Se asoman más arrestos federales por crimen ambiental en Bahía de Jobos

Según el pliego acusatorio, Bones Torres es chofer de camión y opera equipo pesado del usado en la construcción y desarrollo de terrenos, y estaba ocupando una propiedad al sur de Camino de Galileo, en Las Mareas, adyacente a la bahía.

Mientras que el pliego acusatorio de Rodríguez Sánchez sostiene que ocupaba una propiedad en la calle principal de Las Mareas y es dueño de una cantera y del equipo pesado que se utiliza para mover material en el lugar.

Los contratistas enfrentan los mismos cargos: entre enero del 2020 y 2022, se les acusa de verter contaminantes —específicamente tierra y material de relleno— en aguas de la Bahía de Jobos, sin obtener permiso como exige la Ley federal de Aguas Limpias. El segundo cargo los coloca construyendo estructuras en el área entre enero y agosto del 2022, sin autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, en violación a la Ley de Ríos y Puertos.

Ambos fueron arrestados y de ser declarados culpables, podrían enfrentar cuatro años de cárcel, así como multas y medidas cautelares para eliminar las estructuras, según Muldrow.

A preguntas de la prensa, el fiscal federal planteó que para efectos de la investigación no tienen que demostrar que los acusados son dueños de los terrenos donde se hizo el movimiento de tierra, aunque tampoco descartó que lo fueran.

El funcionario evadió informar si están investigando a otras personas o agencias de gobierno, por haber otorgado permisos de agua y luz para las residencias que fueron construidas ilegalmente y sobre terrenos protegidos.

“¿El gobierno local es inmune a esta investigación?”, preguntó un periodista.

“Nadie está por encima de la ley”, respondió el fiscal federal, quien agregó que en esta etapa de la investigación, es probable que pronto se radiquen más cargos.

“Si una persona decide cooperar con nosotros, nosotros siempre vamos a tomar eso en consideración”, señaló Muldrow.

Arrestos para la foto

En declaraciones a EL VOCERO, el líder comunitario de Las Mareas, Luis Antonmarchi, no se expresó satisfecho con los arrestos.

“Entiendo que para que se vea la foto linda, cogen a la gente de la comunidad para decir que se hizo justicia. Verdaderamente no es justicia, porque ahí todos saben que hay políticos envueltos y hay mucho encubrimiento, mucho más de lo que se sabe. Ellos (los contratistas arrestados) no son nada comparados con los que realmente generaron el impacto ambiental”, afirmó.

“No justifico cualquier daño ambiental, pero verdaderamente entiendo que los verdaderos protagonistas no están allí. Hay mucho más poder ahí; lo que yo veo es una sábana para tapar la cosa y decir que se está haciendo justicia”, agregó Antonmarchi.

Según el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, “la destrucción ambiental en Las Mareas es significativa, y sorprende cuán poco diligente y oportuno ha sido el gobierno local —especialmente lo que es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Justicia y la División de Seguridad Pública— que tuvieron todos estos asuntos ante su consideración desde hace años y, sin embargo, no intervinieron”.

“Creo que aquí hemos visto un asunto escandaloso, porque se intervino sobre sistemas naturales, se ocuparon bienes de dominio público, ha habido una destrucción de mangles y depósito de relleno y había quema de mangle por la noche, y todo a la vista de todo el mundo y no se hizo nada”, reclamó el arquitecto.

Añadió que la “gran ausente ha sido la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien tuvo conocimiento y esto ha sucedido en sus narices, y no actuó”.

Cardona apuntó a que los contratistas arrestados son intermediarios y “hacían acarreo y depósito de material de relleno”.

“¿A quién respondían? ¿Quiénes los contrataron para hacer estos servicios para promover esta destrucción? ¿Qué consecuencias va a tener esto de cara al futuro?”, cuestionó.

Expuso que la situación de Salinas se repite en la zona de La Parguera, en Lajas, donde “si bien la explosión en cuanto al desarrollo y destrucción de esta área comienza para el 2007, realmente el impacto grande surge a partir del 2016”.

Explicó que el daño empeoró con el huracán María, en 2017, porque dio paso a que los desarrolladores pudieran aprovechar la emergencia climática para ampliar el área de impacto.

Los arrestos “son un buen primer paso, pero también queremos ver consecuencias”, puntualizó Cardona.

Pendientes a las investigaciones

El secretario de Justicia, Rolando Emmanuelli, aseguró en declaraciones escritas que “las autoridades locales y federales continuamos colaborando y trabajando coordinadamente para procesar los delitos que se hayan cometido” en Bahía de Jobos.

“La Fiscalía federal iniciará los procesos que surjan en la jurisdicción federal, mientras Justicia actuará en cuanto a aquellos delitos que se fundamenten en las leyes estatales”, informó Emmanuelli.

Sobre la investigación criminal que realizan en la Bahía de Jobos, informó que “continúa su curso de manera exhaustiva y rigurosa para presentar los cargos que se puedan probar más allá de duda razonable y ponerle punto final a lo que a todas luces parece ser un atropello a los recursos naturales que le pertenecen al pueblo puertorriqueño”.

Al inicio la investigación indagaba sobre la invasión de terrenos, pero la han extendido a otros delitos, incluyendo el ambiental.

Reaccionan a los arrestos

La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y una de las funcionarias más vocales contra los crímenes ambientales, destacó que estos arrestos son el resultado de la lucha colectiva.

“Para destapar el entuerto de la Reserva Estuarina muchas personas tuvieron que trabajar y ocuparse del asunto, tanto la comunidad científica como la que ha ocupado históricamente ese espacio, y muchos grupos y personas que empezaron a hacer ruido para llamar la atención de las instancias gubernamentales”, expresó.

Para Nogales Molinelli, los arrestos son un acercamiento a este caso y “vamos a ver que se va a ir resolviendo, y así como ha ocurrido en Jobos, ha ocurrido en otros espacios, como en el condominio Sol y Playa, en Rincón; en la Cueva Las Golondrinas, en Aguadilla y próximamente esperamos acciones adicionales en la Cueva del Indio, en Arecibo”. “En cada espacio donde los criminales ambientales están haciendo de las suyas vamos a ver que el pueblo está pendiente y ha desarrollado una visión ambientalista y le está exigiendo a las agencias que tomen acción”, afirmó.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi indicó por escrito que “me consta que la secretaría de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, está cooperando plenamente con la fiscalía federal en los esfuerzos para hacer cumplir las leyes ambientales como debe ser”.

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, señaló que estaba complacida con los arrestos.

Reacciona el DRNA

Por su parte, la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Anaís Rodríguez, dijo que el arresto y acusación de dos contratistas no es otra cosa que el esfuerzo colaborativo entre agencias estatales y las distintas agencias federales que asumieron jurisdicción en el asunto.

La funcionaria aseguró que con esta acción se está llevando un mensaje de que habrá consecuencias para aquellas personas que dañen el medioambiente.

“Aquí hay un mensaje claro y contundente de ambas entidades de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias a todas aquellas personas que violenten alguna ley ambiental. Ha llegado el momento de ser proactivos y que todas aquellas personas que lo violen sepan que hay consecuencias y las consecuencias son serias”, afirmó en un aparte con EL VOCERO mientras supervisaba el traslado de varios animales exóticos desde el zoológico de Mayagüez a distintos santuarios en Estados Unidos.

Según Rodríguez, estas acusaciones son apenas “el comienzo” de acciones posteriores y dijo que espera que sirva de disuasivo para todas aquellas personas que deciden de manera inescrupulosa violentar las leyes y reglamentos ambientales.

Mientras, no descartó que haya nuevos arrestos a nivel local.

Ante la magnitud del daño y la extensión de la invasión de construcciones ilegales, este medio cuestionó si los puertorriqueños podrán volver ver algún día la reserva en su estado natural.

“Te lo aseguro, ya hemos firmado un acuerdo… para que comiencen los procesos de restauración. Esto no significa que las personas que construyeron van a quedar impunes… sino que estamos tomando todos los pasos necesarios y buscando los recursos necesarios para volver a restaurar nuestro ecosistema y esa área impactada”, declaró.

FUENTE: elvocero.com