativa negativa para el desarrollo económico y que uno de los objetivos de PROMESA es desarrollar la economía… se sigue en esa ruta, yo voy a seguir todos los foros pertinentes, incluyendo los tribunales”, aseguró el mandatario. “No creo que tenga que llegar a eso. Apelo a la sensatez, al espíritu racional de la Junta”, agregó.