Rivera Schatz cuestiona constitucionalidad de la nueva oficina

El ordenamiento establecido por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) establece para quién, dónde y cómo deben manejarse los fondos desembolsados para la recuperación tras un desastre natural. El documento denominado National Incident Management Systems (NIMS) establece y define todo el procedimiento para que sea uniforme. Indica que, tras un desastre, FEMA trabaja con el estado o territorio afectado que, a su vez, debe establecer toda una cadena de mando para el manejo del evento catastrófico desde el comienzo de la emergencia y, por supuesto, incluye el proceso de rehabilitación. Pero esto no lo recoge la creación de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico (OCRR), que fue cuestionada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por entender que altera el balance constitucional. El NIMS fue creado tras la emergencia provocada por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, Washington DC y Pennsylvania. En medio de esa emergencia se descubrió que no había uniformidad entre las respuestas de policías y bomberos. El NIMS establece que las agencia dedicadas al manejo de desastres, en el caso de Puerto Rico es la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), es la que trabaja con FEMA y se establece una cadena de mando que incluye al representante autorizado del gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) y al oficial coordinador estatal (SCO, en inglés). La OCRR, creada mediante orden ejecutiva (OE 2017-65), se plantea por encima tanto del GAR como del SCO. Establece que la nueva oficina va a “coordinar y colaborar con el SCO y el GAR para asistir a ambos en la ejecución de sus respectivas responsabilidades y evitar la duplicidad de esfuerzos”. El gobernador Ricardo Rosselló dijo que la nueva dependencia obedece a “una cuestión de logística, de diseño y de ejecución y colaboración”. Reconoció que no es una petición del gobierno federal. “Es una acción nuestra proactiva”, dijo ayer, sin indicar quién estaría a cargo de la oficina. La directora de la División de Infraestructura de FEMA, Ana Morales, dijo ayer en entrevista telefónica con El Nuevo Día que no conocía ningún precedente, en una situación de emergencia, de una oficina con el poder y las tareas asignadas por Rosselló a la OCRR. “No tengo conocimiento de eso”, afirmó Morales, quien ha trabajado en múltiples emergencias, incluyendo los huracanes Katrina y Sandy. “El Programa de Asistencia Pública es un proceso bastante estándar”, dijo en referencia a los procesos que se siguen tras catástrofes como la que vivió Puerto Rico. Explicó que FEMA y el GAR revisan toda la documentación con reclamaciones de daños y que, luego, se proyecta un costo. Una vez se determina que procede un desembolso, se remite el dinero al GAR. Sostuvo que, en el caso de Puerto Rico y tras la emergencia del huracán, el GAR es la Oficinade Gerencia y Presupuesto, dirigida por Iván Marrero. El GAR coloca cada desembolso en cuentas independientes a las que puede acceder el solicitante de fondos por daños, sostuvo Morales. “Cada proyecto es individual y tiene un número que le asignamos, y cada uno tiene su número de cuenta”, precisó. “OGP es el grantee (que recibe la subvención) y tienen la función de administrador del grant (la subvención)”, agregó. Bajo la orden de Rosselló, la OCRR tiene poderes extraordinarios puesto que se encargará de planificar, administrar, tramitar y supervisar todos los pagos de reconstrucción pagados con fondos estatales o federales tras el huracán María. Tiene la capacidad de aprobar o derogar reglamentos, políticas de auditoría y establecer su propio proceso de ética gubernamental. La oficina estaría bajo la titularidad de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. “Ellos (el gobierno) están trastocando toda esa formación de respuesta de atención a la emergencia”, indicó el exdirector de la AEMEAD, Miguel Ríos, quien indicó que, con el decreto de Rosselló, esa agencia queda relegada. Ante ese escenario y horas después del anuncio de su creación, el presidente del Senado opinó a través de una declaración colgada en sus cuentas de redes sociales que la orden ejecutiva “adolece de serias y graves deficiencias jurídicas de naturaleza constitucional”. “En dicha orden, pretende atribuirse al Ejecutivo facultades y responsabilidades inherentes de la Asamblea Legislativa y, en algunas instancias, de la Rama Judicial”, dijo Rivera Schatz. “La idea de concentrar , de forma ilimitada, sin controles ni fiscalización adecuada el poder decisional; la asignación de presupuesto; la creación de dependencias; el otorgamiento de contratos; reglamentación; política pública en una sola rama de gobierno es totalmente incompatible con nuestra constitución”, abundó. Preguntado sobre las declaraciones del líder senatorial, el gobernador dejó la puerta abierta para el diálogo y rechazó que pretenda tener control. “Esta no es una oficina que va a controlar los fondos. Es como si fuera un colector singular para facilitar el proceso de tantos recursos que vienen”, sostuvo. Aseguró que, si los fondos van dirigidos a un municipio, se le entregarán. Dijo que en Luisiana se estableció este mecanismo, al igual que en Nueva York y Nueva Jersey. Pero la orden ejecutiva dice en su inciso C que la OCRR “determinará prioridades y adoptará guías para el uso y desembolso de dichos fondos”. Justificó la orden indicando que era necesario “tener un andamiaje, al igual que lo tenemos con el GAR”. “Dicho sea de paso no es muy diferente de lo que ocurrió con los Fondos ARRA en Puerto Rico. Esto fue para la administración de Luis Fortuño, donde se estableció una agencia que era AFI (Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura)”, aseveró.